La Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (Aproca) ha asegurado que ve «luces y sombras» en la aprobación del texto definitivo de la nueva Ley de Parques Nacionales. En un comunicado de prensa, Aproca sostiene que la Ley tiene «puntos positivos y negativos», sin embargo, considera que está marcada «por la demagogia y la estrategia política».
Aproca ha asegurado que para el sector cinegético siempre ha optado por poner sobre la mesa durante el debate de la Ley argumentos técnicos para introducir cambios, algo que, aseguran, no ha ocurrido con los grupos ecologistas a la hora de pedir prohibir la caza en Parques Nacionales.
En este sentido, Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca España, ha asegurado su único argumento ha sido que la superficie de dichos espacios no supera el 0,8 % del total del territorio nacional y el hecho de que no cazar en tan pequeña superficie no debe suponer problema.
Un hecho, ha dicho, que no está justificado porque, ha asegurado, «lo que no son capaces de entender los grupos conservacionistas es que, para los propietarios, sociedades, vecinos, cazadores y resto de subsectores de la caza, ya sea Picos de Europa, Cabañeros, Monfragüe, ese 0,8 % es el 100% de su territorio, de su historia, en definitiva de sus usos tradicionales».
Villanueva ha señalado que en este tiempo de debate, ni los grupos conservacionistas, ni los grupos políticos que no han aprobado la Ley, han presentado propuestas para regular las poblaciones de caza mayor después del año 2020.
En este sentido, se ha preguntado «quién lo va a hacer, aunque sea bajo el eufemismo del control poblacional, y qué consecuencias sobre el hábitat va a tener el crecimiento exponencial de estas poblaciones».
Para Villanueva, «dejar de cazar en Parques Nacionales como es el caso de Cabañeros supondría un incremento exponencial de las especies de caza mayor y una pérdida de la calidad del medio natural, calidad que es la que le ha permitido estar en primera fila del modelo de conservación en este país».
Esta asociación considera que la demagogia utilizada por los grupos ecologistas y la estrategia de los diferentes grupos políticos ante la inmediatez de los procesos electorales, «ha nublado el raciocinio de todos ellos y se ha dejado pasar una oportunidad de sentar unas bases sólidas para el futuro de estos espacios protegidos».
Entiende que un recurso tan importante, básico para muchos de los municipios integrados en Parques Nacionales, no se debe perder, pero para ello, ha comentado, «no es necesario que en la totalidad de todos los parques se cace, o que en los que se permita se realice en las zonas de presencia turística».
El presidente de Aproca además considera que el ataque contra los propietarios privados de Cabañeros es absurdo y electoralista, ya que en ningún caso se ha tenido en cuenta que gracias a estas fincas se están creando cientos de empleos directos.
Además, tampoco se ha tenido en cuenta que el valor ambiental de este Parque Nacional se debe, en gran parte, «al modelo de gestión que durante generaciones se ha aplicado y que no le ha costado ni un solo euro al Estado».
Para Aproca el gran error de la ley, es que el texto final aprobado amplía el periodo para seguir cazando hasta el año 2020 o llegar a acuerdos de indemnización.
En su opinión, eso significa «dar una patada hacia adelante y que el que venga detrás se encuentre con el problema».
También se ha referido al hecho de que se establezcan acuerdos de indemnización en el caso de no cazar, un hecho que, ha dicho, puede suponer un gasto para el Estado Español de 300 millones de euros, sin valorar el coste del control poblacional que ya le está suponiendo al Estado.
«Es decir, lo que puede suponer un recurso económico para el medio rural se convierte ahora en una carga para la totalidad de los españoles, cazadores o no», ha apuntado.
Luis Fernando Villanueva ha advertido que, en un momento en el que la mayoría de familias de este país no llega a fin de mes, el Estado no puede emplear dinero público para compensar la pérdida de los usos tradicionales.
Mientras tanto, ha dicho, «miles de cazadores están esperando no sólo para hacerlo gratuitamente, sino pagando y dejando un gran recurso económico en el territorio».
Por todo ello el presidente de Aproca considera que «la demagogia de los grupos ecologistas o los intereses políticos han dilapidado todos los argumentos técnicos».
Por último, ha sido muy crítico con todos los grupos políticos que se han opuesto a la ley, especialmente con el Partido Socialista, dado que el texto aprobado, en lo que se refiere a la caza es una copia literal del actual texto desarrollado en 2007, únicamente ampliando tres años el plazo de resolución final de las indemnizaciones o los acuerdos.
