Ganemos vincula el caso de la Vereda de Moledores con la trama Gürtel y se pregunta en «qué bolsillos estarán» los 160.000 euros «desviados de fondos públicos»

Eusebio Gª del Castillo Jerez.- Los concejales Carmen Soánez y Jorge Fernández han vinculado a la empresa adjudicataria de la obra de la Vereda de Moledores con la trama Gürtel y la financiación ilegal del Partido Popular. Desde Ganemos destacan que, ya en la adjudicación de la obra, se «cometieron irregularidades» y exigen que la alcaldesa de entonces, Rosa Romero, y los concejales implicados, asuman responsabilidades políticas. Además, se preguntan adónde habrán ido a parar los 160.000 euros «desviados de fondos públicos».

Carmen Soánez y Jorge Fernández han comparecido en rueda de prensa en relación al informe emitido por la fiscalía, como parte de las diligencias de investigación preprocesales, acerca de la obra de la Vereda de Moledores. En relación a dicha documentación, la edil de Ganemos recalcaba que «se ha descubierto una desviación económica de más de 160.000 euros entre el proyecto y la certificación de las obras».

Los concejales de Ganemos han hecho hincapié en la «vinculación» de la constructora que ejecutó la obra, Sando SA, con el caso Gürtel. «Su accionista mayoritario, José Luis Sánchez Domínguez ha sido llamado a declarar por el juez Ruz por su posible vinculación con esta trama», ha asegurado Carmen Soánez.

Para Jorge Fernández, resulta sospechoso el hecho de que Sando sea un «donante ilegal» del PP y que, en una «adjudicación irregular» en Ciudad Real donde participa, se produzca una «desviación de fondos públicos» de 160.000 euros que «todavía no se sabe en qué bolsillos están».

Respecto a la trama Gürtel, Soánez señala que el Ayuntamiento de Ciudad Real, en la época gobernada por el Partido Popular, con Rosa Romero a la cabeza, «no va a estar menos implicado -presuntamente- que el resto de las instituciones gobernadas por el PP al contratar a este tipo de empresas vinculadas con estas tramas».

El concejal aseveraba que lo ocurrido en Vereda de Moledores no ha sido una iniciativa de los funcionarios señalados en el informe de la Fiscalía, sino que detrás habría una dirección política. Fernández opina que los hechos que han salido a relucir pudieron haber sido una práctica habitual durante los años en que gobernó el Partido Popular.

Ganemos no quiere que pase desapercibido el hecho de que la Fiscalía, que indica «que nos podemos encontrar ante un presunto delito de de fraude y exacciones ilegales y otro de falsedad documental», constata  la existencia de «deficiencias» desde el inicio del procedimiento, ya que se adjudicó la obra a la empresa Sando «habiendo otras que ofertaban un precio menor», denunciaba Soánez.

Jorge Fernández incidía en que «el problema es que ya en el proceso de adjudicación se cometieron irregularidades». Aseguraba que en la mesa de contratación se valoraron las mejoras que introdujo Sando por encima de su valor real. Al parecer, otras empresas que proponían las mismas mejoras, como León Triviño, recibieron una menor puntuación. «Esto no tiene una explicación técnica», advertía Fernández, quien además recordaba mostrando un documento con la firma de Rosa Romero, que la decisión fue ratificada por la Junta de Gobierno Local. «Aquí sí que hay responsabilidades políticas que toma Rosa Romero y su equipo de gobierno. Y lo hacen con unos criterios que son falsos. La Fiscalía reconoce que las mejoras que ofrecen otras empresas con equivalentes a las que ofertaba Sando y no debería haber ganado ese concurso».

Carmen Soánez ha señalado directamente a Rosa Romero, de quien ha dicho que conocía la situación y no actuó. Por su parte, Jorge Fernández la ha acusado de llevar a cabo una «persecución política» sobre Saturnino Camacho, el funcionario jefe de servicio de Medio Ambiente que denunció los hechos. «Rosa Romero ha persiguiendo a todos los que han intentado conocer la verdad de lo que estaba ocurriendo».

«Como premio a este señor, cuyo único interés fue defender el buen funcionamiento del un servicio del Ayuntamiento, se le retira de sus funciones como jefe de servicio y se le trata de apartar para que no pueda conocer a fondo lo que ocurre y evitar así que salga toda la información a la luz. El funcionario denunció la situación y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le dio la razón en 2011, retornando a sus funciones como jefe de servicio», añadía la edil de Ganemos.

La formación de izquierdas apunta que desde el Partido Popular se defienden alegando que, mientras gobernaban, se abrió un expediente informativo, «cuya instrucción se encargó a un funcionario interino sin relación con los servicios implicados, y del que a día de hoy no se conocen sus conclusiones». En este sentido Carmen Soánez lamentaba el «poco interés» por parte del PP en que se aclare la situación.

Ante esto, Fernández decía que la alcaldesa y los concejales responsables tienen la obligación de controlar y fiscalizar todo lo que ocurre en su ayuntamiento. «Si es verdad que no conocían lo que estaba sucediendo, mal hecho, porque tienen la obligación de saber qué está pasando con el dinero público. Además, no aceptamos que digan que no conocían lo que estaba sucediendo». El edil mostraba un informe del jefe de servicio de Medio Ambiente, dirigido a Alcaldía en abril de 2013, «en el que advierte de lo que está sucediendo».

«Todos los responsables de estos años, Rosa Romero, Pedro Martín y Rosario Roncero, han ignorado lo que ha pasado y no han hecho nada por dar a conocer la verdad. Es más, lo han negado de forma sistemática durante mucho tiempo, insultando y humillando a todo el que denunciaba lo que estaba pasando. Ahora cambian el discurso y dicen que no lo sabían», afirmaba Jorge Fernández.

Por todo esto, Ganemos reclama al grupo municipal socialista que el Ayuntamiento que se persone como acusación particular y que se tomen las medidas necesarias para facilitar la investigación, no sólo en esta obra que, a su juicio, sería la punta del iceberg de lo que se oculta tras la gestión de la anterior alcaldesa. Además, exigen la dimisión de Rosa Romero, como máxima responsable política de lo acontecido.