La atención informativa hace meses que se desvió de su conflicto laboral con los responsables del Parque Móvil. Los conductores de asuntos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comenzaron hace un año una serie de movilizaciones y encierros para tratar de mantener sus puestos de trabajo frente a un plan de recursos humanos que pretende reducir la plantilla de 154 conductores a la mitad y trasladar al resto de trabajadores a otros puestos de la administración regional para los que, aseguran, carecen de cualificación.
Denuncian que mientras ellos, los conductores oficiales de la Junta, que accedieron a sus puestos tras aprobar una oposición, se ven obligados a pleitear para mantener sus puestos de trabajo, no se cuestiona a los conductores-asesores contratados «a dedo» por el Gobierno regional.
«Seguimos defendiendo nuestro puesto de trabajo; defendemos de esta forma un servicio público eficaz, que hemos demostrado a los responsables de la Junta que es rentable», asegura Jesús Gascón, delegado de personal de CCOO. Desde el inicio del conflicto, los conductores han advertido del aumento en el coste del servicio que supondrá esta medida de la que, auguran, se beneficiarán empresas privadas. En ese sentido, Gascón afirma que las pretensiones del colectivo son por un lado defender su puesto de trabajo y al mismo tiempo mantener una Administración regional «ágil y equilibrada», para que los castellano-manchegos «no gasten más de lo necesario en unos servicios públicos de calidad».
Asimismo, hace hincapié en que los conductores oficiales realizan su trabajo en todos los departamentos de la Administración Pública regional. «Trasladamos a los técnicos-funcionarios fuera de su centro de trabajo; hacemos trabajos de traslado de paquetería y correo entre los diferentes centros de la Administración, en la mayoría de los casos aprovechando los desplazamientos con los funcionarios; hacemos traslados urgentes de muestras veterinarias y de salud pública a los diferentes laboratorios dentro y fuera de la región; y una infinidad de viajes para darle, como ya hemos dicho, agilidad y efectividad a la gestión de la Administración de la Junta».
Los conductores advierten de las consecuencias de llevar a cabo el plan de recursos humanos. Por un lado, señalan que la mitad de la plantilla se recolocaría en una serie de puestos de trabajo para los que no están cualificados; además, se privatizaría el servicio de paquetería y los funcionarios se verían forzados a conducir los vehículos oficiales, perdiendo la capacidad de coordinar ambos servicios cuando coinciden destinos y rutas, que actualmente garantizan los conductores del Parque Móvil.
A través de los sindicatos representativos, estos trabajadores presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por conflicto colectivo contra el plan de recursos humanos; denunciando, además, la contratación «a dedo» de conductores-asesores, «que cobran casi el doble que nosotros por ocupar puestos de empleados públicos». Jesús Gascón recuerda que el pasado mes de noviembre el TSJCLM «entendió los trastornos que ocasionaría en caso de prosperar el Plan de Recursos Humanos» y paralizó cautelarmente su ejecución hasta que se dicte sentencia. «A pasado un año desde que comenzaron las movilizaciones y estamos a la espera de que se pronuncie el TSJCLM», concluye el delegado de personal de CCOO.
