Representantes de las federaciones que conforman el área pública de CCOO -Sanidad, Educación y Servicios a la Ciudadanía- han exigido esta mañana al Gobierno regional que se siente a negociar con los sindicatos las condiciones laborales de los empleados públicos de cara al próximo debate en las Cortes de Castilla-La Mancha de los Presupuestos de 2015 de la Junta de Comunidades.
Alfonso Tercero, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha reclamado la recuperación del 3 por ciento de los salarios de los funcionarios y personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una pérdida adquisitiva adicional al 5% impuesto por el anterior gobierno socialista y que «en Castilla-La Mancha penalizó más a los empleados públicos en comparación con el resto del territorio nacional».
Tercero recordaba que, a este recorte en los salarios, habría que añadir otras medidas aplicadas en la región, como el aumento en la jornada laboral, recortes en las prestaciones por incapacidad temporal y en otro tipo de derechos, como los permisos por paternidad; o la congelación de la oferta de empleo público.
«Exigimos al Gobierno de Cospedal que pase de las palabras a los hechos y que se siente a negociar», manifestaba. «Desde CCOO mantenemos siempre la mano tendida a la negociación pero de persistir las políticas en la dirección en la que van recurriremos a la movilización».
Según CCOO, la falta de negociación ha quedado patente en casos como el despido de interinos de la Junta de Comunidades, «con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que obliga a la administración regional a reincorporar a estos interinos que todavía no se ha cumplido». Otro ejemplo «ilustrativo», añadía el secretario general de la FSC, «sería la sentencia reconociendo el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria suprimida en el año 2012 y que el Gobierno regional pospone la decisión de devolver este dinero a los empleados públicos».
Por último, afirmaba que desde CCOO pretenden que se ponga fin al «estado de excepción» que existe sobre los empleados públicos , que el Gobierno regional acuerde con los sindicatos la parte del presupuesto correspondiente a personal y que se haga realidad esa voluntad negociadora de la que presume el Gobierno de Cospedal.
