El portavoz adjunto del PP de Castilla-La Mancha y senador, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que “causa bochorno escuchar cómo el ex alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, ataca a Diego Ortega por intentar salvar lo que él hundió”. En este sentido, Rodríguez ha criticado las declaraciones realizadas ayer por el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y ha asegurado que “hay que tener poca vergüenza para hablar de calmar las aguas cuando son ellos los que están enredando y propiciando el clima de enfrentamiento».
Asimismo, el portavoz popular ha indicado que “el hecho de que Rosa Melchor se haya ido a Toledo a dar una rueda de prensa sobre un tema municipal es una bofetada a Page que tiene privatizado casi todo en su Ayuntamiento y sobre todo la gestión del agua”.
Miguel Ángel Rodríguez ha recordado, además, que Diego Ortega se encontró un Ayuntamiento en quiebra y una empresa municipal de aguas que, “tras múltiples irregularidades contables y de gestión política”, arrastraba una deuda de 8 millones de euros que la hacían inviable, “una empresa que estaba muerta porque los socialistas, con Bódalo a la cabeza, se habían encargado de matarla”.
En cuanto a Bódalo, “que el lunes vivió su particular Lunes de Pasión ante los Tribunales” Rodríguez ha criticado que “no sólo no pidiera perdón por arruinar a Alcázar, sino que encima atacara a los que quieren arreglar la situación”.
También ha lamentado Rodríguez que, ayer, García-Page hablara de este tema y que se alegrara de que un llamado Tribunal -que hay que recordar que no es un órgano jurisdiccional aunque se llame Tribunal- haya dictaminado a favor de las pretensiones del PSOE “cuando lo que nos hubiera gustado es escuchar su opinión sobre la comparecencia de Bódalo, esta vez sí en sede judicial, para aclarar los puntos negros de su gestión al frente de Aguas de Alcázar”.
Por su parte, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha aclarado que se trata de una resolución dictada por un órgano administrativo no jurisdiccional en relación a un par de cuestiones formales que están siendo modificadas por los técnicos del Ayuntamiento.
El primer edil ha insistido en que con el cambio de gestión se pretende mejorar el servicio, mantener los precios y “dar viabilidad” a una empresa de aguas que el propio Bódalo reconoció ante los tribunales que estaba en quiebra en 2009. Además, y tras recordar que la justicia ha dado la razón hasta en tres ocasiones al equipo de Gobierno, ha señalado que se pretende mantener el puesto de trabajo de 30 vecinos de la localidad, detrás de los cuales hay 30 familias, que podrían quedarse en la calle “si hiciéramos caso a las pretensiones del PSOE”.
Por último, y a preguntas de los periodistas sobre la asunción de responsabilidades políticas, Ortega ha señalado que el PSOE “no está legitimado” porque mantiene como concejal y vicepresidente de la Diputación a Sánchez Bódalo, que está imputado por haber cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa o tráfico de influencias, entre otros.
