El Gobierno de Catilla-La Mancha está recabando las diferentes ideas y propuestas de las organizaciones agrarias, las comunidades de regantes y los grupos ecologistas con el ánimo de incorporarlas al recurso que presentará al plan de cuencas aprobado recientemente por el Ejecutivo central.
Con este fin se han reunido esta mañana en Ciudad Real el director-gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, el director general de Desarrollo Rural, Nicasio Peláez, y la delegada provincial de la Junta en esta provincia, Carmen Olmedo con los interlocutores de agricultores, regantes y ecologistas.
Un recurso contencioso-administrativo contra los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura porque, tal y como ha defendido Luengo, “esta región no puede seguir siendo la damnificada en todos los planes hidrológico”, al asegurar que, pese a tener agua, Castilla-La Mancha está limitando sus posibilidades de desarrollo socio-económico como consecuencia de los continuos trasvases que crean la riqueza en otras regiones.
Plan de cuenca “cicatero”
En el encuentro de esta mañana se ha abordado principalmente el plan de cuenca del Guadiana por ser el que afecta de lleno y de forma negativa a la provincia ciudadrealeña. Tanto que el máximo responsable de la Agencia de Agua de Castilla-La Mancha lo ha calificado de “muy cicatero” porque en ningún caso resuelve tanto los problemas que tiene en cuanto a determinación de masas de agua como de determinación de dotación de agua.
A ello, Luengo ha añadido que con dicho plan de cuenca del Guadiana no se da solución a los problemas de abastecimiento de las poblaciones ni a los que tienen los agricultores con el agua, como tampoco a las incidencias medioambientales.
Prorrogar el Plan del Alto Guadiana
Sobre ello se ha pronunciado de forma más concreta el director general de Desarrollo Rural, al resaltar dos elementos fundamentales del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). Por un lado, Peláez ha defendido la necesidad de prorrogar este plan hasta el año 2021 para lograr que el estado de las aguas tanto en cantidad como en calidad sea óptimo, y, segundo, poder regularizar los expedientes de los agricultores de la zona –quedan 1.700 pendientes-, fundamentalmente los relativos a cultivos leñosos y a explotaciones prioritarias. Eso sí, Peláez ha subrayado que para ello es crucial que el Centro de Intercambio de Derecho de Agua tenga la dotación económica suficiente.
Por su parte, Olmedo ha manifestado que la postura clara de la Junta en contra de los planes de cuenca se debe a que “perjudican claramente a Castilla-La Mancha”, razón por la que apuesta por la unidad de acción de todos los agentes implicados en la configuración hidrológica, en este caso de la provincia de Ciudad Real, para defender los intereses en una cuestión tan importante para la región como es el agua.
El recurso contencioso-administrativo que interpondrá el Gobierno de Castilla-La Mancha a los planes de cuenca en el Tribunal Supremo se formalizará antes de la fecha límite del 19 de marzo.
