Juristas de una decena de universidades se han dado cita en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para debatir con los estudiantes en torno a la reforma constitucional y el Estado de las Autonomías. El XXV Seminario de Estudios Autonómicos, dirigido por los profesores Luis Ortega e Isaac Martín, ha sido clausurado este mediodía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo por el rector, Miguel Ángel Collado.
En su intervención, el rector destacó que esta iniciativa constituye una “fiesta académica” dado que los 25 años que cumple suponen una oportunidad “para reflexionar sobre lo hecho y lo que vamos a hacer”. Tras cinco lustros celebrando el seminario con la participación de juristas de prestigio, la actividad “está consolidada y es valorada en España y en Europa”, dijo Collado. El rector reconoció el “entusiasmo” de los profesores de Derecho administrativo que promueven el seminario y afirmó que en su contexto “se debaten temas que preocupan a la sociedad con la pluralidad de opiniones que ofrece la diversidad de los ponentes”.
El profesor Isaac Martín, que participó en la clausura junto al rector y al catedrático de la casino UCLM y magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Ortega, manifestó que la iniciativa ha constatado la conveniencia de reformar la Constitución y que es necesario un consenso que puede alcanzarse mediante el debate. También señaló que no es posible descargar solo en el Tribunal Constitucional la responsabilidad de resolver los problemas del país. Otra de las conclusiones es que no se puede retroceder en el estado social. “Habrá que replantear instituciones o eliminar duplicidades, pero no podemos rebasar los límites que establece la Constitución”.
La primera jornada del seminario abordó asuntos como los problemas constitucionales del referéndum consultivo, los niveles territoriales de gobierno, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o el pluralismo territorial en la democracia. En la segunda se ha hablado de la propuesta soberanista catalana o del desarrollo autonómico de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, entre otros.