La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha salido al paso de la información hecha pública por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que establece en 304 hectómetros cúbicos el volumen mínimo de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía para seguir trasvasando agua a la cuenca del Segura.
El Gobierno de España alude en ese comunicado a la Ley de Evaluación Ambiental y a un decreto de septiembre de 2014 para establecer el límite de referencia en 304 hectómetros en lugar de los 400, debido a un régimen transitorio mediante el cual se alcanzarían los 400 como límite mínimo no trasvasable en un período de cinco años aumentando progresivamente los 240 establecidos en la Ley del Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001, con aumentos de 32 hectómetros anuales de aumento en las reservas mínimas.
Ayer por la tarde, en declaraciones a una emisora de radio de ámbito nacional, Elena de la Cruz explicaba que la Consejería de Fomento dispone de un certificado oficial del Ministerio fechado el 8 de marzo de 2014 en el que se comunica a la Consejería de Fomento que el volumen almacenado de agua conjunta entre Entrepeñas y Buendía era de 900 hectómetros cúbicos.
El propio Ministerio reconocía mediante un comunicado remitido a los medios informativos en esa misma fecha que esta circunstancia situaba el límite mínimo no trasvasable en 400 hectómetros cúbicos. La nota emitida por el Ministerio decía textualmente en el subtítulo que “a partir de ahora el umbral mínimo no trasvasable por el Acueducto Tajo-Segura se establece de manera permanente en 400 hm3, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental” al haberse alcanzado un volumen conjunto en Entrepeñas y Buendía de 900 hm3, lo que suponía la entrada en vigor “de forma inmediata” del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos y de la curva de condiciones excepcionales, según decía el comunicado.
De la Cruz ha asegurado que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha trabaja conjuntamente con los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades en la preparación de un informe que será remitido próximamente al Ministerio a fin de obligar al reconocimiento de ese volumen mínimo por debajo del cual se declare el nivel 4 y por tanto cesen las derivaciones a la cuenca del Segura desde el mismo momento en que se haya bajado de dicho nivel en los embalses de cabecera.
Una contradicción
“Ellos mismos reconocen que el umbral por debajo del cual no se puede trasvasar es de 400 hm3 y sin embargo ahora argumentan que la disposición transitoria tiene que ser otra diferente”, afirma De la Cruz. La consejera considera que existe una “contradicción” entre aquella interpretación de 2014 plasmada en múltiples documentos oficiales y lo dicho recientemente por el Ministerio para advertir que todavía podría haber más derivaciones mientras el nivel de la cabecera no baje de 304 hm3.
La consejera asegura, no obstante, que el ejecutivo castellano-manchego luchará en las mesas de negociación que le permitan estar para aumentar el nivel mínimo trasvasable. De la Cruz aclara que ese mínimo no satisface a los municipios ribereños (recientemente pedían que se elevase a 1.000 hectómetros cúbicos) ni tampoco al gobierno regional. “La situación ha cambiado –añadió- desde 1979. En 36 años han pasado muchas cosas, como que se han multiplicado por cuatro los regadíos en la cuenca del Segura o que en los últimos años se han aprobado leyes que blindan el trasvase de agua sin ninguna medida”, al tiempo que afirma que “el aporte pluviométrico ha disminuido en un 48 % y los pantanos están mermados en un 10% por la acumulación de sedimentos en su fondo”.
A pesar de ello, De la Cruz rechaza el apelativo de “guerra del agua” que ha aparecido en algunos medios de comunicación. “Queremos dialogar”, asevera, “es una cuestión de justicia. Hay que sentarse a hablar y ver las condiciones de ese trasvase, que ha perjudicado a Castilla-La Mancha y que está hurtando a los municipios de la región su aprovechamiento del agua del Tajo”. A su juicio, durante los últimos días se ha demostrado tanto en Talavera como en los municipios ribereños que “estamos unidos para reivindicar un bien muy importante para Castilla-La Mancha que es el agua”.
