El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha destacado el refuerzo de la capacitación laboral de las personas con discapacidad, más allá de la mera ocupación del tiempo en centros ocupacionales, para fomentar su promoción profesional. Se trata de una de las novedades incorporadas a la nueva Ley de Garantía de las Personas con Discapacidad, que esta semana se ha remitido al Consejo Consultivo.
Entre las innovaciones del texto, tras acordarlo con el CERMI, se ha aprobado que los consejos escolares de Castilla-La Mancha incluyan a una persona que trabaje en el sector de la discapacidad. El objetivo es que la toma de decisiones en estos centros se lleve a cabo escuchando a representantes del colectivo.
En el terreno educativo también se establece que el cinco por ciento de las plazas en Formación Profesional se reserven para alumnos con alguna discapacidad.
Todas estas modificaciones, pactadas con el sector de la discapacidad, reforzarán una ley que contará con la implicación de todo el Gobierno regional. El nuevo texto legal incorpora la necesidad de aportar un informe de ‘impacto de discapacidad’ en todas las iniciativas de carácter normativo y estratégico de todas las consejerías de Castilla-La Mancha.
A juicio del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, “de esta forma hemos contribuido a elevar y dignificar las cuestiones que afectan a la discapacidad, situándolas en el primer nivel de la agenda del Gobierno”.
La ley determina las responsabilidades de los principales actores de nuestra sociedad. Las familias, las empresas, las entidades locales, el Gobierno o la propia televisión regional deben atender especialmente a este colectivo.
Entre los aspectos destacados del texto se encuentran la especial protección de la mujer con discapacidad, “con medidas en las políticas de empleo o en las de acceso a la vivienda pública”.
