“Recortes sociales y dignidad”. Es el nombre escogido por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha para desarrollar una serie de seminarios en Cuenca, Alcázar de San Juan y Azuqueca de Henares con los que llamar la atención sobre el «declive» de los presupuestos destinados a los servicios sociales y su efecto directo en la población más desfavorecida.
José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, ha sido el encargado de poner voz y datos. En el caso de Castilla-La Mancha, Ramírez ha explicado que “cada día se recorta un millón de euros” en prestaciones sociales, que “hay doce mil quinientas personas menos con derecho a ser atendidos que en mayo de 2011” o que “ha subido en 16 puntos porcentuales el índice de pobreza, según el INE, siendo esta comunidad donde más ha avanzado la pobreza”.
El resultado de esta política de recortes sociales se observa en algunos de los datos oficiales que ha expuesto a los asistentes al seminario, como que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recortado en 325,4 millones de euros su presupuesto para servicios sociales durante la actual legislatura, pasando de 938,6 millones de euros en 2011 a 613,2 en 2014”, lo que se traduce en una reducción de “uno de cada tres euros que se invertían para atender a la población más vulnerable”. El presidente la Asociación de Directoras y gerentes de Servicios Sociales también ha incidido en otros indicadores extraídos de datos oficiales “y no de otras asociaciones”, ha insistido, como el que apunta a que Castilla-La Mancha es la Comunidad que menos cobertura de ofrece en materia de Rentas Mínimas de Inserción, concretamente 2,7 por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media estatal, que es de 13,5, lo que supone “que un ciudadano de Castilla-La Mancha tiene cinco veces menos posibilidades de percibir una Renta Mínima de Inserción que otro ciudadano que viva en cualquier otra Comunidad”.
La suma de todos estos elementos ha influido directamente en “las personas que necesitan de los Servicios Sociales para poder tener una vida digna”, por lo que se ha creando “una sociedad cuyo ADN es la desigualdad, la precariedad y la pobreza”, ha concluido.
El papel del trabajador social y de los servicios sociales
Con esta serie de seminarios, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha pretende que este colectivo profesional reflexione y actúe sobre una realidad que forma parte de su día a día para dar una opinión profesional y formada sobre ella. “Los trabajadores sociales somos sensores de la sociedad, estamos cercanos a la gente que más sufre”, ha matizado Ramírez, “por eso necesitamos que la profesión del Trabajo Social se comprometa con el cambio que se ha producido para evitar que haya una fractura de la cohesión social” y ha invitado a los profesionales del sector “a denunciar lo que está ocurriendo para poder cambiar la situación desde el empoderamiento de la gente”.
Pero Ramírez también ha apuntado a soluciones inmediatas a adoptar por las administraciones públicas para revertir la situación actual, como “recuperar el nivel de inversión en Servicios Sociales que había en 2011” y que cifra en 900 millones de euros, 300 millones menos de la inversión actual. Además ha reconocido la necesidad de poner el Sistema de Atención a la Dependencia como Ley, pero también la necesidad de hacerla cumplir. También ha incidido en la importancia de “incrementar las Rentas Mínimas de Inserción”. Y, por último, la urgencia de “dar un avance a la Ley de Servicios Sociales castellano-manchega” un tema en el que ha insistido en que los profesionales del Trabajo Social tienen que jugar un papel importante para “aprobar el Catálogo de Prestaciones y Servicios y hacer el Plan Estratégico”.
Reforma de servicios locales
Por último, el seminario, celebrado en cuenca en el Salón de Actos de Cáritas, también ha abordado el futuro de la Red Municipal de Atención a los Servicios Sociales ante la reforma de la Administración local.
En este sentido, José Manuel Ramírez ha apuntado que “desde el 1 de enero de 2016 esas competencias son impropias”, por lo que a partir de este momento “se van a ir desmantelando determinados servicios que ellos consideran impropios”. Ramírez ha aludido a algunos de los servicios que estarían en peligro para apelar a un pacto entre instituciones para que no se lleve a efecto este desmantelamiento de la red de asistencia de proximidad. Según ha explicado, servicios como la información y orientación a la ciudadanía, con un trabajador social de referencia, “igual que contamos con un médico de cabecera”, la ayuda a domicilio, “para mantener a la gente en su entorno cuando es dependiente”, el alojamiento alternativo en forma de “albergues de transeúntes, residencias para mayores, centros de discapacitados o los centros de inserción social correrían peligro».
