Julio Plaza Tabasco (Geógrafo)
La sustitución de don José Ignacio Sánchez Mora por don Enrique Calleja en la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha hecho que La Mancha aparezca de nuevo en los titulares de algún periódico nacional (ABC, 18 de enero). La Mancha ya era un ejemplo a nivel mundial de la mala gestión de las aguas subterráneas por la incapacidad institucional de coordinar adecuadamente las demandas hídricas de espacios naturales, abastecimientos y actividades económicas. Cuestión nada infrecuente en el mundo pues la agricultura exige a nivel mundial sobre el 80% de los recursos existentes.
El problema en La Mancha estaba creado en 1985 cuando se aprobó la Ley de Aguas, pues ya se documentaban unas 120.000 Ha en regadío que exigían unos 600 Hm3 con los cultivos y las técnicas de riego de entonces: el doble de las entradas renovables. De hecho la administración hidráulica declaró sobreexplotado el acuífero 23 en 1987. Sin embargo, el modelo económico basado en la explotación de las aguas subterráneas no había alcanzado aún las cotas deseables, y además la propia convergencia europea nos exigía un esfuerzo complementario, que se trasladaba en las ayudas de la PAC, las cuales favorecieron aún más el desarrollo y la transformación agraria sin las consideraciones ambientales adecuadas; aspecto que se intentó revisar con el Plan de Compensaciones de Renta de los años 1992 a 2000, el inicio de la instalación de caudalímetros, y el fortalecimiento institucional de la confederación y las comunidades de regantes.
Al mismo tiempo, el gobierno regional estaba convencido de un modelo de desarrollo territorial agrarista, manifestado en el continuo contraste del regadío castellano-manchego con el de otras comunidades. Por ello exigía continuamente más regadíos en su propuesta al Plan Nacional de Regadío, incluso sabiendo cuál era nuestra espada de Damocles. Todo ello se resume en un continuo respaldo hacia los intereses agrarios que ha ido fortaleciéndose con el tiempo consolidándose como un derecho de facto sobre las aguas subterráneas. El gobierno regional no ha considerado que la gobernanza, se debe más al territorio y al futuro de sus habitantes, utilizando para ello el sentido común y su capacidad de gestión y planificación, que a los intereses de un único colectivo, por muy influyente que sea electoralmente.
De esta forma podemos entender que la apropiación del agua por los agricultores para la agricultura es parte de un proceso de desarrollo territorial influido por factores sociales y económicos extremadamente complejos, pero no por ello difíciles de tratar racionalmente.
Por otro lado, la propiedad de la tierra ha condicionado históricamente el acceso al recurso. La capacidad económica de transformación a regadío depende del capital disponible y de las posibles garantías hipotecarias que se derivan de la propiedad, de ahí que las grandes y medianas propiedades de La Mancha fueran las que acometieran en primer lugar la puesta en regadío. Además de este factor, la localización de las grandes y medianas propiedades en el espacio geográfico de La Mancha ha coincidido en gran medida con las zonas centrales del acuífero, esto es, con las mayores posibilidades de acceso al recurso. En consecuencia, las rentabilidades han sido elevadísimas y ha permitido intensificar aún más el campo durante los años siguientes con cultivos exigentes, que ahora son sustituidos por viñedos en espaldera igualmente dependientes del escaso recurso. Por otro lado, las pequeñas propiedades, dedicadas históricamente en su mayor parte al viñedo, se vieron favorecidas al riego tras el levantamiento de su prohibición en 1995, por las consecuencias que tuvo en el medio agrario la sequía de los años 1994 y 1995. Las siguientes sequías y la reestructuración del viñedo no han hecho sino incentivar esa tendencia. Otras explotaciones pequeñas, dedicadas a los cultivos hortícolas y cultivos intensivos como la alfalfa o la remolacha han ido adquiriendo o arrendando tierras, hasta formar parte de los medianos y grandes propietarios.
En consecuencia, todas las explotaciones, con derechos y sin derechos, han participado y participan en una “guerra de pozos” sine die, aprovechando la debilidad de las instituciones, posiblemente hasta que las aguas subterráneas desaparezcan. En este escenario es interesante considerar la delicada situación del gobierno regional por no clarificar y valorar adecuadamente el problema y establecer un marco regulador del desarrollo agrario en La Mancha, que considerase tanto los riesgos internos que el problema puede generar a la propia agricultura, como al conjunto del desarrollo territorial. Al menos este análisis no se ha hecho público.
Nos enfrentamos con una guerra de pozos y derechos donde la Confederación Hidrográfica del Guadiana intenta buscar soluciones, participadas desde hace dos años, a través del trabajo preparatorio del “segundo” Plan Espacial del Alto Guadiana, en cumplimiento de lo establecido constitucionalmente y por las directivas europeas de aguas y de medio ambiente. Esperemos que la actitud de la Junta de Comunidades cambie con la llegada del nuevo nombramiento y sea posible un “tercer” y definitivo PEAG.
Frente a este deseo, sin embargo, no es muy esperanzador leer en los medios de comunicación las siguientes declaraciones de la consejera de Agricultura “puede que algunos de los agricultores utilicen mal el agua, no lo voy a negar, pero la mayoría lo hace de forma correcta», cuando todos sabemos que el problema no viene de la actitud correcta o incorrecta de los agricultores sino de una inadecuada gestión global de los usos que se hacen del agua, pues aunque todas las actitudes de los agricultores fueran impecables y dentro de la legalidad, y la Junta facilitase el desarrollo eficaz de los sistemas de riego y el trasvase de recursos externos a La Mancha, su suma seguiría generando una situación insatisfactoria para todos y deficitaria en recursos hídricos, que sólo puede controlarse con la regulación y planificación de los usos del suelo, que son, en definitiva competencias, exclusivas de nuestra autonomía.
