Con la firma de un convenio entre el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y los decanos de los Colegios de Abogados y el presidente del Colegio de Trabajo Social se han puesto en marcha desde hoy mismo las seis oficinas de intermediación hipotecaria que el Gobierno de Castilla-La Mancha abre en las dependencias de la Consejería de Fomento de las cinco capitales de provincia y en la localidad de Talavera de la Reina.
El Palacio de Fuensalida en Toledo ha sido el escenario de la firma que permitirá que los usuarios del Programa de Intermediación que se prestará a través de las seis oficinas cuenten con asesoramiento profesional de abogados, trabajadores sociales y el propio personal administrativo y técnico de la Junta de Comunidades asignado a las consejerías de Fomento y Bienestar Social.
El convenio con el presidente de Castilla-La Mancha lo han rubricado los decanos de los Colegios de Abogados de Toledo José Sánchez Recuero; Albacete, Julio García; Ciudad Real, Cipriano Arteche; Cuenca, Jesús Celada; Guadalajara, Emilio Vega, y la decana de Talavera, Margarita Cerro, así como el presidente del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez. Al acto de firma han asistido también las consejeras de Fomento y Bienestar Social, Elena de la Cruz y Aurelia Sánchez, respectivamente, y el director general de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades, José Antonio Carrillo.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha afirmado ante los medios durante la presentación del Programa posterior a la firma que las oficinas son “un hito importante” que va a trabajar por el objetivo es “erradicar la lacra de los desahucios” de primera vivienda y garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Para ello trabajarán en cuatro líneas que forman una “labor integral” de apoyo frente al “drama social que padecen numerosas familias de nuestra comunidad autónoma”, ha dicho.
Esas cuatro líneas son la información profesional desde el comienzo del proceso, la intermediación social, la asesoría jurídica para guiar a los afectados a lo largo de todo el proceso de desahucio y la mediación con la entidad bancaria para tratar de renegociar las condiciones hipotecarias a fin de que la familia afectada pueda conservar esa primera vivienda. Las propias oficinas gestionarían en los casos extremos en los que no se pudieran paralizar los desalojos una alternativa habitacional para los afectados.
600 procedimientos
La consejera ha afirmado que aunque los datos ofrecidos por el INE en relación al último trimestre apuntan a una reducción de las amenazas de desahucio en la región, todavía quedarían pendientes unos 600 procedimientos en Castilla-La Mancha. Sobre los servicios que prestará la Junta a través de las seis oficinas, De la Cruz ha subrayado que “son los cimientos de una política de vivienda que seguirá avanzando hacia experiencias más ambiciosas”. Entre otros proyectos, el Gobierno regional pretende acometer una Ley Social de Vivienda, un observatorio permanente en la materia y una comisión de seguimiento de la actividad de las seis oficinas cuya evaluación servirá para “seguir creciendo”.
Elena de la Cruz ha tenido palabras de agradecimiento para las Plataformas Antidesahucio de la región, con las que se reunió hace unas semanas. También para los ayuntamientos, diputaciones, entidades y ONG que se han ofrecido a la Consejería o que estén dispuestos a colaborar para “seguir creciendo”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social, Javier Sánchez, ha afirmado que el convenio es “muy responsable, moderado y apostando por la profesionalidad”, algo que requiere una materia como los desahucios que es “muy sensible y muy compleja”. Sánchez ha criticado la escasa sensibilidad del gobierno regional anterior en el ámbito social y ha afirmado que el programa que se pondrá en marcha a través de las oficinas es “un rayo de luz para miles de familias que han sufrido lo indecible”, aseverando que “ojalá paremos muchos desahucios”.
El decano de los abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, que ha hablado en representación de los seis colegios firmantes, ha dicho que la presencia de letrados en el programa de las oficinas garantiza “profesionalidad” y “eficiencia” y que los afectados que recurran a las oficinas encontrarán un asesoramiento legal “de solvencia personal y profesional”. Sánchez Recuero ha subrayado que les parece “esencial asesorar en derechos a gente que se encuentra en absoluta indefensión” por lo que ha dicho “confiar en la utilidad de este convenio” al que ha asegurado que los colegios de abogados se agregan “no por interés económico, sino por interés social”.
Fernández: “Por fin ha llegado un gobierno sensible, el del presidente Page, que ha puesto en marcha medidas para evitar los desahucios”
La portavoz del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha calificado como de muy buena noticia la puesta en marcha por parte del Gobierno de Emiliano García-Page de las oficinas de atención a las familias en riesgo de desahucio en nuestra comunidad autónoma.
Para Fernández, “por fin ha llegado un gobierno sensible que, en apenas tres meses, ha aprobado una medida que es de sentido común y sobre todo es una medida de justicia para intentar evitar en la medida de lo posible este tipo de situaciones”.
La parlamentaria socialista destacó que el Gobierno regional y los colegios de Abogados y de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha hayan sumado esfuerzos “para hacer un trabajo que se debería haber hecho hace mucho tiempo”.
Destacó que estas oficinas contemplan la atención integral de las personas en riesgo de desahucio, con medidas que van desde el asesoramiento, la asistencia jurídica, la asistencia social, hasta la intermediación con las entidades bancarias.
Fernández recordó que ya el Grupo socialista, hace tres años, planteó esta misma iniciativa al anterior gobierno del PP y Cospedal se negó. Ante este hecho, el PSOE decidió abrir en sus agrupaciones oficinas de asesoramiento contra los desahucios.
Igualmente, la portavoz del Grupo socialista puso en valor el anuncio del presidente Page de poner en marcha una Ley Social de la Vivienda, muy avanzada, que contempla medidas como la obligación tanto de las entidades bancarias como de las grandes inmobiliarias de notificar, antes de que se produzca cualquier intento de desahucio, que se comunique a la administración regional ese lanzamiento. También calificó como de muy positivo que en esta futura norma se estipule que en las promociones de vivienda se deje un cupo reservado a vivienda de protección oficial.
Listas de espera y hospital de Toledo
Por otra parte, preguntada por las críticas de los dirigentes del PP sobre el retraso en la publicación de las listas de espera por parte del actual ejecutivo, la portavoz socialista señaló que “hay que tener el rostro de hormigón armado” para realizar estas críticas cuando el gobierno de Cospedal “estuvo durante dos años sin publicar estas listas y que durante los dos años siguientes las manipuló y que además borraba el histórico para que no se pudieran comparar los datos”.
Blanca Fernández quiso dejar claro que el gobierno de Page va a publicar las listas de espera “pero con datos reales y no falseados como se hacía antes”.
Por último, calificó de lamentables las críticas de los ´populares´ porque se estén agilizando los trámites para la construcción del nuevo hospital en la capital regional. “Parece que les moleste que vaya a haber un nuevo hospital en Toledo y que éste vaya a ser público”.
