El pleno del Ayuntamiento de Manzanares, en sesión ordinaria adelantada al lunes 22, aprobó la clasificación de las propuestas presentadas al concurso de contratación de las obras de mejora del caz del río Azuer. La mejor puntuación corresponde a “Dragados S.A.”, con un presupuesto de 1.272.000 euros más IVA, lo que constituye una rebaja del 35% sobre el precio de licitación. El pleno, con la abstención de IU y los votos en contra del PSOE, acordó requerir a esta empresa la documentación necesaria para la contratación.
Al concurso para la contratación de las obras de mejora y acondicionamiento de la red del río Azuer y su derivación concurrieron 17 empresas, cuya clasificación, según la puntuación acordada en la mesa de contratación, fue aprobada en pleno, que además requirió a “Dragados”, como oferta mejor valorada, toda la documentación necesaria para la firma del correspondiente contrato de ejecución de las obras.
El Grupo Socialista, que había presentado un recurso de reposición contra este expediente de contratación por entender que no incluía la documentación previa a la que obliga la legislación en este tipo de obras, votó en contra del acuerdo. El concejal de IU se abstuvo en la votación por no formar parte de la mesa de contratación. Al respecto, el portavoz del Grupo Popular, Manuel Martín-Gaitero, recordó que esta mesa celebra actos públicos a los que puede asistir cualquier ciudadano interesado.
El debate sobre esta obra volvió al final de la sesión, cuando en el turno de asuntos urgentes se trató el recurso de reposición presentado por el Grupo Socialista contra la aprobación del expediente de licitación. Este recurso fue desestimado con los votos del Grupo Popular en base a un informe de la Secretaría e Intervención municipal, según el cual la documentación aludida por el portavoz socialista, Julián Nieva, puede aportarse con posterioridad, tal y como se ha hecho en anteriores legislaturas en numerosas obras municipales que detalló el alcalde, Antonio López de la Manzanara.
IU se basó en ese informe para reconocer la validez del expediente, aunque volvió a abstenerse en la votación. El Grupo Socialista entiende que la incorporación posterior de esos informes de ADIF, de Fomento o de la Confederación Hidrográfica implicará modificados de obra que incrementarán su coste.
Antes de llegar a este debate, el pleno del mes de diciembre vivió el de la Cuenta General del año 2013, que salió adelante con los votos a favor de los ediles del PP y del PSOE, y en contra del concejal de IU, cuyas alegaciones fueron desestimadas. Socialistas y populares coincidieron en que se trata de un documento técnico que refleja cómo se ejecutó el presupuesto del año pasado.
Según Santiago Sabariego (IU), este documento demuestra la forma de gobernar del equipo de gobierno, y criticó incrementos presupuestarios “llamativos” en lo que calificó como “partidas de autobombo”, tales como festejos o ferias comerciales. El PSOE dijo no compartir la mayoría de los gastos, pero insistió en la validez del documento técnico. En la misma línea, el portavoz popular, Manuel Martín-Gaitero, dijo que es “una fotografía del estado contable del Ayuntamiento en el ejercicio de 2013”, por lo que no debía reflejar las justificaciones solicitadas por el edil de IU.
Al hilo de este debate volvió a hablarse de la situación económica del Ayuntamiento al inicio de la actual legislatura. El PSOE criticó que el equipo de gobierno únicamente da a conocer la deuda existente en esa fecha y oculta en los informes publicados el dinero del que disponía el consistorio en entidades bancarias (1.659.000 euros), en derechos pendientes de cobro (1.898.000), en pagos pendientes de otras administraciones (800.000) y con un remanente líquido de tesorería (1.248.000), según Julián Nieva.
Manuel Martín-Gaitero defendió que al inicio de legislatura se debían cinco millones de euros y preguntó al portavoz socialista por qué entonces el anterior equipo de gobierno se endeudó en préstamos “si la situación era tan boyante”. El alcalde, por su parte, dijo que con el mismo criterio expresado por Nieva, si se cuenta el dinero que hay en caja o el que deben otras administraciones, “actualmente no tenemos deudas”.
La deuda de otras administraciones con el Ayuntamiento fue uno de los asuntos por los que preguntó IU en la parte final de la sesión. Según los informes de Intervención, la Administración General del Estado debe al Ayuntamiento de Manzanares 10.600 euros; la Diputación de Ciudad Real, 3.500; y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1.616.395 euros. En total, 1.630.519 euros.
IU presentó además un ruego para convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas antes de que acabe la legislatura. El alcalde explicó que se celebran todas las comisiones cuando corresponden y que las cuentas están a disposición del edil. Sabariego se interesó también por la anulación de la partida de 2014 para la urbanización del nuevo polígono industrial, del que actualmente se está elaborando el PAU, según informó el alcalde. Terminó preguntando a la edil de Deportes por qué los alumnos deben comprarse los chandals de las escuelas deportivas cuando el año pasado no se gastó la partida destinada a estas equipaciones. Carmen Beatriz Alcolea explicó que la adquisición por 15 euros es voluntaria y que se subvenciona parte del coste. Aclaró que no se gastó toda la partida ya que gracias a las gestiones realizadas con otras administraciones se han renovado las equipaciones deportivas de forma gratuita.
En el primer asunto urgente tratado en el pleno de este lunes, todos los grupos municipales ratificaron por unanimidad la adhesión de Manzanares a la Ruta Europea del Queso.
Moción conjunta de la oposición
PSOE e IU presentaron como asunto urgente una moción conjunta para pedir al SESCAM que modifique el nuevo contrato del servicio de limpieza, desinfección y desratización de los centros que forman la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares, y que incluye el Hospital “Virgen de Altagracia” y los centros de salud de Manzanares, Membrilla y La Solana. Tras mostrar su apoyo a los trabajadores del servicio, presentes en el salón, la oposición explicó que el nuevo contrato supondrá una reducción de 800.000 euros a la empresa adjudicataria, lo que a su juicio es inasumible y repercutirá en un peor servicio y en el despido de trabajadores.
El equipo de gobierno no apoyó la urgencia de la moción. Manuel Martín-Gaitero dijo que la calidad del servicio no afectará a zonas sensibles y que esta reducción en las licitaciones se realiza en todos los centros de la región “para racionalizar el gasto y hacer viable la sanidad pública sin llegar al cierre de ningún hospital”. Expresó su apoyo a la gestión del SESCAM y a la gerencia del Hospital y pidió que no se cree alarmismo. También confió en que se respete a los trabajadores afectados, ya que con su antigüedad su despido supondría un coste importante.
