María Ángeles García es miembro del área de Sanidad del Consejo Ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha.- Hace apenas una semana conocíamos una noticia que tiene que ver con uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad: los niños. Las familias de casi 30 niños que fueron derivados desde el SESCAM a la Clínica Milagrosa de Madrid por intervenciones de cirugía menor, han denunciado públicamente al Servicio de Salud, y en breve lo harán de forma individual a través de la Policía, por el trato recibido y las negligencias resultantes de los actos médico-quirúrgicos realizados en dicha clínica.
Estos casos procedentes de todas las provincias de Castilla-La Mancha, acabaron en dicha clínica donde se intervinieron desde diciembre de 2014 una media de 150 niños al mes y cuya calidad es incuestionable para el consejero de Sanidad Echániz, por las » importantes personalidades» atendidas en ella, como consecuencia de las largas listas de espera de sus hospitales públicos de referencia, y en algunos casos, desde alguna otra clínica concertada de la región.
Las denuncias se refieren al trato al que se vieron sometidos pacientes y familias (en pasillos, como ganado), sin información clínica acompañante (el médico no tenía historia ni informes), dados de alta sin las condiciones adecuadas (bajo los efectos de la anestesia), y con fallos y errores en las intervenciones, algunos irreparables, y otros que van a necesitar re-intervenciones. En fin, una serie de barbaridades, por las que nadie del servicio de salud respondió hasta que el caso salió en los medios de comunicación y de las que seguramente nadie se hará responsable. A esta situación se llega tras aumentar de manera ostensible la lista de espera mediante la infrautilización de los medios quirúrgicos públicos disponibles en la red sanitaria castellano-manchega y el recorte drástico de personal sanitario. Sin ir más lejos, el Sindicato de Enfermería, SATSE Albacete, ya denunció el desmantelamiento de la Unidad de Pediatría del Complejo Hospitalario y Universitario (CHUA) de Albacete, en la que se han cerrado 10 camas y se ha reducido el personal de enfermería en esta planta.
La estrategia en materia de sanidad aplicada por el gobierno de Cospedal es siempre la misma: se deteriora el servicio a base de recortes y de una gestión ineficiente, desmantelando los hospitales regionales, lo que aumenta la lista de espera para justificar así las derivaciones y conciertos a clínicas privadas cuyo coste es sufragado con dinero público. La crisis en sanidad es una oportunidad de negocio que pagamos todos y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. No hay que olvidar sin embargo que la política de conciertos con el fin de disminuir las listas de espera ya fue una estrategia introducido por el gobierno anterior del PSOE.
Y siguiendo en la senda privatizadora, hace apenas unas semanas, y a 2 meses de las elecciones autonómicas, el Gobierno de la Junta y sin anuncio previo, firmó el contrato que permite la reanudación de las obras del Complejo Hospitalario de Toledo, entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y la Unión temporal de empresas (UTE) compuesta por las empresas Acciona, OHL y ACS adjudicataria de las obras tras ser la única empresa que se presentó a licitación pública. Nada más acceder al poder, el PP había paralizado el proyecto iniciado por el PSOE en la anterior legislatura.
Posteriormente, en agosto de 2014 el gobierno de Cospedal sacó a concurso la privatización parcial del futuro hospital mediante el modelo PFI (iniciativa de financiación privada), de tal manera que la empresa adjudicataria se compromete a terminar las obras del hospital y a cambio se hace cargo de la gestión de la parte “no sanitaria” por un periodo de 30 años durante los cuales, recibe un canon de la administración pública. Este es un modelo muy utilizado en Madrid de cuya administración proceden la mayor parte de los gestores sanitarios nombrados por Cospedal, aunque también en Baleares y Castilla y León.
Hay que recordar que esta nueva forma de privatización se ajusta a los denominado “ nuevos modelos de gestión” que se inició con el RD del 97, con el objetivo que el gasto público en inversiones no computara como deuda para no exceder el techo de déficit; eso sí hipoteca por 30 años a los ciudadanos y encarece hasta por tres veces los costes en el mejor de los casos.
El artículo 43 de la Constitución española dice textualmente que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. Sin embargo la última actuación del gobierno de la región en lo relativo a la construcción del hospital de Toledo, liderada por la presidenta de la comunidad y el consejero de sanidad Echániz, sigue respondiendo a una estrategia encaminada a la descarada privatización de la sanidad pública (y de otros derechos básicos como enseñanza y servicios sociales). Recordemos que en un primer momento se intentó privatizar la gestión de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares y pudo paralizarse; el de Toledo es el último cartucho que les queda por gastar.
Hasta ahora parecía que el temor al desgate electoral y a las movilizaciones sociales y sanitarias, modulaba la puesta en práctica de estas medidas, pero ante la certeza de la debacle electoral, el Gobierno de la Junta parece haber cambiado de estrategia, acelerando y extendiendo la privatización a todas las áreas del sistema para que antes de las próximas elecciones el desmantelamiento del sistema sanitario se consolide y el proceso esté avanzado. Así, se está poniendo en práctica una política de tierra quemada acelerando el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para el sistema sanitario. Confían en que si pierden las elecciones, hecho muy probable, un futuro gobierno defensor de lo público tendría dificultades para recuperar lo privatizado. Ese es su objetivo aunque parezca suicida, además de dejar “atado y bien atado” y cuanto antes el negocio para sus “amigos”.
Así pues a pocos días de las elecciones, Cospedal blinda un contrato con una UTE (Acciona, OHL, Desarrollo Concesiones Viarias Dos SL (Dragados y ACS) el mayor contrato público de la historia de Castilla-La Mancha (alrededor de 2.000 millones de euros).
Mientras se recortan miles de millones de euros en sanidad y educación, Cospedal regala directamente 538 millones de euros a la UTE para la construcción y gestión privada del futuro hospital de Toledo y compromete la salud de los castellano-manchegos y manchegas durante nada menos que 30 años al privatizar la gestión. Un contrato que se encarece además porque el modelo que quiere imponerse supone sobrecostes de cientos de millones sobre lo presupuestado inicialmente (1609 millones). No se entiende este aumento, máxime cuando las obras están en su mayor parte realizadas y cabría esperar que la inversión de la UTE concesionaria fuese menor. Quizás por eso mismo, para justificar gastos y presupuestos, la UTE se plantea demoler parte de la obra ya realizada con fondos públicos. Todo indica que estamos ante un episodio de “favor a los amigos” a costa de los fondos públicos.
Desde Podemos-CLM exigimos al gobierno de la región que haga públicas las características del nuevo contrato, que expliquen a la ciudadanía cómo y por qué se ha firmado deprisa y corriendo y sin previo aviso, con sobrecostes y a una semana de entraren el decisivo ciclo electoral. La falta de transparencia sigue siendo una de las señas de identidad de su forma de hacer política. Podemos auditará el gasto en aras de la transparencia en la gestión de nuestra salud. Y desde ahora mismo nos comprometemos, si está en nuestra mano, a revertir este proceso, devolviendo la gestión de la sanidad a la ciudadanía mediante la gestión pública directa de todos los servicios del hospital.
Por otro lado, las obras aún precisan de la licencia municipal para poder llevarse a cabo. Y aquí el alcalde de Toledo, Emiliano García Page, que dice apostar por una gestión y financiación pública del hospital, tiene la pelota en su tejado. Ahora puede demostrar si lo que dice es una promesa electoral o está decidido desde el ayuntamiento a no tramitar la licencia de construcción de obra hasta que no se cumplan todos los requisitos legales y de transparencia que un asunto tan relevante requiere. Una licencia del ayuntamiento de este tipo, exige una revisión exhaustiva y muy cuidadosa del proyecto.
Por norma general, una licencia de construcción tarda meses. Esperemos que ahora no le entren las prisas al ayuntamiento y se abstenga de realizar la supervisión y procesos para que el proyecto se ajuste a las condiciones de normativa. Nuestro compromiso es en última instancia en el ámbito estatal, derogar la ley 15/97 que permitió la introducción en el sistema sanitario de la gestión privada y que se ha demostrado menos eficaz, humana y más cara para los bolsillos de los contribuyentes.
