La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, ha denunciado hoy el «frente de izquierdas radical contra el PP en la región que representan Partido Socialista, Ciudadanos, UPyD, IU y Podemos».
El acto ha tenido lugar este jueves en Toledo, donde todas estas fuerzas políticas han acordado –quedando plasmado a través de una firma- derogar la Orden de Dependencia aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en esta legislatura, en caso de tener la representatividad suficiente para hacerlo tras las elecciones del próximo 24 de mayo.
«Todas ellas habían sido convocadas por el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña, la única organización que no apoyó la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Cortes regionales por unanimidad el pasado 13 de noviembre y que establecía, entre otras medidas, dedicar el 1% del PIB de la Castilla-La Mancha vía presupuestos a este colectivo», ha recordado Riolobos.
Riolobos señala que no es la primera vez que se produce este acuerdo anti PP, puesto que el pasado 15 de abril de 2015 este mismo “frente de izquierdas radical” firmó también el denominado “Pacto por la Sanidad Pública en Castilla-La Mancha”. “Ninguna de estas formaciones políticas dijo en 2011 qué se debía hacer con una Sanidad pública que debía 5.000 millones de euros y 600.000 facturas impagadas por el anterior Gobierno socialista, situación a la que el actual Ejecutivo regional ha conseguido hacer frente”, ha constatado.
El Gobierno del PP trabaja por el sector de la Dependencia
Frente a ello, la portavoz del PP ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reunido hoy al Consejo Asesor de Servicios Sociales, en el que están representadas las principales asociaciones del sector de la Discapacidad, con el CERMI a la cabeza, para abordar los asuntos que verdaderamente importan a las personas con discapacidad.
En esta reunión se han incluido novedades en el nuevo decreto que regulará la dependencia en Castilla-La Mancha, como poder compatibilizar el Centro de Día con el servicio de Ayuda a Domicilio, o que las personas puedan recibir ayudas económicas para contratar servicios cuando no haya una plaza pública disponible.
«Además, la Junta de Castilla-La Mancha y las principales asociaciones han acordado poner en marcha prestaciones económicas específicas de hasta 3.600 euros al año para adaptar la casa o el vehículo, con el objetivo de que la persona dependiente no vea limitada su autonomía y movilidad», dice.
«Con ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha responde a una demanda del sector de la discapacidad, estableciendo mayores ayudas económicas que permitan la contratación de asistentes personales para las personas con discapacidad, a fin de que pasen de depender de terceros a tener una vida propia», subraya.
A juicio de Carmen Riolobos, el trabajo conjunto de estas asociaciones y el Gobierno de Castilla-La Mancha permite incorporar propuestas para que las personas dependientes sean el centro de todas las decisiones en materia de Dependencia, sin que exista una intencionalidad política oculta, a diferencia de lo que ha ocurrido hoy con el pacto firmado por PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD.
