El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha informado en el día de hoy que el Ayuntamiento ha ganado, en recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha (TSJCLM), las contribuciones especiales que se giraron en 2001 y que fueron impagadas y recurridas por la concejala de UCIN como representante de la empresa LITOVAL.
El regidor municipal ha explicado que los hechos se remontan a la sesión plenaria del 30 de octubre de 2001, gobernando el Partido Popular, por el que el Ayuntamiento de Valdepeñas adoptó acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones especiales, por las obras de urbanización de las calles Alegría, Conde y Acera del Cristo. En este punto Martín aclaró que “el gobierno último del PP, siendo concejal Fernando Prieto, puso unas contribuciones especiales del 90%, es decir, que cuando este gobierno lleva unas contribuciones especiales de carácter general en los últimos 12 años del 20%, dice Prieto que no son justas, pues ellos no ponían el 20% sino el 90%”.
Por este motivo, con fecha 21 de diciembre de 2001 se practicaron liquidaciones por contribuciones especiales por las citadas obras de urbanización, en las que se determinaba que era sujeto pasivo la mercantil LITOVAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL, y se estableció la cuantía de 97.853,74 euros, correspondientes al 90% del valor de las obras.
A la vista de estas liquidaciones LITORAL solicitó y le fue concedido con fecha 7 de febrero de 2002, por parte del Partido Popular, fraccionamiento del pago de la deuda tributaria de la siguiente forma: un 10% inmediato, 40% una vez que comiencen las obras y un 50% a la finalización de las mismas. Sin embargo, la administración solo percibió el primer 10% que ascendió a 9.785 euros, ya que a partir de ese momento la empresa dejo de cumplir sus obligaciones.
Transcurrido los vencimientos aplazados sin que se hicieran efectivos, el Ayuntamiento en 2008 agrupó toda la deuda y procedió al giro de la misma por valor de 97.853,74 euros más los intereses de demora, lo que dio lugar a un recurso de Litolda Ballesteros, concejala de UCIN, como representante de la empresa LITOVAL, alegando que la deuda estaba prescrita.
El alcalde ha señalado que “aquí lo que la señora Litolda ha hecho ha sido burlar la buena fe de la administración, de la que ella forma hoy parte, en tanto en cuanto, primero pide un aplazamiento por cinco años, y transcurridos los mismo sin haber abonado su deuda, recurre a la administración alegando que la deuda ha prescrito por que han pasado más de cuatro. Es decir, primero pido que me fracciones en cinco años, después no pago ninguno, y cuando se le pide el pago de la deuda y los intereses alega que la deuda está prescrita”, señaló.
A esta sentencia hoy ganada por el ayuntamiento, el alcalde ha recordado que hay que sumar otro recurso que la misma concejala en su calidad de representante de la empresa LITOVAL, tiene interpuesto frente a la administración por deudas de IBI, tasas, ocupación de vía pública y plusvalías, por valor cercano a 100.000 euros desde 2007.
“Todos los ciudadanos pagamos el IBI y las plusvalías, no los recurrimos y ella los recurre, todos pagamos las licencias de obras, ellas las recurre, todos pagamos la ocupación de vía pública, ella no lo cumple…”, criticó el regidor municipal, que espetó que “encima se cree con autoridad moral para decirle a este alcalde que el Ayuntamiento se gasta mucho dinero en abogados. Sí, los que tenemos que poner para defender los intereses de los valdepeñeros para que sujetos pasivos, muy pasivos en el pago de los impuestos como ella y sus empresas, paguen”, indicó.
El primer edil ha añadido que “lo que no es de recibo, ni moral, ni políticamente, es que quien prometió y juró defender los intereses de los valdepeñeros, los burle difiriendo en el tiempo sus obligaciones fiscales que al día de hoy, con el de la sentencia aludida y el recurso en marcha ascienden a más de 220.000,00 euros los que esta concejala de UCIN, y su empresa adeudan al pueblo desde 2002.
