Lucio A. Muñoz. Socio director de Eurogroup Human Resources.- Podemos definir la “cultura corporativa” de una empresa como un modelo de comportamiento instaurado a nivel institucional y llevado a la práctica por el capital humano que integra la misma. La cultura corporativa de una compañía, por tanto, esta conformada por un conjunto de valores, principios, códigos éticos de conducta y protocolos de actuación que la diferencian y la identifican.
Igualmente, la cultura corporativa de una organización también es considerada como una herramienta de comunicación, puesto que, a través de la misma, es posible proyectar una potente imagen de marca, a nivel interno y externamente y, en función de ello, atraer al mejor talento del mercado y a los clientes más valiosos.
Consecuentemente, la forma de pensar y de hacer (y la perfecta coordinación entre ambas acciones) de una empresa define su cultura corporativa.
La mayoría de los proyectos empresariales de éxito poseen una cultura corporativa perfectamente diseñada, armoniosamente ejecutada y estratégicamente alineada tanto con el modelo de negocio como con las personas que conforman los mismos.
Se trata, en definitiva, de un activo intangible que aporta un valor no cuantificable en la cuenta de resultados de la empresa.
Estableciendo un paralelismo con lo anteriormente expuesto, el desarrollo económico y la competitividad de un país depende en gran medida de la cultura política, social y empresarial del mismo, es decir, de la forma en la que piensan y actúan sus ciudadanos.
La “cultura de la subvención”, impuesta por la casta política, limita el crecimiento económico de España y es uno de los principales virus que infecta de corrupción política a nuestra Administración.
Las subvenciones públicas son la fórmula política perfecta para mantener el poder: redes clientelares y lealtades electorales que convierten a los ciudadanos en meros votantes comprados por los partidos políticos.
En España, los sucesivos gobiernos que, sustentados por el bipartidismo, se han alternado en el poder, han implantado la cultura de la subvención al objeto de establecer redes político-clientelares y, de este modo, intentar asegurarse la reelección.
La cultura de la subvención, además de institucionalizar la corrupción en la Administración Pública, convierte a los ciudadanos (empresas, sindicatos, patronal, fundaciones…) concesionarios de las subvenciones en votantes comprados por el partido político que ostenta el poder. Y paralelamente, en los más fieles y sectarios defensores del gobierno que adjudica las subvenciones.
En nuestro país, principalmente en Andalucía, el régimen de la subvención ha empobrecido a los ciudadanos hasta llevar a muchas familias a la miseria y, por el contrario, ha enriquecido inmoralmente a la casta político-sindical y a su entorno.
Asimismo, la cultura de la subvención expulsa del mercado a multitud de pymes dotadas de un modelo de negocio viable y, contradictoriamente, beneficia a empresas que únicamente se han constituido con el objetivo de obtener la correspondiente subvención.
Otro de los efectos perversos que provoca la corrupta política de subvenciones aplicada hasta la fecha en España es que se produce un trasvase de fondos públicos que siempre perjudica a los colectivos desfavorecidos de la sociedad, los únicos a los que deberían ir destinadas las ayudas públicas.
El Estado de las autonomías ha potenciado enormemente la cultura de la subvención. Los reinos de taifas autonómicos, al objeto de tejer sus propias redes político-clientelares de ámbito regional, han multiplicado por 17 el número de subvenciones, contribuyendo con ello al empobrecimiento global de nuestro país, al fomento del desempleo y al incremento de la desigualdad social.
A nivel socioeconómico, bajo esta cultura de la subvención subyace una forma de vivir fundamentada en la protección del Estado que, en virtud de lo cual, se convierte en una fábrica de producir ciudadanos sin libertad, carentes de iniciativa, ignorantes y, sobre todo, manipulables.
El caso relativo al supuesto fraude de la “formación para el empleo” que afecta, como principal responsable del mismo, al Gobierno de la Junta de Andalucía constituye el máximo exponente de la arquitectura político-clientelar, en torno a las subvenciones y fondos públicos, diseñada por los gobiernos autonómicos para conseguir clientes políticos, que lógicamente se transforman con posterioridad en votos.
¿Para quiénes mejora la economía? Seguro que para las empresas, sindicatos y patronales que reciben subvenciones únicamente por el hecho de poseer vínculos políticamente afines con el partido del gobierno de turno.
Mientras tanto, el Gobierno pretende que España siga viviendo “de prestado”, vía crédito barato procedente del BCE. Rajoy sigue vendiendo humo, puesto que no tiene la más mínima intención de desarrollar la reforma que más necesita nuestro país, la relativa a la Administración Pública. Mantener la mamandurria y el chiringuito político intacto es la prioridad del Gobierno. Para ello cuenta con el plácet de la oposición.
