La responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha acusado a la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, de ser “cómplice” del despido de trabajadoras embarazadas al no cesar al consejero de Educación, Marcial Marín.
La responsable socialista ha realizado estas declaraciones tras conocer que la Justicia obliga al Gobierno regional del PP a indemnizar a una de las profesoras que fue despedida «por el simple hecho de estar embarazada», una situación que la propia Fernández denunció en sede parlamentaria.
Ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo el que ha estimado el recurso presentado por el sindicato STE-Castilla-La Mancha contra el despido por parte de la Consejería de Educación de una profesora interina embarazada natural de Ciudad Real que fue contratada para dar clases en un centro educativo de la capital regional.
Fernández ha subrayado que este caso concreto que era el de muchas otras mujeres embarazadas, y que lo llevó personalmente en las Cortes Regionales con la autorización de la propia afectada, y entonces el consejero de Educación la acusó de mentir.
Ahora, con esta sentencia, la diputada regional del PSOE cree que se ha hecho justicia, una sentencia que “es una prueba evidente de que quien miente sistemáticamente es el Gobierno de Cospedal; quien despide a mujeres embarazadas es el Gobierno de Cospedal; y quien no asume responsabilidades es el Gobierno de Cospedal”.
Y al hilo de esa cuestión, la diputada regional del PSOE afirma que “si yo tuviera un consejero que está despidiendo a mujeres embarazadas por el mero hecho de estar de baja por esa circunstancia, lo ‘fulminaría’ desde el minuto uno”, por lo que ha reiterado que «si Cospedal no lo ha hecho es porque es cómplice de esos despidos tan vejatorios para la dignidad de la mujer».
También, Blanca Fernández ha asegurado que en privado avisaron al consejero de Educación de que se estaban produciendo estos casos de despidos de trabajadoras de la Junta en estado de gestación, «hasta tal punto que le dieron nombre y apellidos de las afectadas, y lo hicimos en privado para que lo solucionara porque no queríamos haber una batalla política con este tema, y de hecho pensábamos que era un error, jamás pensamos que era una decisión política hasta que transcurrieron varias semanas y no se solución el asunto”, ha concluido Fernández.
