La diputada de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Igualdad del Congreso, Ascensión de la Heras, ha pedido explicaciones al Gobierno del PP para conocer “en cuántos lugares del Estado español se está viendo amenazado el funcionamiento y la continuidad de los centros de mujeres”.
La iniciativa parlamentaria de De las Heras, que hace coincidir con la celebración esta semana del 8 de Marzo, tiene su origen en las «extrañas y penosas circunstancias» en las que se ha visto envuelto el Centro de la Mujer de Ciudad Real. «A finales del mes de febrero el equipo de gobierno municipal votó a favor del cierre de este centro debido a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que dejaba patente la incompetencia de la Diputación (PSOE) y del Ayuntamiento (PP), anulando el convenio por el que el Consistorio de esta capital se hacía cargo del centro que durante 26 años gestionó la Diputación», señala la formación.
La diputada de IU se interesa también en su pregunta por escrito dirigida al Ejecutivo por la valoración que le merece que, debido a “situaciones administrativas y a un malogrado reparto de competencias (…) se dejen de proporcionar servicios esenciales como los que se prestan a mujeres que han sufrido malos tratos”.
Del mismo modo, solicita más información sobre si tiene “conocimiento el Gobierno de otros casos en los que se esté poniendo en peligro la imprescindible labor que llevan a cabo los centros de mujeres”.
La portavoz de IU en la Comisión de Igualdad del Congreso se interesa también por las “medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que puedan repetirse casos de administraciones que, por distintas razones, se desvinculan del cumplimiento de sus competencias y funciones en materias tan sensibles como las que afectan a mujeres que sufren malos tratos”.
Ascensión de las Heras recuerda en el último apartado de su iniciativa que “con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, son las diputaciones o las CC.AA. las administraciones obligadas a prestar estos servicios. ¿Cómo va a garantizarlos el Gobierno cuando se produzcan este tipo de desencuentros o disfunciones?”.
Texto íntegro de la iniciativa:
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
En el pleno celebrado a finales del mes de febrero en el Ayuntamiento de Ciudad Real el equipo del gobierno municipal votó a favor del cierre del Centro de la Mujer que presta servicio, además de a la capital, a Carrión de Calatrava, Villar del Pozo, Poblete y por donde el año pasado se atendió a más de 2.600 mujeres.
Esta situación tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha que, debido a la forma en que el Ayuntamiento de Ciudad Real -en virtud de un Convenio de marzo de 2012 con la Diputación Provincial sobre el Centro de la Mujer-, asumió al personal, por subrogación y no por concurso público, viene ahora a anular el convenio y, por ello, obliga a devolver las competencias a la Diputación provincial. Así, por ejemplo, se procederá a la devolución de todos los expedientes de mujeres atendidas y de los servicios prestados en el Centro a la Diputación, incluidos todos aquellos pertenecientes a víctimas de violencia de Género.
Desde Izquierda Unida, tanto la responsable del área de Mujer de Ciudad Real, Prado Galán, como la concejala en el Consistorio Municipal, Carmen Soánez, consideran que ambas administraciones deben dejar de utilizar el centro “políticamente” y plantear una solución que permita la continuidad de este servicio, así como a asumir las responsabilidades que les toca. “Exigimos que se pongan a trabajar Diputación y Ayuntamiento, que se dejen de si esta competencia es tuya o es mía y, cumpliendo la legislación vigente, que asuman un servicio esencial como es el Centro de la Mujer”, ha señalado Prado Galán.
Para el área de Mujer de IU es fundamental que “garanticen dicho servicio y que atiendan a la población; porque es su obligación”. Asimismo, Prado Galán recordaba que “la Diputación no tiene competencias en algunas otras materias y sin embargo está abordando situaciones que podrían ser asumidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. En este sentido, ha manifestado, el Consistorio tiene que “liderar” una posición en defensa de un servicio que es “fundamental” para los ciudadanos.
Consideramos que, tanto Ayuntamiento como Diputación y el Gobierno de Castilla-La Mancha, están condenadas a entenderse y a alcanzar un acuerdo que permita seguir prestando este servicio de manera regularizada.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
– ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que, debido a situaciones administrativas como las descritas se dejen de asumir competencias y, por ello, se dejen de proporcionar servicios esenciales como los que se prestan a mujeres que han sufrido malos tratos?
– ¿Tiene conocimiento el Gobierno de otros casos en los que se esté poniendo en peligro la imprescindible labor que llevan a cabo los centros de mujeres?
– ¿En qué otros lugares del Estado español se están viendo amenazados el funcionamiento y la continuidad de los centros de mujeres?
– ¿De qué manera el Gobierno va a garantizar el servicio del funcionamiento de los centros de mujeres si finalmente la Comunidad Autónoma, que es quien tiene las competencias, no se responsabilizan de los centros?
– ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que puedan repetirse casos de administraciones que, por distintas razones, se desvinculan del cumplimiento de sus competencias y funciones en materias tan sensibles como las que afectan a mujeres que sufren malos tratos?
– Con la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, son las diputaciones o las CC.AA las administraciones obligadas a prestar estos servicios, ¿cómo va a garantizarlos el Gobierno cuando se produzcan este tipo de desencuentros o disfunciones?
