Los trabajadores el Registro Civil de Ciudad Real ha vuelto a concentrarse esta mañana en las puertas de los Juzgados de Ciudad Real, como llevan haciendo desde hace varias semanas para dejar patente su oposición a la privatización de este servicio que el Gobierno tiene intención de llevar a cabo.
Los trabajadores afectados, que podrían ser cerca de 3.500 en todo el país, y alrededor de 70 en la provincia de Ciudad Real, consideran es un atentado contra los derechos de los ciudadanos y de los funcionarios destinados en estos centros de trabajo, hasta ahora dependientes de los Órganos Judiciales.
«Ahora mismo, los registros civiles están servidos por funcionarios, con lo cual está asegurada las discrecionalidad y todo lo que conlleva un registro oficial», aseguraba Carmen Romero, de STAS.
Los trabajadores del Registro Civil advertían que una nota simple pasará a costar, como mínimo, tres euros y que las certificaciones serán bastante más caras, cuando ahora es un servicio gratuito para el ciudadano.
José García Muñoz, de CSI•F, comentaba que algunos funcionarios se verán afectados directamente, como son los que están en el Registro Civil y otros indirectamente, como los trabajadores de los juzgados de paz, que también asumen funciones propias del registro civil. Respecto al futuro de los trabajadores, «entendemos -decía- que los funcionarios de carrera titulares de la plaza tendrían opción a seguir de alguna forma, pero lo que está claro es que los interinos irían todos a la calle».
Desde CSI•F denuncian que han presentado en tres ocasiones una oferta de diálogo y negociación constructiva, sobre la base de una propuesta que mantiene al Registro Civil como servicio público de gestión pública, a la que hasta ahora ha recibido «la callada por respuesta».
Este sindicato se está dirigiendo a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes, trasladando cual es su proyecto, y los motivos de su rechazo la privatización del Registro Civil y está manteniendo reuniones bilaterales con los grupos parlamentarios explicando el motivo de este rechazo.
Esta misma semana se han remitiendo misivas a los alcaldes, haciéndoles llegar «la necesidad de que se posicionen contra la privatización que perjudica claramente los intereses de sus conciudadanos, tanto económica, como de cercanía al servicio».
