Eusebio Gª del Castillo Jerez.– A preguntas de Domingo Ruiz Toribio, Ramón Romero y Antonio Ruiz, el concejal de Economía ha señalado que el número de inmuebles propiedad de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas que cuentan con exención en el pago del IBI es de 72 y que la cuota tributaria exenta de estos edificios asciende a 260.126,99 euros, según datos recabados por el servicio de recaudación municipal. Ramón Romero fue el encargado de dar lectura, en las postrimerías del pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Ciudad Real, al escrito registrado por estos vecinos.
Entre otras cuestiones, han preguntado por el alcalde y el grupo municipal que estaban al frente de la Corporación cuando el pleno acordó abandonar el servicio de cobro del IBI que hasta entonces venía ofreciendo la Diputación Provincial. Clavero ha informado que se trataba de Francisco Gil-Ortega y del Partido Popular, y que el servicio se privatizó en el año 2003.
Sobre si el equipo de gobierno tiene intención de volver a hacer uso de los servicios de la Diputación o, en su defecto, de asumir la gestión del mismo, el portavoz socialista ha explicado su intención es la de remunicipalizar todos los servicios externalizados que sea posible.
Asimismo, ha recordado que la concesión con la empresa que gestiona este servicio finaliza el 18 de marzo de 2018, y que el coste para las arcas municipales fue de 1.772.224,43 euros en 2013 y 1.954.634 euros en 2014.
Por otra parte, Nicolás Clavero ha comentado que el número de familias numerosas con bonificaciones en el citado impuesto son 502, y que el importe va en función de la base liquidable del inmueble. Cuando es menor que la mediana de la base liquidable de Ciudad Real, las familias numerosas de categoría general tienen una bonificación del 30% y las de categoría especial del 40%, y cuando está comprendida entre el valor de la mediana y 111.236,40 euros, las familias numerosas de categoría general tienen una bonificación del 20% y las de categoría especial del 30%.
Zona azul
Estos vecinos también se han interesado acerca de si el equipo de gobierno tendrá en cuenta la petición de consulta popular y las más de 10.000 firmas recogidas para que se llevara a cabo tras el anuncio de la ampliación de la zona azul durante la anterior legislatura. El concejal responsable de Movilidad, David Serrano, respondía que sí, que se tendrán en cuenta las anteriores propuestas y se abrirá un nuevo proceso de participación con reuniones en las que participarán vecinos, comerciantes y hosteleros. Además, ha indicado que se solicitará un informe a los técnicos municipales y se tratará de negociar con la empresas concesionarias de la zona azul, «porque hay que tener en cuenta que a una le quedan 15 años de concesión y a la otra 18».
A ver si la proxima vez la prensa local pone mas interes a la hora de informar. Menos mal que en esta ciudad nos conocemos todos, el que lee es Antonio Ruiz Roma.