Jesús Manuel Ruiz. Responsable de Acción Política de UPyD Castilla-La Mancha.- Pasadas más de dos semanas de las elecciones europeas y cuando todos los focos de la noticia se concentran a nivel nacional en la abdicación del Rey y a nivel regional en la próxima ley electoral de Castilla-La Mancha, considero que ha pasado el tiempo suficiente para analizar con objetividad los resultados de los distintos partidos en las elecciones europeas en Castilla-La Mancha, además de valorar las consecuencias de la nueva legislación electoral conocida en el día de ayer.
El Partido Popular se ha dejado por el camino en estos comicios 139.341 votos respecto a las anteriores elecciones europeas del año 2009 y la friolera de casi 400.000 respecto a las generales de 2011. En cuanto al Partido Socialista, le han votado en estas elecciones 112.000 ciudadanos menos que los que le votaron en las de 2009, y comparando con las últimas generales, ha visto reducido en 150.000 su número de votantes. En cuanto al porcentaje sobre el total de los votos emitidos, estos dos partidos han sumado en estas elecciones el 66% de los votos, cuando en el año 2009 obtuvieron más del 80%. Frente a estas cifras, formaciones como Izquierda Unida, UPyD, Podemos y Ciudadanos han obtenido en Castilla-La Mancha más de 170.000 votos, lo que representa más del 25 % del electorado.
¿Estos datos suponen el fin del bipartidismo en Castilla-La Mancha?, creo que todavía no, aunque sí que podría ser el principio de su ocaso si no fuera por la nueva ley electoral que previsiblemente verá la luz verde este próximo mes de julio en las Cortes Regionales como consecuencia de la reforma estatutaria aprobada recientemente, norma que regirá en las próximas elecciones autonómicas de 2015 y que probablemente amortiguará la caída anunciada de los, hasta ahora, dos grandes partidos.
Estos resultados lo que si indican es que la sociedad está reclamando que nuevos partidos entren en la esfera política, anhelo que con la ley electoral que todavía está vigente se haría realidad, pero que con la nueva ley, puede frustrarse. ¿En qué se ampara el Partido Popular para esta reforma electoral?, fundamentalmente en dos razones, la primera, que la disminución del número de diputados -serán finalmente treinta y tres- supondrá un importante ahorro de gastos al erario público, y la segunda, que “era una demanda muy reclamada por los ciudadanos”.
Vayamos con el primer argumento, el de la austeridad, además de recordar que los diputados autonómicos ya no perciben retribuciones periódicas, si de veras lo que quisiera el Gobierno de Cospedal fuera conseguir un ahorro a las arcas públicas, infinitamente uno mayor se lograría si se suprimieran la mayor parte de los asesores que pueblan las distintas instituciones regionales. En cuanto a la segunda justificación, es una realidad palpable el que los ciudadanos quieren menos políticos, deseo que es consecuencia de la creciente desafección existente hacia los mismos (provocada por los múltiples casos de corrupción y el cada vez mayor alejamiento de muchos políticos respecto a los problemas cotidianos), pero no es menos cierto, que será la nueva ley electoral la que previsiblemente sostendrá a aquéllos partidos políticos, PP y PSOE, que son precisamente los mayores causantes de esta desafección.
Desde UPyD llevamos tiempo alertando de la gravedad que va a suponer este cambio de la ley electoral, intentado, por una parte, hacer mucha pedagogía política para demostrar que los principales perjudicados no sólo son los partidos políticos minoritarios, sino también los propios ciudadanos, ya que con la nueva ley se acrecentará la desigualdad del voto de los ciudadanos, además de que una parte significativa de ellos no se verán representados por la futura composición de las Cortes Regionales; y por otra, explicando nuestras propias propuestas, caso de las listas desbloqueadas, o la implantación de un distrito electoral único, medida ésta que no produciría, en ningún caso, incremento alguno de gasto y respetaría escrupulosamente la representatividad de las distintas formaciones, implantación a la que el Partido Popular reiteradamente se ha negado, manteniendo las cinco circunscripciones provinciales en la nueva ley.
Al hilo de lo anterior, los medios de comunicación han informado de cómo quedaría el reparto de escaños por provincias, noticia que viene a confirmar que el principal objetivo del Partido Popular con esta reforma es la de querer asegurarse la victoria en las próximas elecciones, ya que las provincias que históricamente han supuesto un granero de votos al Partido Socialista, tendrán con la nueva ley un numero par de diputados (caso de Ciudad Real y Albacete), mientras que en las que tradicionalmente mayor apoyo recibe el Partido Popular (Guadalajara, Cuenca y Toledo), se elegirán un número impar de diputados, como popularmente se dice “blanco y en botella, leche”. Por todo esto, causa sonrojo e irritación las declaraciones de ayer de algunos dirigentes del Partido Popular diciendo que la nueva ley, es una ley justa y que respeta escrupulosamente la proporcionalidad.
Dos últimas cosas para concluir, la primera, UPyD nunca se ha opuesto a una reducción razonable del número de diputados, de hecho, así se lo advertimos al Partido Popular cuando al principio de esta legislatura modificó la ley para aumentar en cuatro los diputados, haciendo caso omiso a nuestra sugerencia, por contra, a lo que sí nos hemos opuesto con rotundidad es a una la ley electoral, como la que se va a aprobar, que implique que se tenga que alcanzar aproximadamente el 15% de los votos en cada circunscripción provincial para que una formación política entre en el Parlamento Autonómico, porque con ello se produce un ataque brutal al pluralismo político que consagra la Constitución Española; y una segunda, un recordatorio para el Partido Popular, si la legislación electoral se modificase en Cataluña y el País Vasco en el mismo sentido al que se va a hacer en Castilla-La Mancha, ellos serían los que quedarían fuera de los Parlamentos autonómicos de esas dos Comunidades Autónomas.
