Hospital de Ciudad Real: El SESCAM conoce desde hace meses la filtración de datos de pacientes e información ambigua “a pie de cama” para beneficiar a la empresa privada Ortosur

Santos G. Monroy.- El gerente del Hospital General de Ciudad Real, Juan José Jiménez Prieto, conoce desde hace meses las denuncias de pacientes y profesionales del sector ortopédico que apuntan a una presunta filtración de datos personales, acompañada de una información ambigua e insuficiente al usuario, para beneficiar a la empresa privada Ortosur, dedicada a la venta de productos ortopédicos, obstruyendo así la libre elección de los usuarios en el acceso a las prestaciones. A pesar de ello, las prácticas siguen sucediéndose.

El último caso ha acaecido hace apenas una semana, el martes pasado, precisamente después de que la gerencia hospitalaria reconociera la denuncia de otro paciente, Antonio José Albornoz Díaz, sometido a una artrodesis lumbar el pasado 25 de abril, y que acusaba a personal sanitario del Hospital General de la capital de vulnerar la Ley de Protección de Datos.

Si bien Jiménez Prieto aseguraba en su respuesta al paciente Albornoz que “ya se han tomado las medidas oportunas para evitar estas prácticas en lo sucesivo”, la gerencia ya conocía otras prácticas tendentes a facilitar el supuesto “monopolio” de Ortosur desde, al menos, noviembre de 2013, tras las denuncias provenientes del sector ortopédico de la provincia.  

Según las fuentes consultadas, en aquel momento Jiménez Prieto también señaló que se habían adoptado las medidas oportunas para subsanar unas prácticas que han seguido produciéndose, al menos, hasta hace apenas una semana, el pasado 15 de julio. En este caso, una familia ha relatado a este digital que una empleada de Ortosur se personó en la habitación del paciente para realizar las medidas de un corsé sin informar claramente de sus derechos a usuario y familiares. La empresa ofrecía el corsé por 800 euros (sin descontar el reintegro en concepto de ayuda), y los familiares accedieron “pensando que era un servicio más del hospital”. No obstante, alertados por un tercero, acudieron a otra ortopedia de la capital, donde pudieron adquirirlo por  unos 200 euros menos. “La sorpresa vino”, relata una familiar del paciente, “cuando nos dimos cuenta de que Ortosur tenía en su poder nuestra receta, que tuvimos que pedir para adquirir el corsé en el otro establecimiento”. Y aunque la empresa facilitó la documentación sin problemas, las mismas fuentes señalan que  la empleada de Ortosur que les visitó en planta “regañó” a la familia y recriminó su decisión cuando conoció su intención de cambiar de ortopedia.

Este caso no ha sido denunciado formalmente al Sescam, pero es similar al expuesto por el paciente Antonio José Albornoz Díaz, que apuntaba al trasiego de información relativa a intervenciones quirúrgicas y recetas, así como a la prestación de información ambigua e incompleta a los pacientes en la misma planta hospitalaria y a pie de cama, de lo que la empresa ciudadrealeña sería principal beneficiada, al obstaculizar la libre elección de ortopedia.

Estas denuncias, confirmadas por otras fuentes del sector consultadas por este digital, nunca han sido negadas e incluso han sido reconocidas implícita o explícitamente por el propio Sescam en sus respuestas, aunque siempre ha asegurado que se iban a emprender acciones para corregir la situación.

Vulneración de varias leyes 

Expertos consultados señalan que prácticas de ese tipo podrían vulnerar la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos ortopédicos, la Ley General de Sanidad, la Ley sobre Derechos y Deberes sanitarios de Castilla-La mancha y la misma Ley de Protección de Datos.

Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Ortesistas y Protesistas de Madrid y Castilla-La Mancha, sostiene que, en la mayoría de los casos, los agentes de las ortopedias acuden al hospital si son llamados por el médico, pero que tienen la obligación de identificarse como tales y de informar de manera transparente al paciente sobre sus derechos y libertad de elección. No obstante, ha señalado que lo ideal sería que el propio médico facilitara al paciente un listado con las opciones comerciales adecuadas a su dolencia. A pesar de todo, otras fuentes del sector aseguran que deben ser exclusivamente las autoridades sanitarias quienes protejan al paciente y velen por sus derechos, sin “llamar” al hospital a empresa alguna.

Entre lo público y lo privado

Ortosur se han convertido en una de las empresas más importantes del sector ortopédico y son conocidas sus buenas relaciones con el personal sanitario. De hecho, se anuncia en la web de una empresa privada ciudadrealeña formada en su mayor parte por médicos y especialistas en neurocirujía, psicología y trumatología que desarrollan su actividad pública en el hospital general de Ciudad Real, y que ofrecen sus servicios a compañías de seguros y pacientes particulares.

Tal y como publicó este digital hace unos días, el paciente Antonio José Albornoz Díaz curso sendas denuncias ante la gerencia del hospital ciudadrealeño y la Agencia Española de protección de Datos. En su reclamación, Albornoz asegura que el pasado 25 de abril, al día siguiente de  ser sometido a una artrodesis lumbar (operación quirúrgica en las vértebras), una “representante” de la empresa de ortopedia se presentó en la habitación con sus datos personales y los de la operación asegurando que era la ortopedista y que venía a hacerle una medición del “corsé especial” recetado por el médico. El denunciante asegura que, “convencido de que era un servicio convenido con el hospital”,  accedió a que le tomaran las medidas, pero las alarmas saltaron cuando, una vez realizada la medición, “la representante dijo que el corsé costaba 300 euros y que había que pagarlo al día siguiente, cuando lo trajera”.

“Asustado por el precio”, relata el paciente, “y puesto que el neurocirujano que estaba pasando revista me aseguró previamente que era un corsé corriente que se encontraba en cualquier ortopedia, y que no era muy caro, investigué por internet hasta localizar corsés con todas las garantías de calidad y seguridad por 131 euros, y los médicos nos confirmaron que el corsé podía comprarse en cualquier establecimiento de libre elección”. Además, el paciente asegura que vio a la representante de la empresa “llevando en la mano numerosa documentación de pacientes”.

Albornoz indica asimismo que tras comunicar a la ortopedia que no adquiriría el corsé y solicitar que le devolviera sus datos personales, esta le intentó convencer de que “era un servicio del hospital”, aunque al final consiguió que se le restituyera la documentación y la receta del médico.

El paciente exige en su reclamación al SESCAM y a la Agencia de Protección de Datos una “investigación profunda de estas prácticas que abusan de  la ignorancia de los pacientes” y que presuntamente “podrían incurrir en un delito de estafa y vulneración de Ley de Protección de Datos”.