La Plataforma Ciudadana por el Futuro de Puertollano ha denunciado en una nota la actitud de las administraciones local y regional, que no han contestado a ninguno de los escritos que les remitió este colectivo solicitando información sobre la situación de las rehalas y demandando que exijan a estos establecimientos que se ajusten a lo que dispone la reglamentación.
Reproducimos en su integridad el comunicado de la Plataforma Ciudadana por el Futuro de Puertollano:
La Plataforma Ciudadana por el Futuro de Puertollano y Comarca dirigió, el 23 de abril y el 3 de junio, sendos escritos a la Concejalía de Medioambiente interesándose, entre otros, por el número de rehalas existentes en nuestro término municipal, su ubicación, las inspecciones o visitas realizadas por los técnicos municipales, las infracciones o incumplimientos observados y, en su caso, por las sanciones impuestas; solicitábamos también que se exigiese a los titulares de estos “negocios” se ajustasen a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente y pedíamos se dispusiesen los medios necesarios para procurar preservar el entorno de “La Laguna de los Patos” y por ende de su fauna.
Los responsables de esta Concejalía en sus respuestas arguyen no poder facilitarnos gran parte de la información que se le solicita porque de lo contrario contravendrían lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos; sí nos dicen que el número de rehalas es de 18 e indican que entre sus atribuciones está el Control de Registro en el Censo Canino Municipal de todos y cada uno de los canes que forman la rehala o el que le notifiquen las cesiones, compra-venta o bajas. Nos indican también que con el fin de no duplicar competencias, y por prevalecer la legislación de rango superior, es la Junta la responsable en el control de los Núcleos Zoológicos y por tanto es ella la que debe realizar las inspecciones y seguimientos que desde esta Plataforma se plantean. Además “trasladan” a la Policía Local la capacidad para comprobar “hechos denunciados y actuar en consecuencia si ello fuera cierto”.
A este colectivo no le convencen los argumentos que se esgrimen desde dicha Concejalía para justificar lo que, entendemos, es hacer clara dejación de sus funciones en esta materia, entre ellas la de exigir a los titulares de estos negocios que se ajusten a lo que se dispone en los artículos 345 y 346 de la OMPA, normativa de ámbito local y de obligado cumplimiento para estos establecimientos; no compartimos que deleguen ciertas obligaciones en la Consejería de Agricultura que tendrá, en todo caso, que exigir a esos propietarios lo que corresponda pero en otro ámbito; ponemos en solfa que desde nuestro Consistorio se exija a los titulares de estos negocios el ajustarse a lo que se dispone sobre el Censo Canino municipal, sobre el necesario registro de todos los canes que conforman dichas rehalas o que se notifiquen las cesiones, compra-venta o bajas porque tenemos conocimiento que, hasta no hace mucho, la mayoría de esas rehalas, 14 de 18, no habían realizado trámite alguno al respecto y creemos, por lo que trasciende, que las otras cuatro tampoco cumplen con todo lo dispuesto.
Por todo ello este colectivo registró, el pasado 15 de octubre, varios escritos dirigidos en esta ocasión a la Concejalía de Medioambiente, a la de Seguridad Ciudadana (o la que tuviese las competencias sobre la Policía Local) y a la Consejería de Agricultura interesándonos, una vez más, por la situación de las rehalas en nuestra localidad, por el grado de observancia de estos “establecimientos” respecto a lo que la normativa dispone en el ámbito local y también regional, demandando que se exija a los titulares de estos negocios se ajusten a lo normalizado, preguntando si se ha observado algún tipo de infracción e/o incumplimiento y en su caso qué medidas o actuaciones se han llevado a cabo; además solicitábamos, a la Policía Local en esta ocasión, que nos informase sobre las medidas destinadas a proteger “La Laguna de los Patos” y su entorno.
Transcurrido más de un mes y no habiendo recibido aún contestación alguna no nos queda otra que volver a denunciar públicamente la forma de proceder de la Administración que lejos de motivar la participación ciudadana o la transparencia optan por eludir sus responsabilidades para con el administrado, negándole la información que demanda y renunciando, en este caso, a hacer efectivo lo que la normativa dispone, eludiendo sus responsabilidades o «delegándolas» indebidamente.
