La Plataforma ciudadana “Sí a la tierra Viva” ha enviado a los ayuntamientos afectados una moción para su debate y aprobación en el pleno, instando a la Junta de Castilla-La Mancha al archivo definitivo de las 10 concesiones de minas de tierras raras en la provincia de Ciudad Real.
Desde el año 2013 se han otorgado 10 permisos de investigación en la provincia de Ciudad Real que afectan a cuatro de las cinco comarcas de la provincia: La Mancha, Montes de Norte, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, así como a los municipios: Navas de Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares,Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan Abad, un total de 27.500 hectáreas.
Según la plataforma, «los permisos han sido concedidos sin haber sido consultados los ayuntamientos, los sectores productivos básicos relacionados con las actividades agropecuarias o los ciudadanos. La Junta de Castilla La Mancha ha concedido un verdadero plan de espaldas a los ciudadanos y sus instituciones representativas».
La Plataforma afirma que la actividad minera de las tierras raras «va a poner en riesgo el modelo agropecuario de calidad, marca y prestigio de las producciones de las comarca de la Mancha afectadas por los permisos yaque asociarían en los mercados nacionales e internacionales nuestros productos con un lugar donde se desarrolla una minería peligrosa y contaminante».
«El consumo de agua previsto en una de las solicitudes de actividad de explotación, la situada en los municipios de Torrenueva y la Torre de Juan Abad, es de más de 300.000 metros cúbicos al año del pantano de la Cabezuela que inicialmente la Confederación hidrográfica ha denegado. El vertido a los acuíferos de las balsas de decantación, una vez se utilice en el lavado de la tierra en busca del mineral, hacen que el proyecto minero sea inasumible por los consumos de agua y los posibles vertidos que puedan contaminar nuestro recurso más preciado, el agua», sostiene.
«El proyecto», prosigue, «conllevaría además un infierno de ruido, polvo y contaminación lumínica durante 24 horas en la planta de tratamiento, en la medida que tienen previsto funcionar las 24 hora durante 5 días a la semana». «A todo ello hay que sumar que la fiscalidad de la actividad minera es del 1% para el estado, nada para los municipiosy nada para la comunidad autónoma», subraya.
La Plataforma advierte que las tierras, en virtud de la misma ley de minas del año 73 que ampara esa actividad, «son expropiables automáticamente y que los propietarios sólo tienen derecho a negociar con la empresa un precio de mercado o el justiprecio de la expropiación».
«Seguimos sumando posibles daños”, advierte. «El cervantino Patrimonio Cultural intangibles del Campo de Montiel, los paisajes únicos, el excepcional patrimonio natural de dos ZEPAS que forma parte de la Red NATURA 2000 por la presencia de verdaderas joyas de la naturaleza, únicas, que están en peligro de extinción. Todo ese valor y patrimonio se pone en riesgo a cambio de nada».
