El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha vuelto a dar la espalda al Grupo Municipal Socialista al rechazar el último recurso presentado contra el procedimiento de conversión de Aguas de Alcázar en empresa de titularidad público-privada y levantar la suspensión cautelar del mismo.
Este mismo lunes el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha recibido la resolución, contra la que no cabe un nuevo recurso, según la cual el Tribunal Administrativo Central da luz verde a la continuación del proceso iniciado por el equipo de Gobierno municipal para cambiar el modelo de gestión de Aguas como única manera de garantizar la viabilidad de la empresa, así como la calidad del servicio, las tarifas y los puestos de trabajo, tras la deuda de ocho millones de euros dejada por la anterior Corporación socialista.
Con esta resolución, según el alcalde de Alcázar, Diego Ortega, queda demostrado que, al contrario de lo mantenido en las últimas semanas por el PSOE, el procedimiento no presenta ninguna irregularidad, ni tampoco se han conculcado los derechos fundamentales de los concejales de la oposición. Asimismo, la resolución confirma que la concejal socialista Ana Belén Tejado tenía en su poder toda la información necesaria para la votación que se produjo en la Mesa de Contratación en la que se aprobó la adjudicación a Aqualia.
Todos estos argumentos del Grupo Socialista para defender su enésimo recurso presentado contra la viabilidad de Aguas de Alcázar se han demostrado falsos con esta resolución definitiva del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
A partir de ahora, el proceso de conversión de Aguas de Alcázar en sociedad mixta podrá seguir adelante, llegando a su culminación este mismo mes de septiembre con la celebración de una reunión de la Junta General de Aguas y la firma del convenio entre Aqualia y el Ayuntamiento.
