Lola Merino Chacón (Presidenta Nacional de AMFAR)
Ya han pasado ocho años desde que Ana Orantes, una mujer granadina se dirigiera a un programa de televisión para denunciar las vejaciones y malos tratos que recibía por parte de su marido. La desprotección, la angustia, el terror y la impotencia que sufría, a pesar de haber presentado numerosas denuncias ante los juzgados, la obligó a acudir a un plató televisivo para dar a conocer su calvario. Todos entendimos que Ana Orantes buscó encontrar el respaldo social haciendo “pública” su situación.
Probablemente le resultó difícil tomar la determinación de contar “su vida” en televisión, valorando el escarnio público al que podía ser sometida, pero seguro que no encontró otro camino para resolver su angustia cotidiana. Desgraciadamente fue su dramática muerte, fue quemada viva por su marido tras rociarla de gasolina, lo que impactó en las conciencias de la sociedad española y marcó un antes y un después en la consideración de la violencia ejercida contra las mujeres. La violencia de género se convirtió en tema de debate, se empezó a estudiar su tratamiento en los medios de comunicación, y los políticos, jueces, fiscales, policías y guardias civiles reconocieron las dimensiones del problema y la urgencia de tomar medidas efectivas para erradicarlo.
La vida de Ana Orantes fue el comienzo del despertar de una sociedad española que hasta ese momento entendía, e incluso justificaba, la violencia conyugal y de pareja entre las cuatro paredes de un domicilio. El reparto tradicional de los roles sociales relegaba a la mujer al ámbito de lo privado y le asignaba las tareas domésticas, pero su incorporación al empleo, su acceso a un trabajo remunerado, su presencia en la universidad y en el desempeño de cargos públicos han acabado con los burdos argumentos con los que tradicionalmente se ha justificado al maltratador.
El valor de Ana Orantes significó también el propio despertar de sus congéneres femeninas. Las mujeres empezaron a salir a la calle pidiendo justicia: protección para la victimas y condena para el verdugo; los medios se llenaron de artículos de opinión condenando la violencia de género como la máxima expresión de desigualdad. Por su parte, los responsables políticos comenzaron a estudiar los datos de asesinatos, denuncias, delitos y malos tratos hacia las mujeres, configurando así unas trágicas estadísticas, pero imprescindibles para luchar contra la violencia, sobre todo, desde la recriminación pública de cada muerte y la sensibilización de las mentalidades. En lo que llevamos de 2005 han sido asesinadas 56 mujeres, la última de ellas en Tarragona después de la fatal jornada del pasado día 14, cuando tres mujeres fueron asesinadas en Zaragoza, Pontevedra y Alicante.
Las estadísticas del Instituto de la Mujer estiman que casi el 23% de las víctimas mortales de este año estaban en periodo de ruptura con su pareja. Es una muestra más de que aún siguen vigentes estructuras machistas que consideran al hombre superior a la mujer y por tanto, dueños de ellas y de sus vidas. El amor es incompatible con la sumisión, ya que el corazón es libre y ni a golpes puede doblegarse a amar a quién no ama. La Declaración de Derechos Humanos recoge el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de las personas, y no hay excusa que legitime las agresiones físicas ni psicológicas que de forma globalizada sufren mujeres en todo el mundo.
Contamos con una Ley Integral contra la Violencia, cuya aplicación aún está en desarrollo. El apoyo legal y asistencial de las Administraciones es imprescindible, pero también la tolerancia cero que cada vez más manifiestan los colectivos masculinos, ya que acabar con la violencia es, sin lugar a dudas, tarea de todos.
Hace ocho años murió Ana Orantes. Nuestro consuelo es que ella tuvo que perder la vida para poder proteger hoy la de muchas mujeres. Gracias Ana por tu valentía.
