El Partido Popular asegura en una nota que el nuevo presidente del SCIS (Servicio contra Incendios y Salvamento) ha roto el consenso que mantiene el organismo desde su creación. Según el PP, en la mañana del viernes día 4 de diciembre, el Consorcio SCIS celebró una “polémica” sesión, donde el nuevo presidente, Julián Nieva, propuso el cese del gerente del SCIS que desempeñaba sus funciones desde 1987.
«Esta medida unilateral de los representantes de ayuntamientos del PSOE puede generar graves perjuicios al consorcio al estar en discusión una indemnización que podría alcanzar los 300.000 euros y perderse la experiencia de una persona que conoce perfectamente el funcionamiento del SCIS», dicen los populares.
«En segundo lugar», prosiguen, «se aprobaron unas bases para seleccionar un nuevo gerente que podrían vulnerar los principios de publicidad, mérito y capacidad que establece la Constitución para el acceso al empleo público. Un proceso exclusivamente interno que cierra las puestar a los ciudadanos que buscan trabajo o mejorar el que tienen y que están suficientemente preparados». «En tercer lugar, se acordó despedir a los trabajadores de la bolsa de empleo, sin esperar las resoluciones judiciales pertinentes. También se acordó aprobar el borrador del presupuesto en otro pleno convocado con carácter extraordinario y urgente, una falta de respeto a los ayuntamientos consorciados por las formas y por faltar numerosa documentación en el expediente”.
A juicio del PP, «el presupuesto acuerda subir las cuotas a los ayuntamientos en un año de IPC negativo, olvidando que debe ser la diputación como titular del Consorcio y administración que tiene las competencias de la extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes».
De “escandaloso” calificaron los representantes de municipios gobernados por el PP estos acuerdos y más al conocer que el Presidente, Julián Nieva, alcalde de Manzanares «tiene reconocida una dedicación exclusiva y completa al Consorcio, con un sueldo cercano a los 70.000 euros y que sin embargo no acude a la sede del consorcio más de 8 horas semanales y dedicando casi todo su tiempo a las funciones de alcalde de su pueblo».
Los representantes de muchos ayuntamientos consideran que esta actuación vulnera la Ley de Bases de Régimen Local y que es de “suma gravedad”, por ello estudian varios recursos contra los acuerdos adoptados.
