La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras se reúne hoy en Ciudad Real con afectados por el caso Volkswagen

La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), entidad nacional creada con el objetivo de defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras, se reúne hoy martes 8 de marzo en Ciudad Real con afectados por el escándalo de los motores diésel de Volkswagen.

El encuentro se celebrará a partir de las 7 de la tarde en el Hotel NH Ciudad Real y está abierto a propietarios de vehículos Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, afectados por el fraude de control de los gases contaminantes. La entrada es libre hasta completar aforo. Previamente al encuentro con afectados por el caso Volkswagen, la APDEF se reunirá a partir de las 6 de la tarde con afectados por productos financieros tóxicos.

Más de un millar de personas se han puesto en contacto con la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras exponiendo su caso e interesándose para personarse conjuntamente con la asociación en la querella criminal que la entidad presentó a finales de octubre contra Volkswagen, SEAT y 24 de sus máximos directivos por estafa, publicidad fraudulenta y un delito contra el medio ambiente. De estas personas, un centenar de afectados de toda España ya se han adherido a la querella y cerca de una treintena han optado también por la vía civil para demandar a Volkswagen y reclamar al consorcio alemán una indemnización por daños y perjuicios.

La APDEF presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra el consorcio alemán, SEAT y 24 de sus máximos directivos. La querella, que propició la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional, recoge que Volkswagen habría hecho publicidad engañosa de sus vehículos al haber emitido “publicidad falsa sobre las características contaminantes de sus vehículos señalando que se cumplía con la normativa europea de emisiones (Euro 5 y Euro 6) y que estos automóviles serían eficientes desde el punto de vista de las emisiones contaminantes”.

Sobre el delito medioambiental, en el documento se recuerda que, según las leyes españolas, “será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial (…) quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas”.

Y sobre el delito de estafa, la maniobra de Volkswagen AG, Volkswagen y Seat se demuestra por el “engaño”. La empresa “Volkswagen introdujo el programario en los motores de estos vehículos porqué, en el momento de realizar los ensayos de mediciones en servicios técnicos para obtener la homologación, estos cumplieran con la normativa Euro 5 sobre las emisiones de gases contaminantes”, como recoge la querella.

El presidente de la APDEF Francesc Garcia Rafanell considera que con el fraude articulado por el consorcio alemán “nos encontramos ante un nuevo caso de abuso a los consumidores, como en su día hicieron los bancos con los productos financieros tóxicos”. Según Rafanell, “a los conductores de estos vehículos manipulados se les engañó vendiéndoles unos vehículos con unas características que no se correspondían con la realidad y, por tanto, están en su derecho de reclamar el importe de la reclamación del vehículo y solicitar una indemnización por daños y perjuicios e incluso requerir la rescisión del contrato de compraventa del coche”.

De esta forma, los particulares afectados que quieran reclamar a Volkswagen pueden hacerlo a través de dos vías: la penal, sumándose a la querella criminal, y a la civil, reclamando el importe que les supone el fraude. La querella se ampliará también a los propietarios de vehículos con motores gasolina de Volkswagen que, según se confirmó el gobierno alemán, emiten también fraudulentamente.

Además, la APDEF defenderá también los intereses de los accionistas que hayan comprado acciones de la marca en los últimos 5 años. En este caso, la demanda se presentará ante los tribunales alemanes y los accionistas reclamarán daños y perjuicios a la empresa por la pérdida de valor de las acciones de Volkswagen en la bolsa.

Previamente al encuentro con afectados por el caso Volkswagen, la APDEF se reunirá a partir de las 6 de la tarde con afectados por productos financieros tóxicos.

Sobre la APDEF en Ciudad Real

La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras gestiona en Ciudad Real más de un centenar de demandas de asociados ciudadrealeños afectados principalmente por la compra de acciones de Bankia durante su salida a Bolsa en Julio de 2011. En dicha ciudad, la APDEF también representa a afectados que en su día adquirieron preferentes también de Bankia, y en menor medida por cláusulas suelo.
La representante de la APDEF en Ciudad Real, Mª Ángeles Pinaglia explica que hasta la fecha “la Justícia ha dado la razón a todos nuestros asociados ciudadrealeños. Absolutamente todos los que han reclamado por la vía judicial el dinero que invirtieron en estos productos bancarios que fueron mal comercializados por la banca, recuperarán sus ahorros”.

En total, la APDEF reclama que se devuelva a sus asociados ciudadrealeños 880.000 euros que en su momento invirtieron en estos productos tóxicos. Hasta el momento, la entidad ha conseguido el 100% de las sentencias favorables a sus socios, con condena en costas a Bankia.

Sobre la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras

La APDEF fue la primera asociación de afectados del estado que reclamó a Bankia por la venta de acciones, consiguiendo que la entidad restituyera extrajudicialmente el 100% del valor de estas acciones a más de setenta de los sus socios, con un valor de 1,4 millones de euros.

La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras cuenta con más de 6.500 socios en todo el territorio español y actualmente tiene abiertos más de 5.500 procedimientos en los juzgados españoles contra diferentes entidades financieras por valor de 120 millones de euros y ya ha recuperado cerca de 58 millones de euros en sentencias estimatorias. Hasta la fecha, se han resuelto favorablemente 2.600 casos.

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