Sagrario Gutiérrez Fernández
Secretaria General del Grupo Popular
Cortes de Castilla-La Mancha
La situación creada por el presidente Zapatero como consecuencia de la admisión a trámite del Estatuto catalán no deja de preocupar a cuantos conocen el alcance de las reformas que se plantean. Sin lugar a dudas, pues se han pronunciado constitucionalistas de toda clase y condición, ya estamos ante una auténtica reforma de la Constitución.
Su tramitación en los términos que se propone es inconstitucional, como lo fue el Plan Ibarreche. ¿Por qué entonces esta reforma de estatuto se admite a trámite y no se ha rechazado como el citado Plan Ibarreche? Pues ni mas ni menos que porque Zapatero se comprometió en Barcelona a «aceptar el Estatuto que saliera de Cataluña», lógicamente, lo que quisieron oír los nacionalistas catalanes. Se pusieron manos a la obra y plantearon y aprobaron un Estatuto de máximos.
El laberinto trazado por los socialistas catalanes y los de ERC y CIU es el que ahora no es capaz de rechazar Zapatero. No puede, en primer lugar porque es reo de sus promesas a los nacionalistas y en segundo lugar porque sus socios de gobierno le obligan a su tramitación en esos términos.
Zapatero carece de objetivos de futuro; su preocupación es, exclusivamente, el presente, el mantenimiento del presente, de su presente: seguir en el gobierno de la Nación. Y no debemos olvidar que Zapatero es presidente del Gobierno porque le prestan su apoyo los mismos que en Cataluña quieren este Estatuto. Zapatero en el laberinto debe optar entre dos posibilidades: seguir siendo presidente aprobando el Estatuto o disolver las Cámaras adelantando las elecciones. ¿Alguien tiene duda de cuál es su decisión?
El Estatuto de Cataluña es un estatuto que persigue el autogobierno, la autodeterminación; es un plan soberanista como lo era el Plan Ibarreche y, por lo mismo, inconstitucional, que debería haber sido rechazado ya. Pues no, ha sido admitido en la Mesa del Congreso y uno de los representantes de ERC, Joan Tardá dijo: “venimos aquí por imperativo histórico, éste no es nuestro parlamento”. Todo queda dicho y resumido en esas palabras: están utilizando las Cortes Generales para conseguir su independencia.
De aprobarse este Estatuto de Cataluña, sin lugar a dudas, después vendría el del País Vasco, y después el de Galicia y… ¿En qué Comunidad no se pretendería alcanzar términos parecidos? La escalada es interminable: se sabe como empieza pero no dónde acaba este laberinto.
Este Estatuto no es enmendable, parte de consideraciones que no son constitucionales como el considerar a Cataluña como Nación y el buscar eufemismos no serviría de nada si se mantienen las prerrogativas como tal. Dinamita el sistema fiscal y presupuestario; se salta a la torera legislación básica del Estado como la Ley de Educación que es una Ley Orgánica; delimita competencias del Estado unilateralmente y se atribuye en exclusiva para Cataluña algunas de las que se reservan al Estado como son las relaciones con la Unión Europea; vulnera el modelo de financiación y los principios de igualdad y solidaridad ínter territorial; crea dos tipos de ciudadanos, los catalanes (a los que reconoce una renta básica de ciudadanía) y los españoles, -o sea los de 1ª y los de 2ª-; incorpora la codecisión en asuntos que afecten a los españoles; establece un Poder Judicial propio, con lo que acaba con la unidad jurisdiccional y con el principio constitucional que reconoce a todos los españoles como iguales ante la ley…. Y así un largo etcétera a lo largo de los 227 artículos que recoge este Estatuto de Cataluña.
Entonces… ¿Cómo se compadece el respeto a la Constitución con lo que se pretende aprobar?.
Todos los cargos públicos, el día que tomamos posesión juramos o prometimos guardar y hacer guardar la Constitución. ¿En qué queda el Juramento o la Promesa de cuantos socialistas y nacionalistas pretenden su aprobación?
Desde el Partido Popular pedimos a los Diputados y senadores de nuestra comunidad autónoma que, con su voto, rechacen este Estatuto que, de aprobarse, nos perjudicaría gravemente.
El Partido socialista dice una cosa y hace otra; Barreda firma con José Manuel Molina un acuerdo de respeto a la Constitución pero no pide a sus diputados que con su voto rechacen el Estatuto que la vulnera.
Las declaraciones, los manifiestos, los acuerdos deben concretarse con los votos: no son sólo palabras; por coherencia en política los hechos deben corresponderse con las palabras.
Es este un momento histórico, por responsabilidad política con su juramento y por responsabilidad histórica, pedimos al Partido Socialista que actúe en consecuencia.
Y del mismo modo que cuando vamos al médico y nos diagnostica un cáncer no le tachamos de alarmista, sino que vemos qué podemos hacer y actuamos, le pedimos al Partido Socialista de Castilla la Mancha, a Barreda y a cuantos diputados y senadores tiene, que, en lugar de llamar alarmista al Partido Popular, actúe en consecuencia. Castilla la Mancha y su juramento se lo exigen: No traicionen a Castilla la Mancha.
