Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha preparado a través de la Consejería de Agricultura una batería de medidas y reformas legislativas que suponen en su conjunto un ataque sin precedentes a las políticas de conservación de la naturaleza de la región.
El bombardeo de cambios legislativos y de normas se articula a partir de tres líneas de actuación: la nueva Ley de Caza, la modificación de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y la revisión de los planes de recuperación de especies en peligro de extinción como el lince ibérico, el águila imperial, el buitre negro y la cigüeña negra.
La mayor parte de las modificaciones han quedado expuestas en la convocatoria del Consejo Asesor de Medio Ambiente que con un orden del día kilométrico se ha previsto para el próximo 28 de abril.
Los principales cambios que se anuncian tienen que ver con la regulación de la actividad cinegética donde a la conocida apuesta de la Consejería por la intensificación de los aprovechamientos cinegéticos, se suman ahora medidas de desprotección ambiental que agujerean el marco normativo existente en materias tan importantes como la lucha contra el uso del veneno, las limitaciones a los vallados cinegéticos y a los cotos intensivos, la regulación de los métodos de control de predadores, y la gestión de las zonas críticas de especies amenazadas y de la Red Natura 2000.
Por ejemplo, la Consejería plantea modificar el artículo 22 de la Ley 9/99 acabando de facto con la responsabilidad de los titulares cinegéticos en la aparición de cebos envenenados en los cotos. También se eliminan las prohibiciones de instalar nuevos cerramientos o cotos intensivos en las zonas críticas de especies amenazadas y que forman parte de la Red Natura 2000. Por otra parte, se permitirá el uso sistemático en los cotos de métodos de control de predadores y de control de poblaciones cinegéticas a pesar de que la normativa básica los considera excepcionales y objeto de fuertes restricciones. Por último, para favorecer aún más a la caza intensiva e ilegal, las sanciones económicas en materia cinegética se reducen a la mitad respecto a las vigentes desde la Ley de 1993.
A todo ello hay que sumar más de 30 otras medidas y normas que favorecen al modelo de caza industrializada que quiere promover el Gobierno a toda costa y en detrimento de la protección del medio natural y de los derechos del resto de usuarios del mismo.
Sin duda, la larga mano de las asociaciones profesionales cinegéticas y alguna agraria, de la Federación regional de caza y de propietarios de fincas y gestores afines al Gobierno se ha dejado notar, y de qué manera, en los cambios normativos que impone la Consejería.
A juicio de Ecologistas en Acción esta es una parte importante del precio que se paga por el apoyo que éste lobby ha dado y da a los Gobiernos del PP, en España y en Castilla-La Mancha, y a la presión injustificada que mantuvo sobre Gobiernos de legislaturas anteriores. La otra parte del cobro de esta deuda son las cuantiosas subvenciones que está dando la Consejería a los grandes titulares y explotaciones cinegéticas. Son ya medio millón de euros, pero se ha anunciado un incremento sustancial para los próximos años.
La situación descrita deja bien patente la falsedad de las afirmaciones de la Consejera de Agricultura cuando ha dicho que lo que se busca con estas medidas es un equilibrio con la especies y con el medio natural. Nada más lejos de la realidad.
Ecologistas en Acción se prepara para defender el Patrimonio Natural de Castilla-La Mancha y los derechos de los usuarios no cazadores del medio natural. Para ello prepara una larga lista de alegaciones que presentará en la sesión del CAMA del próximo lunes y que será trasladada a los grupos políticos en próximas fechas.
