CSI·F pide al Defensor del Pueblo que recurra por inconstitucional el descuento salarial del 3% para 70.000 empleados públicos de la Junta 

El sindicato CSI·F ha pedido al Defensor del Pueblo que interponga recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, ya que considera que el artículo que reduce las retribuciones a los empleados públicos en un 3%, «sin parangón en el resto de España», es «inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad recogido en los artículos 14 y 41 de la Constitución Española de 1978».

En una nota, CSI·F pide a Cospedal que «cumpla su promesa, cuando afirma que ha llegado el momento de devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho durante la crisis» y le recuerda que el 13 de agosto de 2012 se publicó la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, que establecía en su artículo 5. Retribuciones, que “la cuantía del complemento específico y conceptos asimilados que perciba el personal funcionario y eventual que desempeña funciones retribuidas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se reducirá en un 10%, hasta un máximo del 3% del salario bruto individual, respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2011”.

El sindicato denuncia que «esta medida excepcional no ha sido corregida en los años posteriores en las Leyes de Presupuestos de Castilla-La Mancha y ha vuelto a aparecer -por cuarto año consecutivo- en la Ley de Presupuestos para 2015, a pesar de que se ha superado la crisis económica que se padecía en el momento de ser redactada la Ley 1/2012, lo cual supone una discriminación y un agravio comparativo frente a otros empleados públicos, ya que ante situaciones iguales se da un trato desigual».

10.000 firmas a la Junta

CSI·F ha presentado más de 10.000 firmas, «realizado denuncias públicas en múltiples ocasiones, llevado a cabo concentraciones en todas las provincias y defendido ante los grupos parlamentarios del PP y del PSOE la injusticia de esta sangría económica reiterada hacia uno de los colectivos más castigados por la crisis y que única en las administraciones públicas españolas».

El sindicato independiente señala que Cospedal «debe cumplir su palabra y le pide que devuelva a 70.000 empleados públicos lo que les sigue quitando año tras año, porque ya está bien de cuadrar las cuentas de la JCCM con los salarios de funcionarios y laborales».

CSI·F indica que «esta brutal medida salarial -junto a otras como la retirada de la Extra de Navidad de 2012- supone para los 70.000 empleados públicos de Junta y UCLM, una pérdida de poder adquisitivo superior al 30% en los últimos años, e inaceptable en un escenario en el que, según declaraciones de la propia Cospedal, el crecimiento económico llegará al 2’8% este año, estará por encima de la media nacional y nos convertirá en una de las regiones de toda Europa que va a crecer más”, concluye.

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