El Área de Juventud y las Juventudes Comunistas en Ciudad Real han rechazado en un comunicado «un nuevo acto de represión política y de sanción del ejercicio de derechos públicos y fundamentales por parte de la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real».
Esta vez se trata de la ratificación por este organismo de dos sanciones económicas de 400 euros a dos conocidos activistas sociales de la ciudad por unos hechos acontecidos hace ya dos años, al calor de la creación de la Plataforma de Afectos por la Hipoteca de Ciudad Real (PAH). IU considera que estas sanciones «deberían ser catalogadas políticas, porque es el castigo del ejercicio de derechos de esta índole el que están penando».
«En el transcurso del tiempo nadie podrá recordar aquella concentración motivada en repulsa de un suicidio provocado por la presión financiera y por una recogida de firmas, atisbo alguno de sobresalto o de cualquier tipo de incidencia más allá de la meramente informativa. Es más, estos dos años han puesto de relieve el importante papel social que ha llevado a cabo la PAH», recuerdan las dos formaciones.
«Por lo tanto no tiene fundamento alguno que durante la filmación de esta convocatoria como medio de difusión, y como forma de dejar constancia del correcto desempeño de las funciones de los agentes de policía, cuando estos identificaban a algunos de los allí concentrados, se confirmen sanciones aludiendo al precepto legal de una posible provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana como asevera el expediente», explica IU.
IU y Juventudes Comunistas se ratifican así en su «oposición a estas medidas represivas y arbitrarias, en cuanto a que la grabación de funcionarios públicos, como son los policías, en el ejercicio de sus funciones no constituye delito alguno. Seguiremos mostrando pues nuestro apoyo, solidaridad y repulsa a estas acciones durante el trámite del recurso contencioso-administrativo».
A juicio de las dos formaciones «no es ninguna novedad» lo que denuncian. «Recordamos que en Diciembre fueron absueltos seis manifestantes, que habían sido sancionados por el mero hecho de protestar durante una visita de María Dolores de Cospedal, y que antes lo habían sido estudiantes y otros activistas sociales, hasta el punto de que la Comunidad de Castilla-La Mancha es la cuarta región de España en número de iniciación de expedientes sancionadores, en relación con el ejercicio de la protesta y manifestación pública». «Cualquiera», prosiguen, «podría pensar que nuestra Región pasa por una algarada constante, pero sabemos todos que lo que el Partido Popular pretende es precisamente convertir en una excepción el ejercicio de estos derechos fundamentales, y en definitiva criminalizar y marginar la protesta social contra sus políticas reaccionarias. Nosotros no dudamos de que junto a la movilización sostenida y la ciudadanía organizada conseguiremos revertir en su contra todos estos procesos, y que pasaran factura a la prepotencia que nos demuestran cada día».
«Hay que añadir a esta serie de hechos el uso que Subdelegación da a la Brigada de Información en determinadas ocasiones, más de la Político-Social de otra época», dicen IU y PC . «Y así lo demuestra el que el día 8 de Abril agentes de este cuerpo se dedicaran a vigilar una asamblea de Izquierda Unida en el Centro Social Larache con los vecinos del barrio. Que se dediquen recursos a vigilar asambleas abiertas, denota que el gobierno quiere intimidar a los interesados en una alternativa al estado actual de las cosas, y su inquietud por que ello se produzca», señalan.
«Exigimos por tanto el cese de Fernando Rodrigo Muñoz, como subdelegado de Gobierno de Ciudad Real, que se muestra empecinado en acallar la oposición de la calle por la vía de la represión», concluyen.
