El Pleno ordinario de agosto del Ayuntamiento de Manzanares estuvo marcado en la noche del martes por la aprobación de la modificación de ordenanzas y la realización de otros trámites administrativos, que en ninguno de los casos consiguieron la unanimidad de los corporativos, a pesar de su contenido bastante técnico, y que sirvieron a los diferentes grupos para exhibir sus líneas políticas.
Entre los asuntos tratados en el orden del día estuvo la aprobación de un nuevo plan económico-financiero del Ayuntamiento para el ejercicio 2014 ante el incumplimiento de algunos parámetros, la modificación de la ordenanza municipal de regulación del estacionamiento y la aprobación definitiva de los precios públicos para las actividades deportivas.
En respuesta al incumplimiento del plan económico-financiero aprobado por el Ayuntamiento en torno al presupuesto para el ejercicio 2014, y que establecía una necesidad de financiación de 4.504.878,61 euros, mientras que al final sólo fue de 752.261,77 euros, debido a que una buena parte de las inversiones se han realizado este año, los concejales dieron luz verde por mayoría a la modificación del plan de acuerdo con estos cambios.
A pesar de que este plan económico-financiero fue resultado a juicio de la portavoz del Grupo Socialista, Beatriz Labián, de algunas actuaciones “innecesarias” y “faraónicas” impulsadas por el Partido Popular en el anterior Equipo de Gobierno, como las obras del caz, la compra de la Casa Josito y de la Fábrica de Harinas, o la reforma de la Plaza de la Constitución; el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, consideró que aprobar este plan era “imprescindible”, porque según explicó, “el presupuesto se aprobó con los votos del PP en el Equipo de Gobierno, y con él se contrajeron unos compromisos que hay que asumir, ejecutar y pagar”.
La portavoz del Equipo de Gobierno también reiteró que era “necesario” aprobar el plan porque “tiene parte del presupuesto gastado y otras partes comprometidas”; pero esta modificación la consideró un pieza más “del desastre de gestión llevada a cabo por el PP, caracterizada por la falta de respeto por los plazos y los procedimientos”, y aludió a “proyectos inacabados” como “el Colegio Divina Pastora, las obras del caz o la residencia de ancianos”.
El portavoz del Grupo Municipal Popular incidió en que el Equipo de Gobierno va a recoger “los frutos” del PP, pero insistió en que “sigan con los proyectos”; y apoyó la aprobación de la modificación del plan económico-financiero. Por su parte, ACM y UPYD optaron por la abstención, y el concejal de IU, Miguel Ramírez, votó en contra en sintonía con su oposición al plan en el momento inicial de su aprobación.
En respuesta a la sentencia dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de acuerdo al recurso contencioso-administrativo puesto por el anterior concejal de IU, Santiago Sabariego, la sesión también contempló la modificación de la ordenanza municipal de estacionamiento. A pesar de que no era el centro del debate, la posición de los grupos ante la Zona Azul marcó las intervenciones.
La propuesta del Grupo Municipal Socialista fue la modificación de la ordenanza municipal en lo referente a determinar las zonas comprendidas dentro del área de estacionamiento regulado, ya que el Tribunal consideró nulo que las determinara un bando de Alcaldía; por lo que sumó a la norma un anexo con un listado de calles afectadas, que también incluyó la corrección del error que ha persistido durante años en relación con la calle Jesús del Perdón. De esta forma, la calle Jesús del Perdón tendrá regulado el estacionamiento en la acera de los números impares en el tramo comprendido entre calle San Antón y Virgen de la Soledad, y en la acera de los números pares en la zona de la Ermita de la Paz hasta la zona de bordillo amarillo (aunque se había aplicado de esta forma, la ordenanza decía lo contrario).
Esta modificación fue insuficiente para el concejal del Grupo Municipal de IU, que contrario desde un principio al establecimiento de áreas de estacionamiento regulado consideró que “la ordenanza ha vulnerado aspectos como la participación ciudadana al no incluir las calles desde un principio”. Expresó que “la propuesta de Alcaldía no soluciona el problema”, de manera que apoyó anular la norma y suspender la Zona Azul hasta que un grupo municipal ponga sobre la mesa otra ordenanza para tramitarla según la legislación establecida.
La portavoz del Equipo de Gobierno no interpretó la sentencia del mismo modo, y consideró que en ningún momento marcaba la necesidad de aprobar una nueva ordenanza; en la línea del alcalde Julián Nieva que destacó que la modificación de la ordenanza no implicaba un debate sobre la Zona Azul. También estuvieron de acuerdo en modificar la norma sin anularla el resto de los grupos políticos: el PP consideró que había que dar “perfección jurídica” a la norma tras la sentencia; y a pesar de no estar de acuerdo tampoco con la Zona Azul, ACM y UpyD también coincidieron en esta necesidad. Tras su aprobación, con el único voto en contra de IU, Miguel Ramírez afirmó que estudiará tomar las medidas legales oportunas, porque expresó que “la modificación no atiende al cumplimiento de la sentencia”.
Los grupos municipales de ACM e IU también rompieron la unanimidad en la aprobación de definitiva de los precios públicos para las actividades deportivas, tras la alegación presentada por Miguel Ramírez con el fin de incluir bonificaciones para ciertos colectivos como las víctimas de violencia machista, odio racial u homofobia, víctimas de acoso escolar y familias desempleadas. La intención de IU fue dar un mayor “matiz social” a los precios públicos de las actividades deportivas, a pesar de las rebajas contempladas con respecto a la anterior legislatura.
Tras recordar los numerosos descuentos aplicados, en muchos casos cercanos al 50 por ciento y tras la introducción del bono deportes, Beatriz Labián, destacó que el objetivo ha sido “aplicar una rebaja de carácter general que recoja el máximo de situaciones posibles” y consideró “excesivo” el grado de detalle de la propuesta de IU. Labián repitió que los descuentos se basan en la idea de que “un recurso es rentable cuando tiene una participación masiva, no cuando se cubren todos los gastos del mismo, porque las instalaciones deportivas no son un negocio”.
Labián también destacó que “el PP dificultó con sus subidas de precios desorbitados que algunas personas accedieran a las actividades e instalaciones deportivas, además de a la Universidad Popular”; y anunció como una nueva medida de ese alcance social que pedía IU la creación en breve de una ‘Mesa de Emergencia Social’, “que permita una visión global de los problemas de la gente”, y que se sumará a otras actuaciones como el plan de empleo local impulsado para dar trabajo a cien vecinos de Manzanares.
Después de estar en contra de la bajada inicial de precios porque consideró que “ya eran asequibles”, el concejal popular Manuel Martín-Gaitero también consideró exagerada esta “rebaja de la rebaja”, que indicó que “no es operativa”. El concejal de UpyD, Jerónimo Romero-Nieva, también consideró suficiente la rebaja realizada en los precios, pues en sus palabras, “da una respuesta sensata a las necesidades de la sociedad”. Sin embargo, el portavoz de ACM, Juan Luis Parejo coincidió también en que es positiva la introducción de descuentos para casos especiales.
