Carmen Quintanilla Barba (Diputada Nacional del PP por Ciudad Real)
La encuesta promovida por la Fundación Hogar del Empleado (Fuhem) y realizada por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (Idea), que aunque se ha realizado en el ámbito de la Comunidad de Madrid arroja datos que se pueden extrapolar a todo la geografía nacional, vuelve a dejarnos de manifiesto que algo está fallando en el sistema educativo español.
A la luz de dicha encuesta nos encontramos con que uno de cada veinte alumnos con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años se siente maltratado por algún compañero de forma habitual, el 3 por ciento reconoce que acosa de algún modo y de manera cotidiana a sus compañeros y el 8,2 por ciento confiesa que lo hace en algunas ocasiones. Unos datos preocupantes, como no podía ser de otra manera, que nos muestran la situación de la educación española en lo que se refiere al acoso y violencia escolar, ya sea a nivel físico o psicológico, y que reflejan la escasez de valores que les estamos inculcando a nuestros menores.
Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención de esta encuesta ha sido el hecho de que un 59 por ciento de los propios alumnos y alumnas pidan medidas más duras en relación con determinados compañeros o compañeras. Los mismos jóvenes creen, por tanto, que sería necesaria una mayor disciplina para atajar este problema porque “favorecen el ambiente de trabajo”.
El caso de Jokin, el joven al que el acoso de sus compañeros llevó hasta el extremo de ver como única salida quitarse la vida, nos descubrió un problema latente y hasta entonces invisible y poco valorado como tal en nuestras escuelas e institutos. Otros casos posteriores, como los más recientes que han tenido como escenario el Colegio Suizo de Alcobendas son tan sólo la punta del iceberg de una situación que, de no ser atajada a tiempo, continuará creciendo.
Acabar con la violencia y el acoso escolar es una responsabilidad de todos los agentes que formamos parte del proceso comenzando por nosotros, los padres y continuando por los docentes, los responsables de los centros educativos, pero, sobre todo, de las autoridades con competencia en materia de educación, es decir, las comunidades autónomas y el Gobierno socialista que cometió un grave error al derogar la Ley de Orgánica de Calidad de la Educación que fue aprobada en su día por el Gobierno del Partido Popular y sustituirla por la Ley Orgánica de Enseñanza (LOE) que, como sus propio enunciado indica ha perdido la C de Calidad que contemplaba la normativa del Partido Popular.
Fue precisamente el Partido Popular el que con su reforma educativa intentaba inculcar a nuestros ahora jóvenes y futuros adultos el respeto, los valores, la disciplina y la importancia de que los profesores mantuvieran su autoridad. Un intento vano a causa de la irresponsabilidad que ha demostrado el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero al derogar la LOCE y cambiarla por la LOE, una Ley que lejos de mejorar nuestro sistema educativo y de acabar con el problema de la violencia tiene como efecto todo lo contrario.
Los casos de violencia y acoso que se producen todos los días en colegios e institutos que sufren no sólo los alumnos, sino también los profesores que, en muchos casos, se ven impotentes a la hora de atajar estas situaciones hacen necesario instar al Gobierno del PSOE a que, independientemente de la creación del Observatorio contra la Violencia Escolar, ponga en marcha las medidas oportunas para combatir con eficacia este problema cada vez es más preocupante en nuestro país. Hoy todavía estamos a tiempo, mañana será tarde.
