El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comparecido en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la situación del Alto Guadiana, donde se concentra cerca de la mitad de la población de la Comunidad Autónoma. Una zona a la que el nuevo Plan Hidrológico limita o impide su acceso al agua para cultivar la tierra y producir alimentos.
“Los agricultores y los regantes de Castilla-La Mancha están esperando un esfuerzo por parte de todos, para poner el agua a disposición de los que de verdad viven de la agricultura, al mismo tiempo que hacemos un desarrollo sostenible del Acuífero 23 y de los acuíferos de toda la cuenca alta del Guadiana y olvidarnos de que solamente puedan acceder al agua aquellos que más tienen para pagarla”, ha manifestado el consejero. “No es ese nuestro modelo”, ha añadido ante los representantes de las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias que han asistido como público a las Cortes.
El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando con las confederaciones hidrográficas (cuyas competencias dependen del Gobierno de España) para buscar soluciones, como ha indicado el consejero, ya que no reconocen los derechos fundamentales de los agricultores de la región, como por ejemplo, en la prioridad en el acceso al agua de la cuenca cedente que marca la normativa.
Martínez Arroyo ha explicado que en el centro de la llanura manchega viven más de 600.000 habitantes de cuatro provincias (Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo) que se abastecen de la reserva de agua subterránea del acuífero del Guadiana, y donde más de 1.700 familias aguardan que se regularicen los expedientes de los pozos, iniciados en 2008, para las explotaciones prioritarias en pueblos eminentemente agrícolas “que podrían ser más rentables si se les permite regar sus cultivos sociales”.
En este sentido, el consejero ha recordado el compromiso del Gobierno central, pendiente desde 2011, de aportar 40 hectómetros cúbicos al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) de los que solo se aportaron 14,5. A partir de entonces, en los últimos cuatro años, “no se ha hecho absolutamente nada en esta materia”, siguen pendientes de ceder a Castilla-La Mancha 25,5 hectómetros cúbicos, ha indicado. Una cantidad que permitiría regularizar las explotaciones prioritarias para agricultores profesionales y cumplir así con dicho compromiso.
El titular de Agricultura, también se ha referido a la situación de los actuales regantes autorizados, “a los que se les ha reducido la concesión de agua; y más grave todavía para los jóvenes que se quieran incorporar a la actividad agraria, a los que el nuevo Plan de Cuenca del Guadiana condena al secano, ya que impide que puedan realizar nuevos pozos con asignaciones mínimas de 7.000 metros cúbicos de las aguas subterráneas”.
Recuperar el Centro de Intercambio de Derechos de Agua
Frente a la posición del Ministerio de Agricultura, que apuesta por un modelo de negocio de compra-venta de derechos de agua, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el papel de la Administración tiene que tener fines sociales, de manera que pueda priorizar a los agricultores profesionales y a los jóvenes en el acceso al agua.
De este modo, Martínez Arroyo plantea acabar con la compra-venta de derechos de agua. “Una situación especulativa a la que ha abocado el Gobierno central a los agricultores profesionales de esta región, limitándoles o negándoles directamente sus concesiones hídricas” y ha criticado que la única solución que ofrezcan las confederaciones sea comercializar con los derechos de agua en un modelo de libre mercado al mejor postor.
Desde el punto de vista medioambiental, el consejero ha recordado el compromiso del Gobierno regional con la recuperación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, las Tablas de Daimiel y los Humedales de La Mancha. En esta materia, ha reiterado el esfuerzo del sector agrario en los últimos 30 años que ha permitido que se haya recuperado el acuífero y que el agua haya vuelto a brotar en numerosas lagunas de La Mancha.
