Lola Merino (Presidenta provincial y nacional de AMFAR)
El camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres es algo innegable, aunque en la sociedad española siguen existiendo multitud de indicadores que sirven como muestra fehaciente de la discriminación que sufren todavía las mujeres en muchos ámbitos de la vida social y económica. Por el desempeño del mismo trabajo la mujer puede llegar a cobrar un 40% menos que el hombre; cuatro de cada cinco contratos a tiempo parcial están firmados por mujeres; sólo uno de cada tres cargos públicos es mujer, y la presencia femenina en los consejos de administración de las grandes empresas cubre escasamente el 3%.
Como se puede apreciar lo positivo de estas estadísticas no son sus resultados, sino el hecho de que se elaboren contemplando las distinciones según el género. De este modo, se da cumplimiento a uno de los acuerdos tomados en la I Cumbre Mundial de la Mujer celebrada en Beijing hace 11 años que, entre otros aspectos, instaba a las Gobiernos a realizar estudios que pusieran de relieve la situación real de las mujeres.
Sin embargo, y a pesar del espectacular avance de la mujer en todos los sectores durante los últimos 20 años, una vez más y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, los distintos colectivos femeninos volvemos a poner sobre la mesa los datos de la inadmisible discriminación que aun recae sobre la mujer del siglo XXI y la necesidad de encontrar herramientas que ayuden a acabar con estas diferencias. El tiempo da y quita la razón, por lo que pronto veremos si la recién aprobada Ley de Igualdad consigue corregir estas diferencias históricas, que a día de hoy nos resultan inadmisibles.
Nadie pone en duda que la ley es muy ambiciosa en su contenido, pero no queda por ello exenta de discusión. Según los empresarios -que la han calificado como “un rejón de muerte al Diálogo social”-, puede llevarnos a hombres y mujeres a un fuerte enfrentamiento. La patronal recalca que la nueva norma, en lugar de promover y estimular medidas para la igualdad, pone el énfasis en el mero cumplimiento coercitivo de obligaciones impuestas por ley, como puede ser entre otras, el de que los consejos de administración sean paritarios. Señores, la paridad está servida y una vez más, se convierte en objeto de debate social.
De una parte estarían los que defienden las políticas basadas en la definición de igualdad adoptada por la Comisión Europea en el año 1998 como “toda ausencia de barrera sexista para la participación económica, política y social”; y en el lado contrario, los partidarios de “obligar por ley” a que las mujeres accedan en un porcentaje a las distintas esferas socioeconómicas del país.
En mi opinión, la paridad por si sola no garantiza la igualdad a las mujeres que quieren compatibilizar el trabajo con su vida familiar. Prueba de ello es el gobierno paritario de Rodríguez Zapatero, donde los ocho ministros suman un total de 22 hijos, e igual número de ministras suman tan solo 5. Por lo tanto, considero más importante que la obligatoria paridad, el que la maternidad y el cuidado de la familia no sean impedimentos para el ejercicio de una profesión en igualdad de condiciones con un hombre.
Las mujeres no podemos ni debemos renunciar a nuestra condición de madres por el mero hecho de tener que desempeñar un puesto de trabajo. La revolución igualitaria en el mundo laboral debe pasar por permitir que hombres y mujeres, padres y madres podamos conciliar la vida laboral y familiar.
Sin ir más lejos, un total de 379.500 trabajadoras españolas tuvieron que abandonar su empleo en 2004 por no poder atender simultáneamente la familia y el trabajo, frente a los 14.500 hombres que lo hicieron por estos mismos motivos.
Aunque tampoco debemos olvidar que una de las grandes barreras que tradicionalmente han impedido la plena participación de las mujeres ha sido la concepción machista de la sociedad que asignó distintos roles y funciones a hombres y mujeres, relegando a estas últimas al desempeño casi exclusivo de las tareas del hogar. Un reparto de roles que aún sigue existiendo y que es el germen de la desigualdad. Una desigualdad que llega a alcanzar su máxima expresión en la violencia ejercida contra la mujer.
Por lo que la imposición paritaria de mujeres en las empresas –con todos los defectos y virtudes que ello implica- puede convertir la igualdad en un derecho que las mujeres podamos ejercer y que los demás deben cumplir “por ley”.
Por cierto, que bien hubiera quedado el presidente Rodríguez Zapatero si tras escuchar la contundente frase del ministro Bono “si la mitad de los generales fueran mujeres, nos iría mucho mejor”, le hubiese cesado y hubiera puesto al frente del ministerio de defensa a una mujer, para dar ejemplo.
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