El concejal de de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Alberto Lillo, ha valorado esta mañana las diligencias de investigación preprocesales en torno a la denuncia que en su día presentó un funcionario municipal y a la que se adhirió el Grupo Municipal Socialista, entonces en la oposición, por las discrepancias existentes entre la medición y la certificación de las obras llevadas a cabo en la adecuación de la Vereda de Moledores a paseo peatonal y de bicicletas.
El edil socialista ha reconocido que, en principio, las diligencias apuntan a dos técnicos municipales como responsables de la «confusión generada en la certificación final de la obra». Por tanto, la investigación no señala a ningún cargo político del anterior equipo de gobierno. No obstante, Alberto Lillo ha hecho hincapié en las responsabilidades políticas de lo que haya podido suceder.
Alberto Lillo recordaba que el grupo municipal socialista, entonces en la oposición, reclamó la realización de catas sobre el terreno y denunció el caso porque «no se veía claro que las mediciones que se certificaban al final de la obra no correspondieran con la obra realizada y con lo expresado en los proyectos». Según el informe de la Fiscalía, existen «dudas» respecto a las cantidades de material empleadas en la obra. Por ello, Lillo entiende que los técnicos tendrán «mucho que explicar». No obstante, ha matizado que, «a veces», se producen «equivocaciones que conllevan a fallos de este tipo», y que la Justicia decidirá. En principio, recordaba el edil, el sobrecoste ascendería a más de 100.000 euros.
Por otro lado, según ha explicado el concejal, el Ayuntamiento no llevará a cabo ningún estudio adicional para contrastar las conclusiones del informe de la Fiscalía. «La diligencia es muy clara, han hecho un buen estudio sobre el terreno», ha indicado.
Asimismo, Lillo ha mostrado el máximo respeto a la labor llevada a cabo por la Fiscalía para tratar de aclarar lo ocurrido con estas obras que datan del 2009 y que se realizaron con fondos del conocido como Plan E. El concejal de Urbanismo considera que se deben de aclarar la totalidad de los actos y sus consecuencias. “Entendemos que tanto los técnicos como los políticos deben ser escrupulosos con la gestión de los recursos municipales”. Lillo abogaba por que todos los actos municipales se hagan con criterios de responsabilidad y transparencia tanto técnica y política. “No puede haber actos independientes”, afirmaba.
El edil considera que por esta cuestión “deben pedirse responsabilidades políticas. Sería muy peligroso que los políticos no se enteren de lo que hacen los técnicos y que los técnicos hagan las cosas sin que los políticos se enteren. La responsabilidad es compartida.”
El Ayuntamiento estudiará con los servicios jurídicos municipales la personación del Consistorio en el caso, una vez que se realicen las comunicaciones oficiales por parte de la Fiscalía.
¿Quién iba a esperar algo así?
Reculando que es gerundio… cuando le han dado en las narices con las comisiones de investigación del PP entregadas en su día a la fiscalia…
Vocazas!!!!
Jajajaja vuelves hacer el ridículo bonita, o es ironía jajajaja Vocazas este con B de burra.
El pp no hizo ninguna comisión de investigación nunca las ha hecho,ni aquí ni en ningún sitio pues sois el partido corruPpto. Lo único que hizo fue abrir un expediente informativo lo dice el ex senador vuestro que es como no hacer nada por aclarar quien se a llevado nuestros dineros.
Pero vamos que el soe no puede dar lecciones pues a donde han gobernado han hecho lo mismo.
Abajo el ppsoe.
Perdón «es con B».
¿Qué controles había para que el presunto sobrecoste no se descubriera en el mismo Ayuntamiento? ¿Qué hay en el Ayuntamiento?