Daimiel Noticias.- Con el apoyo del equipo de Gobierno, el voto en contra de IU y las abstenciones del grupo Socialista. «El servicio seguirá garantizándose en el municipio», zanjó el alcalde, Leopoldo Sierra. La sesión aprobó, sin el apoyo de la oposición, la solicitud de bonificación en el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) a la empresa Vestas. Se desestimó la moción presentada por la coalición exigiendo cambios en las políticas sociales, económicas y de empleo de Europa.
El Ayuntamiento solicitará a la Diputación Provincial que asuma las competencias y preste el servicio de prevención y extinción de incendios que se desarrolla desde el Parque de Daimiel en las mismas condiciones a las actuales. La decisión se aprobó este lunes por la noche en sesión plenaria ordinaria y se asienta en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. La propuesta, defendida por el concejal de Hacienda, David Gómez-Cambronero, pretende favorecer las arcas municipales y liberar fondos que, por otra parte, argumentó, pueden ir dirigidos a determinadas acciones como planes de empleo. Un análisis que corroboró el alcalde, Leopoldo Sierra, certificando que «el servicio seguirá garantizándose».
El propósito es que con esta decisión se revoque la autorización otorgada a los Servicios de Recaudación de la administración provincial para efectuar retenciones sobre los tributos del Ayuntamiento contra las cuotas o facturas del Consorcio del 1006. Eso implica además una modificación en los estatutos del citada entidad, eliminando la aportación económica, como se explicó, de Daimiel.
Desde Izquierda Unida, el concejal Juan Julián Rodríguez de la Rubia, que relató la relación de obligaciones de los ayuntamientos en función del número de habitantes y atendiendo a la citada Ley, se refirió a la misma como «una norma que conlleva un posible vaciado de contenido en la gestión que puede derivar en un menoscabo de los servicios, además de pasar esa prestación a una administración más lejana». Por eso, el edil puso en duda su funcionamiento y se planteó, incluso, su desaparición; justificando así el voto de su formación en contra.
En esos términos se expresó la portavoz socialista Cristina Maestre quien consideró que es una «trasposición de la Ley que va desmantelando servicios esenciales». Su grupo se abstuvo, mientras insistió en que el Ayuntamiento va a renunciar a la gestión del servicio de bomberos al tiempo que reprobó una decisión que, según dijo, se está abordando mediante una comisión de Cultura y Asuntos Generales respaldada por PP y PSOE en la Diputación Provincial (que integra un concejal popular) para detener la interpretación de una Ley que, acentuó, presenta dos puntos incompatibles a este respecto contemplados en sus artículos 25 y 36 y cuyas conclusiones aún no se han extraído. En este último, dictó, «cuando estos municipios no procedan a su prestación», aspecto, matizó, que sí que se emprende desde hace cuatro años.
Gómez-Cambronero afirmó que «no se va a quitar» el servicio. Precisó que la Ley determina las competencias, y en el artículo 36 se atribuye a la Diputación por tratarse de una población inferior a 20 mil habitantes. Al tiempo aclaró como integrante del Consorcio encargado de la gestión del servicio de Extinción de Incendios que se trata de recobrar 270 mil euros. «No se dice que se quite sino que lo sufrague la Diputación, con el dinero otorgado desde el Estado». El titular de Hacienda señaló que «estamos luchando por no pagar ese dinero el año que viene, y, si se puede reducir en el ejercicio en curso, mejor». Se trata de un acuerdo que el Ayuntamiento remite ahora pero que otros ya lo han hecho, concretó. A este respecto, el alcalde daimieleño agregó que el objetivo es definir competencias. «Esa es la garantía del servicio y la garantía económica», concluyó.
El Pleno aprobó la solicitud presentada de bonificación en el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por parte de Vestas para ampliación de establecimiento industrial, y desestimó la solicitada por hotel rural por no cumplir uno de los criterios relativos a empleabilidad debido a que su apertura no es inminente. A esta última se la instó a volverlo a solicitar cuando inicie la actividad.
IU afirmó que ha existido una rotación de 460 trabajadores en la planta de palas aeronáuticas y reclamó «mayor estabilidad, mejores salarios y más medios donde prevalezca la seguridad de los trabajadores». Su voto fue en contra, mientras que desde las filas socialistas se abstuvieron en la decisión. El grupo Popular sacó adelante un punto en el que aprovechó para valorar la modificación de la línea de palas actual y adaptarla a unas nuevas dimensiones; una actividad que contribuirá «a dar estabilidad», como comentó el concejal de Promoción Económica Gómez Cambronero, que debe valorarse como «una apuesta de la multinacional por Daimiel». Precisó que el número de trabajadores ha llegado a ser de alrededor de 530, pero han sido muchos más teniendo en cuenta aquellos que han renunciado a su puesto, han pedido excedencia o simplemente no han seguido pasando procesos de formación. También estimó que la factoría daimieleña fuese competitiva registrando algún ejercicio con siniestralidad cero», frente a los mercados emergentes. «Una buena noticia», como catalogó Sierra, quien expuso su intención por velar que el mayor número de trabajadores sean de Daimiel. PP votó a favor; PSOE se abstuvo e IU denegó la propuesta.
Izquierda Unida presentó una moción exigiendo cambios en las políticas sociales, económicas y de empleo de Europa para que varíe, en consecuencia, la situación Daimiel, ya que, argumentaron, «las políticas nos afectan a todos, también a los vecinos de Daimiel, se diseñan en ámbitos europeos». Su propuesta se dirigía al gobierno de la Junta de Comunidades y al gobierno de la Nación con la finalidad de hacerles partícipes de la dramática situación que miles de familias de la localidad están viviendo, en buena parte debido a las políticas que desde ámbitos europeos se han diseñado y que su aplicación práctica ha generado».
Entre las exigencias manifestadas por la coalición se solicitaba la derogación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad, la creación de recursos para llevar a cabo en las comunidades autónomas planes de empleo de emergencia basados en políticas de inversión pública y la derogación de reformas laborales que solo han servido para generar desempleo y desprotección laboral. Se abogó por políticas de estímulo «efectivas» para facilitar el crédito financiero a pymes y autónomos. El portavoz Galo Sánchez Bermejo defendió la moción en la que recriminó que «PP y PSOE sean lo mismo», aspecto que Maestre denegó firmemente. Entretanto la portavoz María Dolores Martín de Almagro tachó la moción de «electoralismo». Finalmente no salió adelante: PP (denegó); PSOE (abstención), IU (a favor).
Un extenso pleno que concluyó con cuatro ruegos y una veintena de preguntas imperaron aspectos relacionados con la limpieza viaria y el acondicionamiento de solares, así como el ámbito de parques y jardines, entre otros.
