Daimiel Noticias.- El concejal de Hacienda y Promoción Económica apunta a la urbanización de Los Pozos, realizada la pasada legislatura, como el principal foco de los problemas de la empresa municipal. Una vez que el juzgado responda, se intentará conveniar una dación en pago. En estos momentos, la deuda alcanza los 15 millones de euros.
El concejal de Hacienda y Promoción Económica, David Gómez-Cambronero, ha expuesto este jueves la causas que han motivado que el Consejo de Administración de EMUMASA (Empresa Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente) haya decidido por «unanimidad» de los tres grupos políticos representados solicitar el concurso voluntario de acreedores. Gómez-Cambronero ha recalcado que esta decisión viene forzada por la «imposibilidad del pago de las obligaciones» de la empresa municipal, cuya deuda alcanzó al final de la pasada legislatura 17 millones de euros. Este montante, «algo que siempre criticaron desde la oposición Partido Popular e Izquierda Unida», y la imposibilidad de aportar financiación desde el Ayuntamiento y de recaudar dinero por la venta de parcelas han provocado esta solicitud al juzgado.
Una vez que se tenga el visto bueno de la administración de Justicia, se intentará estableces un convenio con los acreedores para que, a través de una dación en pago (cesión de los terrenos de EMUMASA), las entidades financieras, únicas acreedoras de la empresa municipal, cobren de esa forma el dinero que se les debe. Esta fórmula ya se ha intentado previamente antes de llegar al concurso, pero, según explicaba Gómez-Cambronero, una de las tres entidades no la aceptó.
Durante este proceso, que advertía puede durar unos meses, la actividad de EMUMASA seguirá igual. Una actividad que engloba la gestión del Museo Comarcal, y dos puestos de trabajo temporales: el guarda de vigilancia del parking de camiones y el cuidador de la Protectora de Animales.
Tras esta primera exposición, el concejal de Hacienda ha reiterado que la gestión de los consejeros delegados del actual equipo de Gobierno «no es la culpable» de lo que ha pasado en EMUMASA. Desde su entrada en el Ayuntamiento en junio 2011, el Ejecutivo decidió «no encargar más obras» a la empresa municipal en aras de una gestión transparente, al tiempo que se ha conseguido reducir la deuda encontrada hasta unos 15 millones de euros.
Asimismo, Gómez-Cambronero ha indicado que las competencias que permitían a los consejeros delegados «tomar decisiones sin pasar por el Consejo de Administración» se eliminaron desde un principio. «Esos superpoderes», retomando la definición que en su día hizo el portavoz de Izquierda Unida, Galo Sánchez-Bermejo, los ostentaron únicamente tres miembros del último equipo de Gobierno socialista. Así las cosas, Gómez-Cambronero ha dejado claro que ni los compañeros de su partido que fueron concejales la pasada legislatura (Leopoldo Sierra, Fernando Gigante y Rafael Marcelino), ni los actuales concejales socialistas (Cristina Maestre yJuan Manuel Prado) ni el concejal de IU, Galo Sánchez-Bermejo, fueron consejeros delegados en la anterior etapa. «Alguna vez se ha hablado de que estaban al tanto, y no es así. Es más se pueden consultar las actas de EMUMASA para comprobar la información que se trasladaba», exponía.
A continuación, Gómez-Cambronero ha señalado la urbanización de Los Pozos como el principal foco de los problemas de EMUMASA. Una actuación que «se vendió para hacer el colegio San Isidro y donde lo único que no hay hecho es el colegio». A juicio del concejal de Hacienda, el presente de la empresa municipal sería otro muy distinto si se hubiera comprado una única parcela para ese fin y no 90.000 metros cuadrados de suelo no urbanizado que le costaron al Ayuntamiento más de 4 millones de euros. «Ahora que cada uno calcule si una hectárea (10.000 metros cuadrados) de suelo no urbanizado vale ese dinero, una media de 450.000 mil euros», reflexionaba.
Finalmente, aunque Gómez-Cambronero ha preferido «no dar detalles de todos los problemas, porque no es constructivo y estamos para dar soluciones», también aludía a la deuda de 8 millones que se contrajo con el Instituto de Finanzas como otro ejemplo de la «mala gestión» de la pasada legislatura. «Esa deuda debería haberse reconocido en el Ayuntamiento, pero ni aquí ni en EMUMASA se hicieron las cosas correctamente», concluía.