Angel-María Rico Navarro, coordinador del Consejo Local de Unión, Progreso y Democracia en Ciudad Real, ha elevado al Pleno de la Corporación para su debate una propuesta instando al Ayuntamiento de Ciudad Real a que cuantifique, a través de las facturas de combustible, la cantidad de dinero público que ha pagado el consistorio en concepto de “céntimo sanitario”.
Igualmente pide al Consistorio que inste al Gobierno de la Nación y al Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha que estudien las posibilidades y fórmulas de devolución de los importes cobrados indebidamente tanto al Ayuntamiento de Ciudad Real, como al conjunto de vecinos del municipio.
Como afirma Angel María Rico en su escrito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el pasado 27 de febrero de 2014 la ilegalidad del “céntimo sanitario” que aplican las comunidades autónomas al considerar que el impuesto incumplía con la normativa europea en materia de fiscalidad. Este impuesto ha sido aplicado por trece comunidades autónomas con impuestos que oscilan entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro de carburante.
«Destaca en este sentido la Comunidad de Castilla-La Mancha, que fue una de las regiones pioneras en aplicar la nueva vía recaudatoria, que ahora ha sido declarada irregular, y que ha gravado el consumo de carburante de los ciudadanos castellano-manchegos durante más de 10 años, desde el 1 de agosto de 2002″, recuerda Rico.
A la vista de la sentencia, las comunidades autónomas deberán reembolsar el dinero recaudado desde la introducción de este impuesto, que asciende a unos 13.000 millones de euros.
Para el coordinador de UPyD en Ciudad Real, “sería deseable que la decisión comunitaria sobre el céntimo sanitario se ejecutara por parte del gobierno español con similar celeridad con la que se aplicó hace unos meses la derogación de la doctrina Parot tras la resolución de Estrasburgo, saliendo de la cárcel de forma prácticamente automática gran número de presos condenados por delitos de terrorismo o especial situación violenta».
«Sin embargo, a día de hoy, seguimos sin saber cómo aplicará el Ejecutivo la sentencia del TJUE que declara ilegal el cobro del llamado céntimo sanitario por parte de algunas comunidades autónomas, y no se ha explicado cuál será el mecanismo para garantizar una devolución ágil y responsable de los 13.000 millones de euros cobrados a ciudadanos, empresas e instituciones públicas por este concepto”, recuerda.
Por último, UPyD se pide al Ayuntamiento que «establezca un servicio de información para vecinos y empresas con el objeto de asesorar sobre los pasos a seguir para la devolución por vía administrativa de los importes indebidamente recaudados».
