El Gobierno de Castilla-La Mancha garantizará a todos los ciudadanos de la región el acceso y calidad de la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales mediante la inclusión de estos “derechos fundamentales” en el Estatuto de Autonomía.
Así lo ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante un receso en la reunión que el Gobierno regional está celebrando en Almagro en la que participan todos los consejeros y delegados provinciales del Gobierno regional y que está encabezada por el presidente Emiliano García-Page.
Una comparecencia en la que Martínez Guijarro ha estado acompañado por la delegada del Gobierno regional en la provincia de Ciudad Real, Carmen Olmedo y el alcalde de Almagro, Daniel Reina.
El vicepresidente autonómico ha asegurado que, mediante esta fórmula, se dará seguridad legal a los derechos en materia educativa, sanitaria y de protección social a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha “vivan donde vivan” y “dispongan de los recursos que dispongan”, cumpliendo así con el objetivo de que el acceso a los mismos sea “público, universal y gratuito”.
Se evitará así además que los marcos normativos de protección de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales puedan ser modificados o “cercenados”, como ha venido ocurriendo durante los últimos cuatro años.
Acuerdo Marco por la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha
Dicha protección forma parte del tercer eje del Acuerdo Marco por la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha, cuyos contenidos se están tratando en la reunión de Almagro.
Una “hoja de ruta” que servirá de “columna vertebral” para las políticas que emprenderá el Ejecutivo autonómico en los próximos meses, que establecerá plazos para la concreción de sus objetivos y que se materializará “dialogando con los agentes económicos y sociales” de la región, cumpliendo así con el objetivo de “diálogo, cercanía y transparencia” que regirá la política del Ejecutivo de Emiliano García-Page, tal y como el propio presidente regional comprometiera tanto en su programa electoral como en discurso de investidura.
Pacto por la Recuperación Económica
Este acuerdo estará compuesto por tres ejes estratégicos. El primero de ellos será el Pacto por la Recuperación Económica, en la que se impulsará un “cambio en el modelo productivo y económico” de la región, con el fin de “impulsar un desarrollo sostenido”, generar empleo y mejorar la capacidad productiva de Castilla-La Mancha. Un pacto que, tal y como ha apuntado Martínez Guijarro, respetará los sectores económicos tradicionales de nuestra economía pero que también propondrá medidas para mejorar su productividad y a los que se sumará una clara apuesta por “la investigación, el desarrollo, la internacionalización de nuestras empresas y la cualificación de nuestros trabajadores” como alternativas.
Pacto por la Recuperación Social
El segundo de los ejes estratégicos será el Pacto por la Recuperación Social, un acuerdo donde, como ha subrayado el vicepresidente “se vuelvan a recuperar los índices de calidad de los servicios públicos básicos” de Castilla-La Mancha: Sanidad, Educación y los derechos sociales “cercenados durante los últimos años”, incluyendo los derechos de los propios trabajadores públicos.
Pacto por la Recuperación Democrática e Institucional
El tercer eje será el Pacto por la Recuperación Democrática e Institucional de Castilla-La Mancha, cuyo principal objetivo será precisamente la reforma del Estatuto de Autonomía. Del mismo modo, Martínez Guijarro, ha anunciado que el Gobierno considera imprescindible una modificación de la normativa electoral de Castilla-La Mancha para que “ningún gobierno tenga la tentación de intentar ajustar la normativa electoral a sus problemas electorales”; un eje que se pactará con todas las fuerzas políticas de la región, “tengan o no representación en las Cortes de Castilla-La Mancha”.
Martínez Guijarro también ha apuntado que el Gobierno regional se ha marcado como compromiso que el Estatuto de Autonomía no pueda ser modificado de forma unilateral como ocurriera durante la anterior legislatura.
Asimismo se aprobará una normativa específica que recoja un “nuevo y más amplio catálogo de incompatibilidades, de dedicación exclusiva”, así como el régimen y estructura de funcionamiento del Gobierno, cumpliendo así con un doble objetivo de “transparencia y exigencia” de los cargos públicos.
Por último, se articularán mecanismos de participación institucional para que cualquier gobierno “tenga la obligación de escuchar” tanto a la ciudadanía como a los agentes económicos y sociales que los representan.
