El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y portavoz del Gobierno de regional, Leandro Esteban, ha informado hoy de la toma en conocimiento del decreto por el que se regula el registro de asociaciones de Castilla-La Mancha, con el que el Ejecutivo de autonómico da un nuevo impulso a la transparencia, agilidad y simplificación de trámites para las asociaciones de nuestra comunidad autónoma.
A su juicio, esta medida supone una mayor comodidad para los ciudadanos y contribuye a modernizar la Administración. Con este fin, la normativa da cabida a los procedimientos electrónicos, tanto en la elaboración de los trámites constitutivos o modificativos de las distintas entidades afectadas como en la posibilidad de solicitar información a través de las nuevas plataformas electrónicas.
En este sentido, Leandro Esteban ha resaltado la importancia del registro de cara a la eficacia administrativa, ya que reduce los tiempos de repuesta de la Administración y los costes a los que tienen que hacer frente los interesados.
El consejero de Presidencia ha asegurado que, puesto que son muchos los recursos públicos que se emplean a través de las asociaciones, federaciones y confederaciones, la regulación del registro de asociaciones es un ejercicio de transparencia que da a conocer los fines, objetivos e identidades de sus cargos.
Adaptar la normativa a una ley estatal
El nuevo decreto tiene como finalidad adaptar la normativa autonómica reguladora del Registro de asociaciones de Castilla-La Mancha a las previsiones de Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Con este objetivo, el texto organiza de manera “jurídicamente clara y ordenada” el registro de asociaciones en Castilla-La Mancha y sus relaciones con otros ámbitos administrativos de la comunidad autónoma.
Tal y como ha puesto de manifiesto Leandro Esteban, se simplifican los procedimientos administrativos para hacerlos más claros, sencillos y comprensibles. En esta línea, ha señalado, se regulan los requerimientos documentales para que sean racionales, lógicos y no supongan más carga para los ciudadanos que tengan que hacer frente a los trámites.
