El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha anunciado que el Ejecutivo regional ha tomado conocimiento del Anteproyecto de Ley de Caza para adaptar su contenido a las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos y los nuevos cambios sociales y económicos.
Leandro Esteban ha explicado que esta modificación busca dar mayor simplificación y agilidad a los trámites administrativos, de modo que se facilite a los titulares de terrenos cinegéticos una gestión más eficaz. De esta forma, ha proseguido, la futura ley supone un nuevo marco regulador para una región que tiene en la caza “un importante referente cultural y económico”.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas ha señalado que la Ley de Caza permitirá al sector potenciar nuestra comunidad como destino de turismo cinegético, con la creación de empleo y riqueza que se reconocía en el Plan de Inversión y Creación de Empleo.
Por ello, Leandro Esteban ha destacado las ventajas de Castilla-La Mancha en esta materia gracias a su variedad paisajística, clima, orografía y diversidad de la fauna cinegética.
Novedades de la ley
Leandro Esteban ha anunciado que la nueva norma introducirá importantes novedades en relación con la ley actual, con el objetivo de asegurar la protección del patrimonio natural de Castilla-La Mancha y su biodiversidad.
Entre estas novedades se encuentra también la supresión de la catalogación de cotos de caza mayor y de caza menor. Para ello, se transfiere a los planes de ordenación cinegética el establecimiento de las actividades que se pueden desarrollar.
Asimismo, la redacción de la nueva Ley de Caza, que reconoce la figura de titulares cinegéticos como profesionales y les dará un mayor margen de libertad, avanza en las posibilidades de desarrollo turístico de la caza desde el más profundo respeto al medioambiente.
En cuanto a las infracciones administrativas, el portavoz del Gobierno regional ha señalado que se añaden a la mera multa económica, sanciones que suponen la limitación de la actividad cinegética o empresarial que realiza el infractor.
En la actualidad, la caza sostiene 6.500 puestos de trabajo fijo y 1,6 millones de jornales, al tiempo que genera alrededor de 600 millones de euros al año.
