La Junta de Gobierno Local, reunida de forma extraordinaria, ha acordado dar un plazo de diez días a las termosolares Manchasol I y II, y Aste I y II para que justifiquen las subvenciones de 7,5 millones de euros que recibieron cada una de la anterior Corporación Socialista. En total, son 30 millones de euros en ayudas consideradas dudosas por el Consejo Consultivo, que es el que ha aconsejado al equipo de Gobierno que no anule los convenios firmados entonces con las termosolares, pero sí que exija las justificaciones oportunas y, en su caso, inicie los trámites para el reintegro de las mismas a las arcas municipales.
Así lo ha explicado este martes el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Puente, quien ha insistido en que el Consejo Consultivo vio determinadas cláusulas de dichos convenios sobre las que era necesario actuar. En este sentido, indicó que el Ayuntamiento, de cada proyecto de termosolar, debía ingresar un 0,80 por ciento del presupuesto global del proyecto en concepto de tasas administrativas, un 3,60 por ciento por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y un 2,0 por ciento por el canon urbanístico. En total, un 6,4 por ciento, que supondría ingresar por cada termosolar unos 33 millones de euros.
Sin embargo, la Corporación Socialista establece un convenio con las empresas termosolares basado en un presupuesto más reducido por cada proyecto y fija una cantidad global de 20 millones de euros que el Consistorio debe ingresar por cada una de las termosolares. Ahora bien, una vez fijada esa cantidad, el Ayuntamiento decidió subvencionar a cada termosolar de 50 MW con 7,5 millones de euros, con lo que la cantidad a pagar por cada una de ellas sería sólo 12,5 millones. Así pues, en total las subvenciones concedidas a las cuatro termosolares ascienden a unos 30 millones de euros.
En base a estos convenios, también se concederían 7,5 millones de euros a las termosolares Aste III y IV, y 3,75 millones a Termosolar Alcázar, Capital Millennium y a Solargate III y IV, aunque estos proyectos finalmente no se construyeron.
El portavoz municipal hizo hincapié en que, al conceder una subvención, la administración que las concede tiene la obligación, porque así lo marca la Ley de Subvenciones, de exigir la justificación correspondiente; es decir, debe pedir a la empresa subvencionada que demuestre que el dinero fue invertido correctamente. Sin embargo, según señalan los informes de la auditoría y la tesorería del Ayuntamiento, y según apuntaba el Consejo Consultivo, esos 30 millones de subvenciones a las cuatro centrales termosolares construidas no están justificados. Es más, hay determinados proyectos incluidos en la subvención que no se llegaron a materializar, pese a que dichas empresas sólo pagaron 12,5 millones de euros, en lugar de los 20 acordados o de los 33 millones reales que habrían tenido que abonar por cada proyecto.
Por este motivo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado exigir a cada empresa termosolar la justificación de las subvenciones en un plazo improrrogable de diez días, transcurridos los cuales comenzarán los trámites para pedir el reintegro de dichas ayudas, con la correspondiente sanción, que podría incluso triplicar la subvención concedida inicialmente.
El portavoz municipal ha hecho hincapié en que estas empresas termosolares ya venían subvencionadas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que “no había necesidad de que los vecinos de Alcázar tuvieran que poner también dinero para subvencionarlas, y menos para obras que no se realizaron”.
Según afirmaba Ángel Puente, la responsabilidad de todo esto es de quien era alcalde cuando se establecieron esos convenios con las termosolares, José Fernando Sánchez Bódalo. Curiosamente, pese a que la empresa Solargate no firmó nunca esos convenios para las centrales III y IV, “quizá porque no aceptaban las condiciones que les imponía el Ayuntamiento”, tampoco se le cobraron los impuestos que la ley obligaba a cobrar en el momento de solicitar la licencia en 2009.
“Ahora saldrá Bódalo a decir que todo es mentira para intentar engañar nuevamente a los ciudadanos; puede seguir intentándolo, pero ante quien tendrá que dar explicaciones será al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción”, advertía Puente, quien añadía que “si lo que digo es falso, en vez de soltar al rottweiler ante los medios para insultarme, lo que tendría que hacer el PSOE es ir al juzgado”. Además, comentaba que “lo que hace el actual equipo de Gobierno es lo que tiene que hacer, que es pedir justificación de las subvenciones concedidas, porque cuando no se hace eso, pasan cosas como lo que ha pasado con las subvenciones falsas de Andalucía”.
Puente insistía también en que todo lo que hacen PP y CxA es por el bien de los vecinos de Alcázar, ya que si se consiguieran reintegrar esos 30 millones de subvenciones sin justificar a las termosolares, más las cuantías de las sanciones, el Ayuntamiento tendría todos sus problemas económicos solucionados para los próximos años.
“Bódalo podrá decir que todo es mentira, pero sólo insulta y no demuestra nada; que salga ante los medios con la calculadora si hace falta”, afirmaba Ángel Puente, que concluía señalando que “lo cierto es que hay obras que iban a hacerse con esos 30 millones de euros que no están hechas, igual que los tres millones de euros de subvenciones otorgadas por la Fundación Municipal y que denunciábamos la semana pasada tampoco están; pero ya tendrá que ir Bódalo a explicar todo esto al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción”.
