Santos G. Monroy.- El edificio Joan Miró 14 se ha convertido en un peligroso gueto, a juzgar por las continuas denuncias. Este bloque de viviendas de protección pública de Puertollano, que sufre desde hace dos años una brutal degradación física y social, sigue siendo el escenario de una imparable escalada de tensión, y todo ello frente a la impotencia de las autoridades, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local. El último episodio acaeció el pasado fin de semana, cuando un grupo de vecinos se enfrentó, palos y bates en ristre, con cuatro individuos que intentaban acceder a uno de los apartamentos portando palos y mazas.
El incidente, acaecido sobre las 22,00 horas del pasado domingo, no pasó de las amenazas y no tuvo consecuencias tras la llegada de la Policía Nacional, alertada por uno de los vecinos, pero los inquilinos aseguran que están hartos de ver cómo a diario los inmuebles son invadidos por ocupantes ilegales en lo que parece ser una trama organizada sin que la gestora, la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), adscrita a la Consejería de Economía de la Junta de Comunidades, curse las denuncias pertinentes. Ya no saben qué hacer, y en breve volverán a solicitar una reunión con la alcaldesa Mayte Fernández. Quien sí visitó recientemente el inmueble fue el sindicalista Jesús Manchón, que compite en la primarias de IU por la candidatura a la Alcaldía de Puertollano.
El suceso del domingo es solo un capítulo más de una historia enrarecida por una convivencia imposible. Las quejas de los vecinos, que siguen denunciando la insalubridad del inmueble, fueron finalmente oídas por Gicaman, pero hasta la fecha se ha limitado a reparar la fachada del edificio. La obra ha supuesto una inversión de 42.000 euros, asegura la empresa, pero los afectados siguen quejándose de que apenas se ha actuado en el interior de las instalaciones, a pesar de que la gestora asegura que se han invertido otros 2.000 euros en labores de limpieza y mantenimiento. Gicaman también ha ofrecido a algún inquilino legal la posibilidad de mudarse a otra vivienda de protección especial, lo que ha aceptado sin dudar. Otros ya se marcharon hace meses, asustados y hartos de vivir en un “auténtico infierno”, mientras el resto comunicaba por burofax su decisión de no pagar la comunidad, «puesto que los servicios de reparación y mantenimiento no existen, mientras que los ocupantes ilegales se conectan fraudulentamente a las redes de agua y electricidad».
Las 88 viviendas de Joan Miró 14 están acogidas al régimen especial de protección pública. Fueron asignadas en régimen de alquiler (130 euros mensuales y 31 euros de comunidad) con opción de compra en cinco años y en las mismas condiciones que las viviendas de protección pública de la Junta.
Hoy, el edificio es una sombra de lo que fue hace 13 años. Hay una tangible sordidez en cada detalle. El gran drama para decenas de vecinos comenzó cuando el hogar sobre el que iban a construir su futuro se convirtió en una jaula siniestra. El mapa sociológico de los inquilinos fue cambiando, sobre todo con la llegada de ocupantes ilegales, mientras los habitantes más antiguos ven cómo la finca se ha tornado en un vertedero.
Por su parte, y tras la demanda de actuaciones por parte del Ayuntamiento de Puertollano, Gicaman advirtió al Consistorio de que «una gran parte de las deficiencias corresponden a daños en el inmueble provocados por actos vandálicos, y que algunas de ellas corresponden a labores de mantenimiento que atañen a la propia comunidad». También sostiene que «hace un año que los vecinos decidieron sustituir a la empresa que desde un inicio se encargaba de las labores de mantenimiento y limpieza».
«No obstante», subrayaba, «esta empresa pública está poniendo los medios para acometer las reparaciones indispensables y la limpieza del edificio». Un mensaje que, al parecer, no ha convencido demasiado a los afectados…
Pero a qué está esperando la Consejería para actuar sobre Gicaman, esto es una vergüenza, hace un par de meses desde éstas páginas se hacía la misma denuncía y sigue esto cada vez peor.
Me temo, que lo que tratan, (la Consejería y Gicaman) es que los vecinos normales, horados y trabajadores, que no pueden optar a otro tipo de viviendas, se marchen, luego mandan a la policia, echan a los que han entrado de forma fraudulenta!! y sorpresa ¡¡ lo arreglan, le lavan la cara, y venden las viviendas, porque ya no le son rentables, supongo que a algún fondo buitre, le puede interesar.
Que vergüenza de País, a los más desfavorecidos, no les ayuda ni Dios.
Que hace el Ayuntamiento, si, ya sé que, esto depende de la Consejería de Economía de la Junta de Comunidades, pero alguién tendrá que velar por lo intereses, de los vecinos normales.
¿O no ?
Esto es el Bronx.
Ole los vecinos! Si señor! Con un par!
La próxima vez que le partan la cabeza a otr@s que lo intenten y alomejor ya se piesan 2 veces el intentar allanar viviendas que no son suyas.
Asco de pueblo arascado de sacos de mierda.