Eusebio Gª del Castillo Jerez.- Ciudadanos presentó una moción solicitando la realización de una auditoría externa de las cuentas públicas del Ayuntamiento Ciudad Real que, finalmente, acabó retirando. No obstante, no le ha sentado bien al grupo la inclusión en el orden del día del pleno la dación en cuenta de un informe del interventor municipal sobre este asunto. Pedro Fernández preguntaba si su inclusión respondía a la petición de otro partido o del propio funcionario municipal, a quien ha acusado de extralimitarse en sus funciones «al hacer un análisis con opiniones personales»
Antes que el interventor intervino el portavoz del grupo popular, Miguel Ángel Rodríguez, para comentar que fueron ellos, al ver en el orden del día de las comisiones preparatorias que una moción de Ciudadanos pedía una auditoría externa de las cuentas del Ayuntamiento. Una petición que, según el edil, no cabe en el ordenamiento jurídico actual, «porque las únicas auditorías que se pueden hacer, según el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, son la interna por parte de la Intervención municipal y la externa por parte del Tribunal de Cuentas. Auditorías que nos consta se venían haciendo durante estos años, por lo que entendíamos que esa moción no tenía sentido». Por tanto, añadía, al grupo popular le pareció correcto que Ciudadanos, a la vista del informe del interventor, retirara la moción.
Por su parte, el interventor respondía a Pedro Fernández que no había extralimitado sus funciones, y que se trataba «de una apreciación muy subjetiva del grupo». Manuel Ruiz explicaba que lo que pretendió fue informar al pleno, «que es el órgano soberano donde se toman las decisiones principales de esta corporación y el que debe aprobar las cuentas generales del Ayuntamiento». Respecto a la moción de Ciudadanos, recalcó que era «incierta en sus términos» y que no dejaba claro qué es lo que pretendía.
En ese sentido, el interventor ha señalado que el informe elaborado por él aclara cuál es la legalidad vigente. Según la moción, «se estaba solicitando que una empresa privada realizara una auditoría de las cuentas públicas, cuando eso la legislación no lo permite». Ruiz añadía que la administración dispone de órganos y profesionales que ejercen la fiscalización de forma continua.
Por otro lado, apuntaba que, siempre que hay un cambio de corporación, se produce un «aluvión» de peticiones de este tipo. «El colegio oficial al que pertenezco remitió un escrito a los alcaldes y alcaldesas de entonces explicando la legalidad. Además, el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado y ha sancionado a un alcalde que, desobedeciendo estas indicaciones, contrató una auditoría externa, haciéndole pagar de su bolsillo el coste de la misma. Por ello, me vi en la obligación de aclarar la situación para informar al pleno, lo que, en ningún caso, se trata de una extralimitación de mis funciones», conluía.
Esto le pasa al personaje de ciudadanos por no tener NPI.
¿cuantas veces tiene que hacer el ridículo este hombre en el 2015? Yo creo que ha agotado su bono para este año
El Interventor del Ayuntamiento no tiene que recordar nada, tiene que informar en detalle. Y los grupos políticos que solicitan una auditoría se lo tienen que llevar mejor preparado para el debate. Tanto Ciudadanos, que presentó la moción, como Ganemos que habló de ello en campaña electoral, incluso el PSOE, creo recordar.
Las auditorías están enmarcadas dentro del control financiero, competencia exclusiva de los funcionarios de habilitación estatal (Interventor), efectivamente.
Ahora bien, junto a las auditorías de regularidad: financiera y de cumplimiento, que son las habituales y que culminan con la entrega de toda la documentación al Tribunal de Cuentas, se encuentran las auditorías operativas, que son auditorías de economía y eficiencia, de programas, de sistemas y de procedimientos, es decir, no se trata, o no sólo, de que se haya cumplimiento de la legalidad, se trata de que el manejo de fondos públicos se haga con criterios de eficiencia económica, de que el presupuesto se opere desde la racionalidad económica, porque se puede cumplir con la legalidad y sin embargo derrochar el dinero de todos. Ahí está el quid de la cuestión.
Dudo mucho que el sr. Interventor pueda demostrar que el presupuesto, desde su elaboración hasta su ejecución, se ha operado de la manera más eficiente para los intereses de los ciudadanos, y me refiero solo a su racionalidad económica. Y no lo puede demostrar porque en parte no depende de él, que solo se ocuparía de asesorar técnicamente en ese aspecto al equipo gobernante que decide dónde y cuánto se gasta (dentro de la famosa legalidad) y qué forma de fiscalidad establece.
Sin embargo, la alcaldesa sí es competente para determinar la necesidad pública de uno o varios informes sobre la eficiencia en la operativa del presupuesto (incluidos los pasados), y no sólo sería competente, sino responsable que lo hiciera, aunque solo fuera para evitar errores pasados y actuar más eficientemente en el presente y el futuro.
Y el Interventor responderá si puede o no dar satisfacción al informe solicitado por la alcaldesa con sus propios medios (los de la Intervención) o si para ello necesita asesoramiento y apoyo externo. Si el interventor solicita dicho apoyo, bien por desconocer las técnicas operativas más actuales y de mayor rendimiento para el cumplimiento de sus obligaciones, se podría solicitar un informe según el art. 222 del TRLHL (ley de Haciendas locales) a una empresa privada (previa licitación). Sí, privada, no se excluye dicha posibilidad en ningún punto de la ley. Naturalmente bajo el control y dirección del Interventor, bajo su supervisión. Un trabajo de este tipo sería indudablemente de interés, porque estas empresas utilizan técnicas de la gestión económica privada de fácil acomodo a la gestión pública (y a su mejora).
Por tanto que no nos cuente milongas el sr. Interventor y que no callen por desconocimiento los grupos políticos. Si no quieren entrar en el análisis de los presupuestos cerrados y su ejecución que lo digan y no mareen la perdiz, ni digan en campaña que la transparencia empieza con las auditorías cuando entren por la puerta y luego silben y miren para otro lado.
Es un engaño que se siga con la rutina de siempre y que tengamos que tragar carros y carretas por la falta de actualización y espíritu innovador de muchos funcionarios acomodados y la falta de criterio y respuesta de políticos que dicen una cosa antes y otra después de ser elegidos.
Para mayor información sobre este tema se puede leer en Internet el «Informe sobre la posibilidad de que un Ayuntamiento contrate con una empresa privada, previa licitación, una auditoría de las cuentas municipales». Su autor es Manuel Marvizón de la Fuente, Letrado Jefe del Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla.
Ganemos habló de realizar una auditoría ciudadana como la que se ha hecho con la deuda de muchas entidades municipales.
Hombre, con todo respeto. ¿me puedes explicar qué es una auditoría ciudadana de la deuda, y en qué municipios y con qué resultado se han realizado?
La pregunta, perdona, es retórica. Creo que comprenderás que los trabajos técnicos deben realizarlos los técnicos. No cualquier técnico, por cierto, sino aquél o aquéllos que demuestren previamente que están autorizados para ello, fundamentalmente por su experiencia y resultados acreditados.
Los ciudadanos debemos exigir algo así, porque ni nosotros, ni los concejales son capaces de ello. Sí estamos, sin embargo, capacitados para recibir explicaciones claras, sin ambages, definitivas, explicaciones que, por un lado nos permitan identificar las actuaciones realizadas con fondos públicos (transparencia) y que tengan, por otro, un efecto ejemplarizante para no volver a cometer errores de actuación que se pudieran detectar (eficacia/eficiencia).
Los responsables públicos (políticos y funcionarios) deben actuar con sentido de la responsabilidad a base de hechos y no de simples declaraciones.
No se van a auditar las cuentas porque los primeros interesados en que no se haga son los funcionarios.
Entre la falta de interes de unos y el desconocimiento y falta de preparacion de otros no se hara absolutamente nada.
Vaya tropa..
En cambio en Puertollano la solicita el mismo partido y allí si que se va a hacer.
Es que no se dan cuenta que esto es un tema que queremos todos los votantes??
Esperó que no se le pida el trabajo a ese tribunal de cuentas que tanto ha salido a la palestra pública por ser destino de viejos elefantes y que revisan e informan tras unos cinco años despuès de recibir la documentación.
Jajajjj menudo país…..!
Coño Manolo a ver como combinas el pasado romería con el presente zamorista. Pregunta a algún funcionario de Diputación experto en tácticas camaleonicas .
Romerista
Saben ustedes que este funcionario gana más de 110.000 euros al año,pues también es interventor en el ayuntamiento de Miguelturra.
Y gafo lo combina cambiando de vestuario pues cuando estaba el Pp se ponía traje y corbata en las sesiones plenarias ahora se pone camisa de mangas cortas y vaqueros.
Yo me meo toa.
Cuanto pelota hay son siervos del Ppsoe.
Efectivamente, ganan un pastizal y sólo se dedican a rellenar formularios y plantillas que les vienen dados. Imaginación, creatividad, eficiencia, racionalidad en el gasto, fórmulas organizativas menos jerarquizadas, etc.. Eso no, claro, que hay que tener la sartén por el mango. El Ayuntamiento de Ciudad Real, y la Diputación, cuyo interventor también añade a su labor la propia del Ayuntamiento de Puertollano, son elefantes con cabeza de ratón (organizativamente hablando) y necesitamos tigres con cabeza de tigre.
Pero claro, la pela es la pela. Privilegios y vida cómoda. Los políticos, por su parte, ni se enteran, ni se quieren enterar.