Cayo Lara, diputado nacional y coordinador federal de Izquierda Unida, ha presentado una batería de preguntas escritas en el Congreso de los Diputados para saber qué opina el Gobierno de Mariano Rajoy sobre “las extrañas circunstancias” que están rodeando el proceso de privatización del agua de Alcázar de San Juan.
Tras la adjudicación definitiva de la gestión de la empresa municipal de Aguas de Alcázar a la empresa privada Aqualia-FCC, Cayo Lara presentado en la Mesa del Congreso una serie de preguntas escritas para conocer cuál es la opinión del Gobierno de Mariano Rajoy ante dicho procedimiento. El diputado nacional y coordinador federal de Izquierda Unida ha tildado a PP y CxA como “un Equipo de Gobierno autoritario y en descomposición que da la espalda a las inquietudes de los ciudadanos”.
Cayo Lara quiere conocer qué valoración le merece al Gobierno de la Nación el hecho de que 11.000 vecinas y vecinos hayan firmado en contra de la privatización de Aguas de Alcázar. Del mismo modo, pide saber si ellos también consideran una amenaza la consulta ciudadana que va a llevar a cabo la Plataforma contra la Privatización del Agua del 20 al 23 de marzo, la cual ha sido duramente criticada por el alcalde de Alcázar de San Juan.
Ante “las extrañas circunstancias” que han rodeado a los sucesivos cambios producidos en el equipo de gobierno municipal de Alcázar de San Juan, Izquierda Unida también pregunta al Gobierno de la Nación si tiene pensado abrir algún tipo de investigación específica para determinar si pueden afectar a miembros del propio Partido Popular en la actualidad, para en su caso, iniciar las acciones legales oportunas contra ellos.
Cayo Lara ya se solidarizó personalmente con la lucha por el agua de Alcázar de San Juan cuando casi una treintena de vecinos y vecinas se encerraron en el Ayuntamiento de la localidad para evitar la privatización.
Ahora vuelve a afirmar de todas las movilizaciones que están teniendo lugar en el municipio que son “un movimiento ciudadano plural, participativo y asambleario, que se manifiesta pacíficamente para reclamar un referéndum sobre la privatización del agua”, y pregunta al Gobierno si tiene previsto adoptar medidas para evitar el expolio de recursos públicos en beneficio de empresas privadas, máxime si son de primerísima necesidad como el agua.
