Esta semana, las Cortes regionales aprobaban por unanimidad la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma considerada histórica por los avances que supone en la protección del colectivo y sus familias. El Gobierno regional ha valorado que, «después de 28 años de gobiernos socialistas», Cospedal haya garantizado por ley los derechos de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. De este modo, se destinará el 1 por ciento del PIB de la región a las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las representan.
«Con la Ley de Garantía de las Personas con Discapacidad, Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de la defensa real y explícita de los derechos de las personas con discapacidad, también a nivel nacional y europeo», señalan fuentes del Gobierno regional, que subrayan que Cospedal ha cumplido con el compromiso de elevar a rango de ley las reivindicaciones históricas de este colectivo, fruto de un intercambio y diálogo constante del Ejecutivo regional con las principales entidades afectadas.
En el ejecutivo autonómico se subraya que «Cospedal ha mostrado una enorme sensibilidad con las personas más vulnerables y, hasta en los momentos más difíciles, ha ido siempre de la mano del sector de la discapacidad. Para Cospedal las personas con discapacidad son una prioridad y por ello ha elevado sus derechos a rango de ley, por dignidad y por justicia social».
La ley ha contado con el consenso de todo el sector de la discapacidad (CERMI), del tejido asociativo, de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza de Castilla-La mancha y del Consejo regional de Municipios y Provincias. Incorpora la necesidad de aportar un informe de ‘impacto de discapacidad’ en todas las iniciativas de carácter normativo y estratégico de todas las consejerías de Castilla-La Mancha. La Ley determina las responsabilidades de los principales actores de la sociedad, las familias, las empresas, las entidades locales, el Gobierno o la propia televisión regional.
Según la normativa, los consejos escolares de Castilla-La Mancha deberán incluir a una persona que trabaje en el sector de la discapacidad. Se establece que el cinco por ciento de las plazas de Formación Profesional se reserven para alumnos con alguna discapacidad. Contempla beneficios fiscales para las personas con discapacidad o entidades que gestionan servicios para personas con discapacidad. La ley contempla además una especial protección de la mujer con discapacidad con medidas en las políticas de empleo o en las de acceso a la vivienda pública; y se asume el compromiso de aumentar el porcentaje de viviendas protegidas y se aumenta la financiación para contratar asistentes personales.
Cronología de un logro colectivo
El 10 por ciento de la población de Castilla-La Mancha sufre alguna discapacidad. Si a ellos añadimos cuidadores, familiares y formadores, un 20 por ciento de la población castellano-manchega está afectada y concernida en el ámbito de la discapacidad.
Para proteger al colectivo, en el ámbito del Gobierno regional, se puso en marcha la Comisión de las Políticas de Discapacidad de Castilla-La Mancha: presidida por la presidenta Cospedal, en este órgano están representados de manera sustancial los integrantes del sector de la discapacidad así como representantes del Gobierno regionaly de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP). Su objetivo es arbitrar fórmulas efectivas de integración profesional, laboral, cultural y social de las personas con discapacidad, para generar condiciones reales de igualdad y accesibilidad.
Desde su creación, este es un órgano de representación, interlocución y participación entre el tejido asociativo con discapacidad y el propio Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de todas las consejerías que forman parte del Gobierno. En segundo término, se creó una Comisión Parlamentaria Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad en las Cortes regionales para que la voz de los discapacitados se escuche también en el Parlamento regional.
En el marco de estos foros se tratan temas como la eliminación de las barreras arquitectónicas, la inserción social y laboral de las personas con discapacidad, el apoyo a asociaciones y a familias, así como garantizar el acceso a la educación, la cultura y al ocio y la protección del patrimonio y un régimen fiscal favorable para las personas con discapacidad.
En noviembre de 2012, Cospedal recibió un ejemplar del “Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo” de manos del presidente del CERMI de Castilla-La Mancha, Luis Perales. El manifiesto, redactado por personas con discapacidad intelectual y proclamado oficialmente en Cádiz dentro de los actos conmemorativos del bicentenario de la Constitución de 1802, contó con la participación de más de 1.100 personas.
En diciembre de 2012, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas (AAPP) y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, firmó un convenio de colaboración con Luis Perales para que el Servicio de Atención de Urgencias (SAU) 1-1-2 dispusiera de un dispositivo de adaptación destinado a aquellas personas con discapacidad auditiva o con problemas del lenguaje, con el fin de que puedan acceder a este servicio de emergencias sin ningún tipo de de problemas.
En marzo 2013, la presidenta, Maria Dolores Cospedal, anunció la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Síndrome de Down de Toledo (ASDOWNTO) a través del cual todos los integrantes de esta asociación podrán realizar prácticas laborales en la Administración, con el fin de colaborar con la integración social y laboral de las personas con síndrome de Down, favoreciendo su acceso al mercado laboral.
En su discurso del Día de la Región, en mayo de 2013, Cospedal anunció una nueva deducción de 500 euros por acogimiento no remunerado de mayores de 67 años o discapacitados con una discapacidad superior al 33 por ciento y también la elevación a 300 euros de la deducción por ascendiente o descendiente con discapacidad superior al 65 por ciento. Asimismo, afirmó que se iba a proceder a elevar a 125.000 euros la reducción del impuesto de Sucesiones para aquellos herederos con discapacidad entre el 33 por ciento y el 65 por ciento, y hasta 225.000 euros para aquellos con una discapacidad superior al 65 por ciento. Ese día el Gobierno regional entregó a la ONCE la Medalla de Plata de Castilla-La Mancha, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de esta entidad impulsora del tratamiento de la discapacidad.
En junio de 2013, en un Pleno de las Cortes, la presidenta anunció el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular al contenido total de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para la creación de la figura de la Comisión Especial de servicio para docentes con discapacidad o por motivos graves de salud.
En julio de 2013 se celebra el acto en el que la presidenta es nombrada madrina de la Federación de entidades pro personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de Toledo (Marsodeto).
En julio 2013, el Consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, destacó el gran avance en la atención a los dependientes que supone el nuevo modelo de ayuda a domicilio. “Por primera vez se garantiza que el cien por cien de los ciudadanos tengan acceso a esta ayuda, un servicio que antes no estaba disponible en más de 200 municipios”. Este nuevo servicio mejora la situación de las personas dependientes, que tendrán prioridad en la ayuda a domicilio, y dará libertad a la hora de escoger a los cuidadores. Castilla-La Mancha pionera en la creación del cheque de ayuda a domicilio, que permitirá crear empleo en el ámbito rural. Anunció también la creación de un grupo de trabajo sobre Empleo de las Personas con Discapacidad, integrada en la comisión mixta entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el CERMI para facilitar “que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo en condiciones de igualdad, así como fomentar las condiciones de accesibilidad física e intelectual que garanticen empleos dignos”.
Tras Consejo de Gobierno celebrado en Ciudad Real, Leandro Esteban anuncia que el Ejecutivo regional toma en conocimiento, el proyecto de Decreto por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Estos incentivos están dirigidos a todas aquellas personas que tengan un grado de minusvalía de, al menos, el 33 por ciento. La finalidad de esta medida es impulsar “la contratación indefinida, la integración laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo, fomentar la estabilidad en el empleo y eliminar desigualdades”.
La norma establece dos líneas de ayudas económicas que irán destinadas a la contratación indefinida o a la conversión de un contrato temporal indefinido, así como a la adaptación de los puestos de trabajo. Las empresas que contraten por tiempo indefinido y a jornada completa a personas con discapacidad tendrán derecho a una ayuda de 3.907 euros por cada contrato de trabajo. Además esta ayuda se incrementará a 1.000 euros en el caso de la contratación de un hombre y 1.200 de una mujer en los supuestos en que la Oficina de Empleo y Emprendedores “participe en la intermediación y en la selección de candidatos”. Asimismo, la ayuda se incrementará en 2.000 euros para los hombres y 2.200 euros para las mujeres si se trata de personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía del 33 por ciento y también si sufren discapacidad física o sensorial, con un grado reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como cuando se trate de personas con discapacidad con edades superiores a los 55 años. De igual modo, las empresas que eliminen barreras y doten de medios de protección personal para facilitar las labores de trabajo tendrán derecho a recibir una ayuda de hasta 901,52 euros.
En octubre de 2013, durante la inauguración del XIII Encuentro Nacional de Familias y el V Encuentro de Hermanos de personas con Síndrome de Down, la presidenta Maria Dolores Cospedal afirmó que “aunque en Castilla-La Mancha se han tenido que hacer muchos esfuerzos, hemos conseguido asegurar los 46 centros de desarrollo infantil y atención temprana que tenemos en la región”. Asimismo, subrayó que “gracias a la gestión de muchos, a la voluntad, a la dedicación, a la ilusión y al compromiso de las entidades con las que trabajamos, como Down Toledo, y de las personas que trabajan en ellas, hoy en nuestra región más de 3.650 niños reciben cada año atención temprana, un 6,5 por ciento más que en 2011”. Subrayó también la voluntad del Gobierno regional de dotar económicamente las plazas de las 106 personas que actualmente trabajan en la Administración regional para que este objetivo “no sea un brindis al sol sino una apuesta verdadera”.
En noviembre de 2013, Echániz se reunió con Luis Perales para abordar temas de accesibilidad del nuevo Hospital de Toledo, que cumplirá las normas estatales referentes a la accesibilidad y tendrá en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como las propias aportadas por el CERMI de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, el aparcamiento incluirá zona para vehículos de personas con discapacidad, con más del 2 por ciento de las plazas reservadas. Respecto a las entradas, el Plan Funcional del Hospital contempla que el acceso será fácil y sin barreras arquitectónicas.
En diciembre de 2013, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, destacó la publicación en el Diario Oficial de Castila-La Mancha, de la convocatoria de ayudas públicas por importe de 40,5 millones de euros para 2014 para las entidades de iniciativa social, con el objetivo de mantener la extensa red de centros y programas de atención a la discapacidad de la región. Se trata de unas ayudas destinadas a atender a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, en especial a aquellas que necesitan atención integral por su situación de dependencia, y que servirán para el mantenimiento de viviendas con apoyo, residencias, centros de atención a la discapacidad intelectual grave, centros de integración social, centros ocupacionales, centros de día y centros de desarrollo infantil y de atención temprana. Asimismo, Cospedal destacó que esa orden “incluye novedades que han sido acordadas con el CERMI de Castilla-La Mancha” tales como: la consolidación del anticipo del crédito del 40 por ciento de la cantidad global subvencionada, la agilización de la gestión administrativa eliminando el tercer período justificativo y el adelanto de la tramitación de la orden en tres meses, con respecto a los plazos del año anterior. También incluye la introducción de un nuevo criterio de valoración como es que los programas sean continuidad de los puestos en marcha en ejercicios anteriores y el aumento de la cuantía máxima de los proyectos provinciales de 18.000 euros a 30.000 para el mantenimiento de plazas. La presidenta Cospedal también anunció que el servicio jurídico de la Junta de Comunidades ha informado de la orden de subvenciones destinadas a las entidades locales, algo muy importante para el sector de la discapacidad porque trabaja de la mano de muchos ayuntamientos de la región. Estas dos órdenes de ayudas van a beneficiar a 8.000 usuarios de la región.
En marzo de 2014, la presidenta Maria Dolores Cospedal anuncia que, en las próximas semanas, el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de ‘Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que culminará con el trámite parlamentario. Se trata de una importante norma que situará a Castilla-La Mancha en la vanguardia nacional de la protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad. De esta forma, se alcanza un reconocimiento jurídico expreso para las personas con discapacidad como titulares de derechos. Este es un paso que da el Gobierno regional, guiado por el espíritu y la letra de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, ratificada por España.
En mayo de 2014, la presidenta Maria Dolores Cospedal anuncia que “antes de que acabe 2015, el Gobierno regional va a brindar la oportunidad de que muchas personas que cuentan con una gran experiencia laboral cuidando a personas mayores o con discapacidad, manteniendo y mejorando su autonomía personal, puedan acreditar sus competencias profesionales con un certificado de profesionalidad, dignificando así su trabajo y acreditándolo laboralmente”.
En octubre de 2014, la Consejera de Economia y Empleo, Carmen Casero, firma un convenio de colaboración con Mapfre para seguir promoviendo la inserción de personas con discapacidad intelectual y/o mental en Castilla-La Mancha. El objetivo es que en 2015 haya en nuestra región al menos medio centenar de empresas adheridas a este programa y comprometidas con el empleo de las personas con algún tipo de discapacidad. Recuerda la orden de ayuda a nuestros centros especiales de empleo, “a los que se ha destinado en la presente legislatura más de 45 millones de euros, incluidos los 13,5 millones que el anterior Gobierno socialista no pagó pese a tratarse de un colectivo prioritario”.
En octubre de 2014, la presidenta Maria Dolores Cospedal recibe la Medalla de Oro de la Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados de Cuenca.
