El Partido Socialista de Manzanares ha anunciado que llevará a cabo una fiscalización sobre varias obras llevadas a cabo por el equipo de Gobierno del Partido Popular que comanda el alcalde, Antonio López de la Manzanara, «ante las prisas, las adjudicaciones dudosas y el inicio de proyectos sin los pertinentes permisos», asegura el PSOE en una nota.
Un anuncio realizado por la concejala del Grupo Socialista, Beatriz Labián, quien denuncia el giro radical dado por los ‘populares’ manzanareños a pasar de aplicar duras políticas de austeridad “porque no se debía gastar lo que no tenemos cuando ahora se han destacado con el rescate de edificios en situación de ruina inminente y al endeudamiento desmedido, un cambio de acción de gobierno y de discurso que sospechosamente se produce a mes y medio escaso del inicio de las elecciones».
Junto a las dudas y el comienzo de obras sin permisos, Labián también apunta a «un evidente oscurantismo, una manipulación en silencio y mentiras sobre situaciones concretas como la compra de la Fábrica de Harinas que obligó al Grupo Municipal Socialista a pedir un pleno extraordinario para que se les dieran las explicaciones que les fueron negadas en sesión plenaria sobre cuál era el objeto de la modificación de créditos aprobada en el mes de noviembre».
“Al final obtuvimos respuesta, ya que esa modificación era para comprar dicha fabrica que la inmobiliaria del alcalde ha intentado vender durante años, una operación que ha escandalizado a la mayoría de los vecinos y que nos lleva a concluir que ‘la mujer del César no solo debe ser decente, sino además parecerlo’”.
La responsable socialista califica de “descontrol absoluto” la forma en la que se han gestionado los diferentes proyectos de obras que se han proyectado desde el Consistorio.
En el proyecto de reforma del caz del río Azuer denuncian que «la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la legislación vigente ha quedado más que patente porque el PP aprobó el proyecto sin los informes que la Ley de Contratos del Sector Público establece, entre otros, no existía el informe de ADIF. Tanto es así que la obra no está autorizada a su paso por la vía ferroviaria, lo que hace que en la actualidad la obra se encuentra paralizada».
Con respecto a la reforma de la Plaza de la Constitución, «las obras se adjudicaron sin los informes preceptivos y vinculantes de la Comisión Provincial de Patrimonio-Histórico, incumpliendo por tanto lo establecido en la legislación vigente. Dicha adjudicación se realizó con un informe técnico que no establecía cuál era la mejor opción, optando los dirigentes del PP por una empresa que proponía como mejora el asfaltado de 8.000 metros cuadrados de 4 cm de grosor, cuando existía otra empresa que proponía 15.000 metros a 5 cm. Como era de esperar, dicha empresa presentó recurso contra la adjudicación y el asunto puede desembocar en el ámbito judicial».
«Finalmente el proyecto que se ha desarrollado no ha sido el que fue premiado por la comisión de sabios creada al efecto, ni el que eligieron los ciudadanos, a pesar de que pedir la opinión de los vecinos para después elegir un proyecto diferente tuvo un coste para el municipio de 8.000 euros», sostiene el PSOE.
Otra de las actuaciones que los socialistas ponen bajo sospecha es el encargo de la redacción de la Documentación y Asistencia Técnica para los Terrenos del nuevo Polígono Industrial por más de 99.900 euros. “Trabajo que podrían haber desarrollado los Servicios Técnicos Municipales, ahorrándonos unos 80.000 euros”. «Las exigencias recogidas por el pliego de condiciones redactado por la Jefa de los Servicios Técnicos hizo que prácticamente ningún estudio de arquitectura de la región los reuniera y que finalmente hubiera que contratar a un estudio vinculado profesionalmente al ámbito familiar de la arquitecta municipal», señala.
«Todas estas actuaciones, además de generar millones de deuda en el Ayuntamiento de Manzanares, han creado numerosas dudas en la inmensa mayoría de los vecinos, por lo que al PSOE de Manzanares le sobran los motivos para incluir en su programa electoral llevar a cabo una rigurosa fiscalización sobre estas y algunas otras actuaciones” porque consideran que estas obras son innecesarias y excesivamente costosas para el pueblo. Por ello revisarán y fiscalizarán todos expedientes “y exigiremos la depuración de las responsabilidades políticas que correspondan”, ha concluido Beatriz Labián.
